Punto Final
Hubo
recuento de realizaciones y anuncios, que es lo propio en el discurso
de la cuenta pública a la nación. Pero este 21 de mayo había un
contexto que exigía otros énfasis, un nuevo guión, un cambio de rumbo
de la presidenta que apuntara hacia las posibles salidas de este oscuro
escenario. Por el contrario, incluso desde sectores de la Nueva Mayoría
(NM), la percepción fue de una pieza discursiva en extremo plana, una
alocución armada sobre una enumeración de actividades sin claros
realces ni prioridades, una reiteración de lo anunciado hace un año. De
todo ello, las mayores falencias estuvieron en la persistencia de
ambigüedades en torno al mecanismo para el “proceso constituyente”
comunicado en una cadena nacional de comienzos de mes y de la mínima
mención a la crisis política y a sus eventuales soluciones.
Como
si nada, Bachelet habló de la gratuidad parcial para la educación
superior y de anuncios también incompletos en materias tan sensibles
como la salud y pensiones. Si bien destacó la aprobación en la víspera
de la llamada Ley Ricarte Soto, que financiará enfermedades escasas,
crónicas y muy costosas, no hubo menciones importantes sobre reformas
profundas al sistema público y apenas una línea sobre cambios en el
sistema privado de Isapres. En cuanto a pensiones, fue destacado el
anuncio del fin del pago de cinco por ciento para salud por los
jubilados, aun cuando no dijo nada sobre cambios estructurales al
sistema de AFPs.
La falta de respuestas a las demandas de las
organizaciones sociales estaba expresada en la calle. Miles de
carabineros dispuestos alrededor del Congreso en Valparaíso desataron
una violenta represión sobre los manifestantes, que terminó con más de
un centenar de detenidos y veinte personas heridas, cuatro de ellas
graves: el estudiante Rodrigo Avilés, golpeado por un chorro de agua a
presión, quedó con un TEC en extrema gravedad. Observadores escribían
en las redes sociales que acciones represivas tan virulentas sólo
podían compararse con las de la dictadura.
ESQUIVANDO LOS
DERECHOS HUMANOS
Tal vez como coincidencia, tras el discurso y de manera casi simultánea
con la represión al exterior del Congreso, Lorena Fries, directora del
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lamentaba en una
declaración las débiles referencias de Bachelet a los derechos humanos.
“Chile tiene aún una institucionalidad débil y eso impacta en todos los
derechos de quienes habitamos en este país. Ley antiterrorista,
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, fortalecimiento del
INDH son deudas que esperamos sean abordadas en este año de gobierno,
aunque no hayan estado incluidas en el discurso de la presidenta”, dijo
Fries.
Estas palabras también confirmaban otra realidad. La
directora del INDH hacía estas declaraciones en medio de una represión
policial sin precedentes en los últimos años. Es más, Fries ha sido
acusada por el duopolio y parlamentarios de derecha por haber criticado
en un texto informativo la represión policial contra los estudiantes,
situación que en Valparaíso no sólo se estaba constatando, sino
reproduciendo y amplificando.
Del escenario político, en el
cual la corrupción involucra a todo el sistema, por cierto a su propio
partido, apenas una referencia rápida y muy matizada al inicio de las
palabras de la presidenta. “Hoy existe consenso sobre la necesidad
urgente de impedir el tráfico de influencias, los conflictos de
intereses y la corrupción en la política y en los negocios. Necesitamos
restaurar la confianza en que se basa nuestra convivencia”, indicó,
para agregar que “para Chile ha sido un año complejo e intenso. Sé que
esto ha provocado razonables incertidumbres. Pero debemos mirar con
perspectiva y sentido histórico lo vivido, para entender la gran
oportunidad que tenemos como país”, dijo, para matizar de inmediato y
sin más explicaciones, que “Chile está viviendo uno de los procesos
transformadores más importantes de su historia” porque “lo que tenemos
ante nosotros es la oportunidad de construir entre todos un mejor
país”. Desde aquel momento y durante las casi dos horas siguientes,
solo una enumeración de las livianas y tardías medidas que apuntan a
resolver el mayor problema que aqueja la política chilena desde la
dictadura.
Así es como habló de la ley que regula el lobby
; el envío del proyecto de ley que regula el financiamiento de las
campañas y de los partidos; el proyecto de reforma constitucional que
dará autonomía al Servicio Electoral (Servel); el fortalecimiento del
Sistema de Alta Dirección Pública y el envío del proyecto de ley que
fortalece la Superintendencia de Valores y Seguros y el anuncio de la
creación del Defensor Ciudadano. Una lista de buenos deseos que no
logra parar el torrente de informaciones sobre corrupción que día a día
compromete al entorno de la presidenta. Aquel mismo día aparecía una
nueva publicación con un listado de 26 personas que recibieron fondos
de la empresa AyN del operador político de la Nueva Mayoría Giorgio
Martelli, mediante boletas ideológicamente falsas por un monto de 327
millones de pesos. De ese total, al menos 21 personas trabajaron en la
campaña electoral de Michelle Bachelet y posteriormente pasaron a
ocupar cargos de gobierno.
DEL “PROCESO CONSTITUYENTE”
AL “ACUERDO POLITICO AMPLIO”
El anuncio más esperado y relevante había sido adelantado hace unas
semanas. Pero quedó en lo mismo. Hubo falsas expectativas entre ciertos
sectores políticos y dirigentes de organizaciones sociales sobre alguna
referencia más precisa del mecanismo para avanzar en la elaboración de
una nueva Constitución. Se especuló el martes por la tarde sobre un
posible llamado a plebiscito, mecanismo demandado por una numerosa
bancada de la Cámara de Diputados y organizaciones civiles. Pero el 21
de mayo, apenas un par de líneas.
“Anuncié que en septiembre
iniciaremos un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, porque la
legitimidad de la nueva Constitución es tan importante como sus
contenidos. La Constitución es para todos y por eso todos deben
participar en su diseño y aprobación. Por eso llevaremos a cabo un
proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una
participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional
legítimo y confiable. Y ello debe ocurrir en el contexto de un acuerdo
político amplio, transparente y de cara al país que sostenga este
proceso”. Al concepto ya ambiguo del proceso constituyente, Bachelet
agregó la idea de acuerdo político amplio, expresión que dejó
insatisfechas las expectativas de las organizaciones sociales y
políticas que escuchaban atentas alguna posible mención al plebiscito.
Incluso la diputada comunista Camila Vallejo dijo que esperaba escuchar
el llamado a un plebiscito.
La postergación en su decisión no
sólo inquieta a las organizaciones sociales, sino también tiene
incómodos a la derecha y los empresarios. El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, comentaba a un diario del
duopolio que “al no tener claridad en esos aspectos uno no se puede
pronunciar si está a favor o no de los cambios y eso genera
incertidumbres…”.
Bachelet insistió durante varios pasajes de
su discurso en las reformas, las cuales, tal como ya han dicho sus
nuevos ministros, serán fruto de acuerdos no necesariamente con la
ciudadanía, sino con otros sectores políticos y, por cierto, con
representantes del poder económico. Tal vez a ellos se dirigía la
siguiente frase: “Tenemos la convicción ética y el fundamento técnico
de que nuestras reformas son buenas para una economía que quiere estar
a la altura de sus oportunidades de desarrollo, y de las exigencias
sociales de la equidad. Chile ha avanzado porque hemos hecho las cosas
bien”.
La extrema precaución de sus palabras, los matices y
la insoportable ambigüedad le generó críticas por todos lados. Por
cierto de las organizaciones sociales, gaseadas y mojadas en la calle,
pero también desde las mismas cúpulas empresariales. Estos sectores,
que días antes habían festejado el cambio de ministros, en especial por
el nombramiento en Hacienda del tecnócrata Rodrigo Valdés, si bien
expresaron su satisfacción por la reiteración del llamado al diálogo
contenido en el discurso, no ocultaron su molestia por la falta de
medidas concretas para la reactivación de la economía, aletargada desde
inicios del año pasado. Fueron reacciones adversas, tal vez hasta
injustas, pese a que la presidenta anunciaba que la expansión del gasto
el 2015 será de un 9,8 por ciento con un fuerte énfasis en la inversión
pública.
GRATUIDAD PARCIAL
EN EDUCACION SUPERIOR
En educación, había fundadas expectativas respecto a la gratuidad en la
educación superior. Así es como en esta área anunció que durante el año
enviará el proyecto que creará los Servicios Locales de Educación,
marcando el retorno de escuelas y liceos públicos a la administración
del Estado, en tanto en el segundo semestre presentará una ley que
abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la
educación superior, para que a partir del 2016 el 60 por ciento más
vulnerable de los estudiantes que asistan a Centros de Formación
Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a
universidades del Consejo de Rectores, lo haga de manera gratuita, sin
beca ni crédito. “Esto beneficiará a casi 240 mil jóvenes. Con esto
avanzaremos en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70
por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi
periodo”.
El mensaje no fue bien recibido en las
organizaciones estudiantiles. Valentina Saavedra, presidenta de la
Fech, dijo que la Confech se reuniría “para discutir nuevas
movilizaciones por la educación pública y el millón de estudiantes que
queda fuera del sistema de gratuidad tras los anuncios de Bachelet”.
El año pasado se conformó una comisión asesora para estudiar el
problema de las bajas pensiones que administran las AFPs. Pero no hubo
un anuncio sobre esta materia. Como compensación, aun cuando
insuficiente, Bachelet dijo que para los pensionados mayores de 65
años, que actualmente pagan cinco por ciento en su cotización de salud,
se eliminará totalmente la obligación de cotizar. Un paliativo que no
altera en nada el problema de las pensiones.
No son pocos los
analistas que observan riesgos en esta manera errática y ambigua de
gobernar. Un estilo vacilante que le está generando opositores, tanto
en el mundo social como en la derecha y sus representados y que quedó
bien expresado al haber evitado referirse a los problemas de fondo de
La Araucanía. Tanto las comunidades como los gremios empresariales
elevaron sus críticas a esta forma de soslayar los conflictos. Tanto,
que el periodista Pedro Cayuqueo calificó este silencio como “una
negligencia criminal”.
Ambigüedad, expresada desde el
mecanismo para elaborar una nueva Constitución como respecto a las
mismas reformas, ahora consensuadas y negociadas con la misma
plataforma política perseguida por flagrante corrupción. Bachelet optó
por lo que llaman pragmatismo, tecnocracia, por la continuidad y la
administración de lo dado. Un estilo inútil para los actuales momentos
que demandan de decisiones y acción política.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 829, 29 de mayo, 2015
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