El
actual Gobierno de Ollanta Humala con los ministerios que conformar el
Poder Ejecutivo han alcanzado una situación de alarmante desconfianza.
A poco menos de dos años para el fin de su mandato, es probable y
necesario que exista en la ciudadanía una alerta constante hasta julio
del 2016, respecto a la potestad normativa que ejerce el gobierno a
través del “Ius Imperium” o el derecho del Estado a dar leyes,
reglamentos y otras normas que mejoren nuestra organización como nación
y se supone, generar bienestar en sus ciudadanos.
La evidente
crisis de gobernabilidad que entre muchos rasgos se ha estado
traduciendo en la falta de liderazgo presidencial, ha ido generando un
vacío que hoy ha sido ocupado por poderes facticos con una agenda
oculta. Esto lo podemos evidenciar ante los recientes intercambios de
correos entre el ex primer ministro René Cornejo y los ministros
Castilla y Mayorga (ratificados recientemente), donde se muestran
hechos concretos y plausibles de investigación para constatar al menos
una falta administrativa (como es la violación de Ley de Ética de la
Función Pública [1] ) cuyo hilo de la madeja, podría acarrear la imputación de delitos de corrupción.
En ese sentido, dichos indicios corroboran una presunción que hace mucho se estuvo comprobando: la captura del Estado [2]
por intereses empresariales que están influyendo en la formulación de
políticas (iniciativas de Alianzas Público-Privada o APP), planes,
programas, leyes (Ley 30230 llamada “paquetazo reactivador”),
reglamentos (propuesta de Reglamento para la protección ambiental en
actividades de Hidrocarburos) sin ningún transparencia y participación,
pasando por encima el interés general de la sociedad y presumiblemente
a cambio de favores que desconocemos y que muchos de ellos pueden ser
ilícitos graves.
Por otro lado, las recientes discusiones
sobre la existencia e importancia o no de los lobbies, no debería ser
el centro del debate. Sabemos desde mucho que existen grupos de interés
de los más diferentes matices que tratan de influir sobre la agenda del
país. Para definir su legalidad o ilegalidad existe incluso una Ley
28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración
pública, hay que hacer cumplir esa ley. Pero esta situación es mucho
más grave, estamos hablando de un grupo de tecnócratas, lo más altos
funcionarios, representantes de sectores económicos, sociales,
ambientales y culturales a los que se les encarga no solo la gestión de
su respectivo ministerio, sino una política de Estado y si esta
política no hace más que favorecer a intereses particulares, buscando
el beneficio de empresas transnacionales para la ejecución de
determinados proyectos extractivos, sin duda que estamos ante hechos
gravísimos.
Lo que deberíamos observar en esta situación, es
la reacción de los otros poderes del Estado, dentro de lo que nuestra
democracia defectuosa nos puede ofrecer, hemos podido presenciar como
el Congreso de la República ha mostrado dos veces su voto de
desconfianza al Gabinete Ana Jara, gabinete que al contrario ha
ratificado al Ministro Mayorga. Las reacciones por parte del Congreso
deberían ser más contundentes, también deberíamos esperar la reacción
de la Contraloría General de la República, conjuntamente con las
instituciones más fuertes del Estado e incluso los Gobiernos Regionales
honestos deberían lanzar su voz de protesta ante una agenda oculta que
es manejada por altos funcionarios. Si bien es cierto nuestra frágil
institucionalidad no permite reacciones que puedan ejercer un
equilibrio ante estas situaciones, son también los ciudadanos los
llamados a ejercer una presión al actual gobierno para sacudirse de
operadores políticos que ejercen función pública y han capturado la
agenda de Gobierno.
Vayamos a dos breves ejemplos
relacionados con esa captura del Estado. Remitámonos al correo entre el
Ministro Mayorga y Manual Pulgar -Vidal titular de Ambiente, donde
según el correo una empresa petrolera australiana (Karoom) es la
consultora encargada de la elaboración del Reglamento de la Ley de
Hidrocarburos [3] . No hay que
ser adivino para saber a quién favorecerá ese Reglamento y lo peor, que
se hará en perjuicio de derechos medio ambientales y con consecuencia
en los derechos humanos. Otro ejemplo que va mucho más allá, es el caso
del llamado “paquetazo reactivador” de la economía, Ley 30230, una
norma “cajón de sastre” o norma “ómnibus” donde se encuentran artículos
diversos casi al gusto del cliente inversor.
La Ley 30230
llamada en un primer momento “paquetazo ambiental” advertía una
flexibilización en los estándares ambientales y la reducción de las
capacidades fiscalizadoras de la institución encargada de ello. Las
críticas se centraron en eso y se debatía sobre la discrecionalidad en
la graduación de dichos estándares, sin advertir que en la misma ley a
partir del artículo 36 se cometía el más grande atentado contra la
seguridad jurídica de las tierras y territorios de todos los peruanos
que podría ser una “bomba de tiempo” para generar conflictos
ecoterritoriales de diverso orden [4] .
En dicha ley el actual gobierno bajo el argumento de promover las
inversiones implementará “procedimientos especiales”, que serán
ejecutados por el COFOPRI, para entregar derechos sobre la tierra a
favor de proyectos de inversión, como ampliación de la frontera
agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales,
agroindustriales, hidroeléctricos, nuevos ejes viales, etc. Y se harán
efectivos “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a
los predios” (artículo 37, inciso a), es decir que parece no importar o
al menos pasar a segundo orden los derechos territoriales adquiridos,
por comunidades, agricultores rurales, gobiernos locales y hasta
regionales que se interpongan ante proyectos de inversión privada y
pública es decir que dichos territorios le interese a determinada
empresa con tan ser declarado por el Gobierno como un proyecto de “gran
envergadura” a partir de allí, a solicitud del interesado (inversor) se
inicia un procedimiento especial de saneamiento; que no solo entregará
a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia
directa de sus proyectos, sino también sobre el área de influencia
indirecta, lo que significa que se afectará las zonas aledañas al
proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones.
La Ley 30230 trae más sorpresas y su peculiaridad radica en su técnica
jurídica por la que estuvo pasando desapercibida.
Los más vulnerados
serán los pueblos indígenas, ya sean comunidades campesinas y nativas,
son en sus territorios donde se superponen los intereses de proyectos
de inversión y además son sus territorios los que están desprotegidos,
ante la deuda histórica del Estado por no asegurar sus derechos
territoriales de títulos de propiedad, demarcación y georeferenciación.
La situación de alarma no es para menos, las leyes y
reglamentos parecen ser un instrumento para legalizar la injusticia y
los despojos, puesto que el Estado ha sido capturado por intereses de
grandes transnacionales, cuyos operadores políticos parecen ser
funcionarios del más alto nivel que utilizan los mecanismos jurídicos
para legalizar acciones que están cambiando y generando una nueva
arquitectura jurídica que confunde competencias y debilita las
instituciones del Estado. Mientras tanto contraviene la misma
Constitución Política, las normas internacionales e incluso compromete
el interés nacional, bajo la justificación de ser leyes que favorecerán
al crecimiento económico. Una forma de gobierno que da indicios claros
que colindan con un tipo corrupción sofisticada, donde ganan algunos
pocos a costa de la pauperización de los derechos básicos y humanos de
la mayoría de peruanos.
Notas:
[1] Veasé Ruiz, Juan Carlos http://www.justiciaviva.org.[3] Veasé Diario La República http://www.larepublica.pe/12-
[4] Veasé Pronunciamiento http://www.ibcperu.org/
Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor en el Instituto del Bien Común.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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