Hace casi tres años, familias de Banavil, en el municipio de Tenejapa, en Chiapas, México, fueron expulsadas de sus tierras en virtud de amenazas, violencia y agresiones. Hasta hoy, esta población sigue pidiendo justicia, el cumplimiento de sus derechos humanos y garantías individuales contempladas en la Constitución Política mexicana, y sobre todo, la entrega del cuerpo del señor Alonso López Luna.
En carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Coello -firmada por Lorenzo López Girón y Miguel López Girón, representantes de los desplazados de Banavil– los hermanos denuncian que el 4 de diciembre de 2011, cuatro familias simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron agredidas por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que saquearon las casas y dejaron un rastro de violencia y terror.
El ataque dejó seis personas heridas, provocó dos detenciones ilegales, la muerte de Pedro Méndez López, la desaparición de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de las cuatro familias, castigadas por ser simpatizantes del zapatismo.
"Nos preguntamos ¿Dónde está el Estado de Derecho? Que supuestamente esta para impartir justicia, a los tres niveles de gobierno, para él, la justicia es dejar libre a los asesinos y encarcelar a los inocentes. Somos desplazados porque nos sacaron de nuestra tierra con balas, salimos para poder seguir viviendo, dejamos todas nuestras cosas, no tenemos tierra, no tenemos casa, (…) no hay salud, y no hay Justicia, hasta el momento hemos perdido todo lo que era nuestro”, denunciaron en un comunicado público los desplazados de Banavil.
Las familias desplazadas acusan a los gobiernos estadual y federal, al fiscal especializado en Justicia Indígena, Cristóbal Hernández López, y al juez propietario, Alonso Méndez Gúzman, de total inacción y complicidad con los agresores. Ante esto, exigen la entrega del cuerpo de Alonso López Luna; la ejecución de 10 órdenes de aprehensión pendientes; la investigación y castigo de los responsables directos de las agresiones; el retorno de todas las familias desplazadas de manera forzosa; la reparación integral de los daños por el saqueo de sus casas; y la cancelación de las órdenes de detención contra Pedro y Antonio López Girón.
De acuerdo con informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), actualmente las familias expulsadas de sus tierras (cinco mujeres, dos hombres, seis niñas y un niño) están viviendo en condiciones infrahumanas, insalubres, sin acceso al agua potable y atención médica. Siendo necesario iniciar, de inmediato, una negociación para que puedan volver a sus casas con la garantía de no repetición de los hechos.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Natasha Pitts
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