Un estudio describe cómo algunos doctores decidían si los presos eran
“aptos” para ser torturados, e incluso torturaban ellos mismos.
Médicos, psicólogos y abogados a sueldo de la CIA se aliaron para
cubrirse las espaldas mutuamente en la docena de centros secretos en los
que se torturaba a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del
11 de septiembre de 2001. Los doctores decidían si los presos eran
“aptos” para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no
llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso
torturaban ellos mismos, según recuerda un artículo en una de las
principales revistas médicas de EE.UU., The New England Journal of
Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.
La publicación médica recupera datos del informe del Senado de EE.UU.
que en diciembre desveló las torturas de la CIA durante la presidencia
de George W. Bush. Dos psicólogos fichados por la agencia de
inteligencia, James Mitchell y Bruce Jessen, diseñaron un programa
basado en la “indefensión aprendida” para hacer hablar a los
sospechosos. Las prácticas incluían la desnudez forzada, la privación de
sueño con los detenidos de pie hasta 180 horas, golpes en la cara y en
el abdomen, el waterboarding (asfixiar al preso con agua) y el walling
(golpear a la persona contra un muro). El Departamento de Justicia
aprobó estos métodos siempre que hubiera un médico presente.
Una de las técnicas de tortura más brutales era la llamada
“alimentación rectal” por prescripción médica, aplicada entre otros al
preso paquistaní Majid Khan, en huelga de hambre. Según detalló el
informe del Senado, sus torturadores introdujeron por el recto de Khan
una papilla de pasta con tomate, hummus, nueces y pasas, más el
contenido de dos botellas de bebida energética de la marca Ensure.
Los autores denuncian prácticas como la alimentación forzada por el recto, un ‘asalto sexual’ disfrazado de medicina
“No es posible alimentar a una persona a través de la mucosa del
recto”, recalcan en la revista médica los autores del texto, los
doctores George J. Annas y Sondra S. Crosby, que definen la práctica
como ‘asalto sexual’. Annas es profesor de Bioética en la Universidad de
Boston y Crosby dirigió los servicios médicos del Centro para la Salud y
los Derechos Humanos de los Refugiados, en la misma ciudad, donde
atendió a más de 300 supervivientes de torturas.
Los dos expertos hacen un llamamiento en The New England Journal of
Medicine para que los médicos estadounidenses no vuelvan a participar en
torturas. El presidente Barack Obama prohibió oficialmente estas
prácticas cuando llegó a la Casa Blanca en 2009. Sin embargo, denuncia
Annas, las torturas continúan, pese a estar prohibidas por el Convenio
de Ginebra, haya médicos presentes o no.
“Aunque el informe del Senado habla solo de las instalaciones
secretas de la CIA, la CIA y el Departamento de Defensa trabajan en
estrecha colaboración, por lo que sus prácticas tienden a influirse unas
a otras, por ejemplo en las misiones conjuntas de la CIA y los Navy
Seals [la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de
EE.UU.]”, explica Annas a Materia.
“El mejor ejemplo de conductas actuales al margen de la ética en el
Ejército de EE.UU. quizá sean las extracciones a la fuerza de sus celdas
de presos en huelga de hambre en Guantánamo, para proceder a su
alimentación forzada”, sostiene Annas. Tanto la Asociación Médica
Mundial como la Asociación Médica de EE UU prohíben esta práctica. En
2013, un informe del Instituto de Medicina como Profesión y la Fundación
Open Society denunció el mismo escándalo.
Annas recuerda el reciente caso de una enfermera de la Armada que,
esgrimiendo los principios éticos de su profesión, se negó a alimentar a
la fuerza a presos en huelga de hambre en Guantánamo. La enfermera fue
castigada por sus superiores. “El Ejército de EE.UU. debe adoptar como
política, y hacer que se cumpla en la realidad, la doctrina de que el
primer deber del médico militar es su paciente, incluso en una prisión”,
concluye el profesor de la Universidad de Boston.
Su artículo llega apenas un mes después de que un informe denunciara
la presunta colaboración secreta entre el Gobierno de Bush y la
Asociación de Psicología de EE.UU. para justificar las torturas a
prisioneros tras el 11-S. El documento, firmado por reputados
psicólogos, mostraba mensajes de correo electrónico filtrados como
prueba. La asociación negó las acusaciones.
EP
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