El terremoto del 7 de julio de 2014, especialmente sensible y dañino en San Marcos y Occidente de Guatemala, es reflejo del ocurrido el 7 de noviembre de 2012. Refleja la vulnerabilidad ambiental. Evidencia la desprotección social y política.
Andrés Cabanas
desinformemonos.org
Los derechos están de vuelta
Guatemala.
El gobierno de Guatemala es, por momentos, caricatura de sí mismo:
reconoce la libertad de expresión a los periodistas y la restringe a
los ciudadanos (acusaciones a Daniel Pascual). Pero no cesa el ataque
contra los primeros, por sobrepasar límites de la libertad de expresión (persecución a José Rubén Zamora y Francisca Grijalva[i]).
Argumenta
hechos inexistentes (acciones de resistencia dirigidas por
extranjeros). Acusa de forma reiterada y peligrosa a comunidades,
organizaciones y líderes (persiguiéndolos penalmente). Atribuye
injerencia y acciones violentas a los estandartes de la neutralidad
(Proyecto Brigadas de Paz, PBI).
Si
rectifica, lo hace parcialmente, más por el grave error político
cometido que por convicción, y en la rectificación está explícita, de
nuevo, la falsedad: según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para Derechos Humanos en Guatemala, las autoridades
guatemaltecas “reiteranel reconocimiento a la importante labor que
realizan en el país las personas, grupos y organizaciones nacionales e
internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la
contribución que hacen al fortalecimiento de la democracia y el Estado
de Derecho”(comunicado 10 de julio).Lo reiterativo, no obstante, es la
deslegitimación y acusaciones a organizaciones, y la restricción de
derechos.
La marcha atrás en la
expulsión de dos voluntarios de PBI es una excelente noticia para la
democracia y el ejercicio de derechos, pero no implica, por sí misma,
el fin de la persecución política (sobre la que se funda el proyecto de
dominación). Es significativo que ningún funcionario responda por la
catarata de acusaciones a organizaciones: el Presidente de la
República, connotado criminalizador de las resistencias (por ejemplo,
en Santa Cruz Barillas y San José del Golfo) ofrece el silencio como
respuesta.
La disyuntiva no está resuelta: dictadura militar pro empresarial o democracia de los pueblos.
De temblores y mentiras
El
terremoto del 7 de julio de 2014, especialmente sensible y dañino en
San Marcos y Occidente de Guatemala, es reflejo del ocurrido el 7 de
noviembre de 2012. Refleja la vulnerabilidad ambiental. Evidencia la
desprotección social y política: un Estado constituido a espaldas de o
contra la ciudadanía. Desnuda, de forma radical, la corrupción
institucionalizada: el reflejo regresa a su lugar y encuentra casas
(construidas después de noviembre de 2012) rajadas o destruidas, obras
sobrevaloradas, promesas incumplidas.
La
anécdota es la edificación de casas “tipo Baldetti”: el Fondo Nacional
para la Paz, FONAPAZ, denominó así uno de los modelos, nombre retirado
a solicitud de la Vicepresidencia. La realidad son los cientos de obras
mal hechas y los proyectos pendientes de ejecutar (denuncias de la
población), a pesar de que, el 24 de diciembre 2013, el Presidente Otto
Pérez Molina considera “culminada” la tarea:
“La
reconstrucción está terminada en San Marcos (…) estamos cumpliendo con
lo que prometimos queríamos que tuvieran una casa segura para estas
fechas, nuestro compromiso fue hecho realidad”. (Información oficial del Plan Nacional de Reconstrucción en San Marcos, Guatemala en la siguiente dirección: http://reliefweb.int/report/guatemala/culmina-plan-nacional-de-reconstrucci-n-en-san-marcos-)
La
realidad es la mentira institucionalizada y la burda justificación de
la incapacidad gubernamental. El viernes 9 de julio de 2014 el
Presidente de la República sostiene que solamente una casa de las casas
construidas pos terremoto está dañada, mientras El Periódico recuenta
más de 600.
Después del terremoto de
2012, el gobierno decreta el Estado de Calamidad; militariza la
reconstrucción, al otorgar al Ejército un papel protagónico en la
misma; establece para el efecto el Comité de Reconstrucción Nacional,
con lo cual institucionaliza mecanismos para una ejecución expedita, a
la vez que opaca, arbitraria y discrecional, distintivos de este
gobierno…
Hoy, se propone idéntica
medida ejecutada por los mismos actores y una lógica política común: la
reconstrucción, como la institucionalidad, orientada al negocio
(económico y político); un Estado que no atiende necesidades y
derechos, sino beneficios particulares; la sociedad militarizada; las
víctimas olvidadas; la realidad distorsionada, sin rubor, ante la
estupefacción y la parálisis de la sociedad…
Entonces, en San Pedro Sacatepéquez…
La bala que dispara la impunidad
La
empresa de seguridad, la farmacia que la contrata, y el guardia privado
que asesina a Patricia Samayoa el 4 de julio, no fueron regulados,
controlados ni fiscalizados por el Ministerio de Gobernación y
autoridades correspondientes.
Según
las primeras informaciones recabadas por familia de Patricia y
periodistas, la empresa había sido sancionada de forma reiterada, por
incumplir leyes y reglamentos; el empleado carecía de capacitación
técnica y en derechos humanos (obligatoria); más de 200 armas
registradas por la empresa están desaparecidas… todo ello, con el
conocimiento (y la indiferencia) del Ministerio de Gobernación.
En este caso, el Estado de Guatemala incumple sus obligaciones de control, establecidas en diferentes leyes:
- los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República indican que “el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, siendo deber del Estado, además, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
- la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, determina como atribución de los Ministros, “Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley” (artículo 27, numeral C).
- el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), en el numeral 32, indica que el Gobierno se compromete a “promover una ley que regulara el funcionamiento y los alcances de la empresas, con miras a supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar que las empresas y sus empleados se limitaran al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el control de la Policía Nacional Civil”-
- el Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, atribuye a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Ministerio de Defensa) la posibilidad de “Supervisar la tenencia y portación de armas de fuego, e instala la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Ministerio de Gobernación), con la misión de regular el adecuado registro, control y fiscalización de los servicios de seguridad privada, así como el desarrollo técnico y capacitación profesional de las personas y entidades que presten tales servicios, con seguridad, confianza, eficiencia y en armonía con el conjunto de la seguridad pública y la seguridad ciudadana”.
La bala
disparada a bocajarro contra Patricia Samayoa, sin mediar palabra ni
alarma ni motivo, en la tarde noche del jueves 4 de julio, lleva la
marca de la indiferencia institucional, o la complacencia de un Estado
que privatiza la seguridad (mercantilización) y promueve la violencia
como instrumento para el control social.
Fisuras del poder autoritario
El
proyecto político-empresarial de corte militar-autoritario controla
instituciones, impone leyes sin discusión, amaga con desconocer la
Constitución, considera los derechos como obstáculos al desarrollo y a
sus defensores como
oportunistas-demagogos-manipulados-ignorantes-criminales, condiciona la
cotidianidad (homogeneidad de pensamiento por ejemplo durante el
Mundial de fútbol) para intentar proyectarse como poder absoluto.
Las
resistencias comunitarias, pese a la persecución brutal; la
reivindicación de la vigencia de derechos y de la idea original de
democracia; el descontento creciente frente a la incapacidad y
corrupción gubernamental (expresado en San Pedro Sacatepéquez); el
retroceso en la aplicación de medidas penalizadoras para extranjeros;
la suspensión de once organizaciones políticas (por campaña electoral
anticipada); las contradicciones internas de actores del capital…
advierten fisuras (y temores) en la implantación de este modelo.
Se trata ahora de:
- aglutinar las diferentes indignaciones, que provienen no solo de sectores populares organizados, sino de propuestas de regeneración ética,
- identificar mínimos comunes,
- reivindicar de forma conjunta lo que nunca hemos tenido, y paradójicamente, estamos perdiendo: todos los derechos, en un marco –dice Boaventura de Sousa Santos- de construcción de democracia ampliada y sin fin.
El país está en disputa: democracia de los pueblos en vez de la vigente dictadura militar pro empresarial.
28 de julio 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario