La
historia del conflicto entre los mega-proyectos multinacionales y los
pueblos Indígenas en Guatemala ya se conoce bien. Se ha vuelto tan
frecuente que la mayoría de medios de comunicación parecen tener un
artículo de archivo que simplemente re-publican cada vez que surge un
nuevo conflicto y usualmente se refiere a un grupo pequeño de
agitadores que impedían el progreso, hostigaban la población, operaba
fuera de la ley, etc., etc.
Estos conflictos parecen seguir un
estandarte prefabricado; un guión ensayado una y otra vez y que resulta
del patrón que nace del matrimonio de la demanda mundial de una
civilización de consumo, la avaricia de corporaciones multinacionales
que obedecen la mantra económica de rentabilidad a todo costo y de un
Estado racista, corrupto, y oligarca.
Ya conocemos los
caracteres de esta novela: un pueblo indígena arraigada a un territorio
ancestral rico en recursos naturales; una empresa minera,
hidroeléctrica, agro-industrial, petrolera, etc. que codicia esos
recursos; y un Estado que reclama estos recursos como bienes de dominio
público que traerán el desarrollo a la nación y riqueza a sus propias
arcas.
También conocemos la trama de la historia. La empresa
llega con engaños y promesas ilusorias, el Estado interviene a favor de
la empresa, después la militarización, las órdenes de captura contra
líderes comunitarios, y tal vez hasta algunos muertos. Al final, la
empresa queda con la suya: contratos de 50 años asegurando su bendita
rentabilidad a cambio de unos cuantos regalías a la comunidad local
(una escuela pintada con el logo de la empresa es lo más común) y unos
acuerdos dudosos con el Estado que permitirá algún funcionario público
comprar su quinta casa de lujo en la playa.
Así se
desenvuelve esas historias en Guatemala. Lamentablemente, casi nunca se
escucha sus verdaderos desenlaces: los pueblos mayas humillados,
pisoteados, viviendo entre las desastres ambientales que dejan estos
proyectos, su dignidad como sujetos de derecho enterrada debajo de los
mitos del progreso y desarrollo, las tan anheladas márgenes de
ganancia, y un colonialismo violento que se extiende hasta el presente.
La historia ya está escrita y se repite una y otra vez. El
autor invisible que asegura la inmutabilidad del guión es el mismo
sistema político de Guatemala—históricamente oligarca y actualmente
obedientemente subordinado a las reglas de juego impuesto por la
economía globalizada. Pero de vez en cuando, por accidente o por la
acumulación de tanta energía derramada en la lucha tenaz e incansable
de los caracteres olvidados de la historia, se crea una pequeña fisura
en estas historias escritas en piedra. Estas fisuras cambian el texto y
la trayectoria de la historia así permitiendo que se vislumbre otro
tipo de conclusión.
En el caso del pueblo Ixil de Cotzal, la
fisura se abrió dentro de las paredes de mármol del tribunal más alto
del país—la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta corte históricamente
cumplía su rol de justificadora judicial del estatus quo político,
económico y social de Guatemala. Hace apenas un año, cumplió con este
rol al negar el genocidio cometido por el ejército en contra de la
población Ixil.
Su metodología de voto mayoritario (de una
magistratura de 5 o 7 jueces) aseguraba que la justicia seguía
fielmente los mandatos de una oligarquía que consolidaba su control
sobre la designación de la mayoría de los magistrados de la CC. De esta
forma se permitía la concesión de nombrar uno o dos magistrados
“izquierdistas” para ejercer en las cortes más altas del país así
manteniendo la pantalla de una democracia abierta mientras aseguraba
que su influencia no pasaba de escribir sus opiniones disidentes a las
decisiones judiciales decididas por los magistrados casados con la
oligarquía y el Estado.
Por alguna razón, una fisura se abrió
en este sistema en el caso del pueblo Ixil de Cotzal. Hace 3 años, las
autoridades ancestrales de Cotzal impusieron un amparo en la CC
alegando la violación de su derecho a ser consultado por parte del
Estado y la empresa TERSA, empresa distribuidora de energía producida
por la hidroeléctrica Palo Viejo de la multinacional ENEL. Alejandro
Maldonado, el actual vice-presidente elegido por el CACIF, dio vuelta a
la cuidadosamente construida estructura de poder dentro de la CC y votó
a favor del pueblo de Cotzal junto con los magistrados Gloria Porres y
Mauro Chacón. Por primera vez, el Estado de Guatemala reconoció el
derecho de los pueblos indígenas a ser consultado sobre los
mega-proyectos en su territorio ancestral.
Tal vez Maldonado
simplemente se confundió su voto. Tal vez tuvo un mal día y no leyó el
caso. Tal vez su voto resultaba de alguna oscura lucha de poderes
dentro de la CC. Tal vez algo del argumento del pueblo de Cotzal le
tocó su razón o su corazón. Lo que sea la razón, votó a favor de la
comunidad Ixil de Cotzal y desde la CC, la máxima autoridad judicial en
el país, salió un fallo histórico que reconoció el derecho de la
consulta de los pueblos indígenas de Guatemala.
Este fallo
además dio razón a la legitimidad de las autoridades ancestrales
indígenas cuya autoridad había sido burlada y rechazada por empresas
multinacionales y el mismo Estado guatemalteco. Además, accedió que la
relación indígena con la tierra sobrepase conceptos de simple propiedad
privada para incluir conceptos de colectividad territorial que nace de
cosmovisiones y paradigmas muy distintos a lo occidental.
El
fallo rechazó la afirmación del Estado que “consulta” era sinónimo de
divulgación de información al rechazar la posición del Estado que la
publicación de la licencia de un mega-proyecto en un diario nacional se
constituía un proceso de consulta. El documento del fallo de la CC
constituye así un verdadero tesoro en materia de derechos de los
pueblos indígenas; un documento sin precedentes que tiene la capacidad
de sentar precedentes importantes para la defensa de los derechos de
los pueblos indígenas en Guatemala.
Si el fallo representa
una decisión tan importante e histórica, ¿por qué casi nadie se ha
escuchado de ello? ¿Por qué ha recibido cero atención mediática?
Obviamente no conviene al Estado ni a la oligarquía que este fallo sale
a luz nacional. También, el hecho de que el fallo de la CC coincidió en
tiempo con las revelaciones de corrupción del CICIG y al subsecuente
terremoto social y político ocultó la importancia del fallo.
Pero también el hermetismo e invisibilidad relacionada con el fallo
resulta de la completa incompetencia de las instituciones del Estado.
Dentro del fallo, los magistrados de la CC proponen un camino o proceso
para realizar el proceso de consulta. La propuesta del proceso de
consulta es necesaria, argumenta la CC, porque en 20 años el gobierno
de Guatemala se ha mostrado su incapacidad y renuencia de reglamentar e
implementar el derecho de consulta de los pueblos indígenas.
Partiendo de las recomendaciones de James Anaya, ex relator de los
pueblos indígenas de la ONU, la CC recomienda que deba haber primero un
proceso de pre-consulta con diversos sectores de la sociedad para crear
las reglas de juego de la consulta. La consulta en sí, según la CC,
involucrará solo 3 actores, el Ministro de Energía y Minas, la empresa
TERSA, y la comunidad indígena de Cotzal (no la Municipalidad).
El objetivo de este proceso de consulta, según el fallo de la CC, es “la
disolución de factores de polarización y a propiciar el acercamiento de
perspectivas y posturas que desemboque en la cristalización de acuerdos
satisfactorias para todos los interesados.” Se exhorta que el proceso de consulta se realice en un periodo no mayor a 6 meses.
Aquí es donde se queda al descubierto la incompetencia del Estado de
Guatemala. La CC nombra el Gabinete de Pueblos Indígenas como la
entidad gubernamental para preparar y llevar a cabo la consulta. Exige
al Ministros de Energía y Minas y de Ambiente (MEM y MARN) que manden
toda documentación relacionada con el proyecto de TERSA en Cotzal al
Gabinete de Pueblos Indígenas para que se informe sobre el caso y
posteriormente convoquen las partes interesadas a la pre-consulta.
Todo eso ocurrió hace 3 meses. En el transcurso de estos 3 meses, no se
ha escuchado absolutamente nada del Gabinete de Pueblos Indígenas ni de
ninguna otra entidad del gobierno. La estrategia de silencio del
gobierno parece intentar relegar este fallo histórico a quedarse como
un documento bonito e interesante, pero nada más. La falta de diente
que exige que se cumpla con la decisión de la más alta corte del país
demuestra la disfuncionalidad del Estado de Guatemala.
Entonces quedamos con la pregunta: ¿Qué hacer con este documento
histórico, importante y sin precedente? Una opción sería de ponerlo en
un cuadro sobre la pared como un símbolo y un recuerdo de aquella vez
cuando el Estado de Guatemala finalmente respetó los derechos de los
pueblos indígenas—en palabra si no en acción.
La otra opción,
y la más urgente y necesaria, es que los pueblos indígenas, como
siempre, toman el protagonismo en la defensa de su dignidad y de sus
derechos. Si se espera que el Estado accione sobre la resolución de la
CC, se quedará esperando la justicia otros 500 años y la fisura que se
abrió con este fallo rápidamente se volverá a cerrar como un hueso
fracturado que se vuelve a osificar.
Hay que aprovechar de
estas pequeñas fisuras que exponen la vulnerabilidad del sistema
Estado-oligarquía. Especialmente ahora en medio de la tumultuosa crisis
política provocada por “La Línea” y el IGSS y tantos otros actos de
corrupción, los pueblos indígenas tienen que aprovechar la coyuntura
para reivindicar justicia por los casos de corrupción, discriminación,
despojo y violencia sistémico que les afectan desde hace 5 siglos.
El fallo de la CC que reconoce y defiende el derecho del pueblo Ixil a
la consulta es, entre otras cosas, una oportunidad para lograr la tan
anhelada unión de ciudad y campo, ladino e indígena. Las
manifestaciones que están barriendo todo el país deben ir más allá del
descontento ladino y capitalino con un sistema político corrupto. Es
una oportunidad para que la gente de la ciudad se una a las luchas
históricas y centenarias de los pueblos indígenas. La fisura que
representa el fallo de la CC debe ser una plataforma para seguir
exigiendo la creación de un Estado que verdaderamente reconoce, respeta
y defiende los derechos de los pueblos indígenas.
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