Adital
Acción Urgente para los
Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición
Forzada y el Comité Cerezo reunieron en un informe las violaciones de derechos
humanos cometidas en México desde junio de 2013 a mayo de 2014. Las
organizaciones sostienen que documentar los casos es una forma de ayudar a
construir una imagen política más completa de las estrategias de control
social, represión política y contrainsurgencia que el Estado utiliza en su afán
por imponer a la población mexicana una serie de reformas controvertidas.
El informe "La defensa de
los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad” destaca el
considerable aumento de las agresiones, detenciones y represión contra los
defensores de derechos humanos con la aprobación e implantación de reformas
estructurales.
Comprobado en números: en
los seis años de gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) hubo
999 detenciones arbitrarias y en sólo un año y siete meses de gobierno de
Enrique Peña Nieto ya hubo 669 detenciones de este tipo por motivos políticos
contra defensores de derechos humanos. Si esa tendencia de crecimiento continúa,
al final del actual gobierno se registrarán 1.700 detenciones. La región con el
mayor número de casos es el Distrito Federal (220), seguido por Oaxaca (59) y
Chihuahua (29).
Dando continuidad a las
cifras de la represión, el informe señala que las ejecuciones extrajudiciales
contra defensores y luchadores durante el gobierno de Calderón llegaron a 67,
mientras que en el actual gobierno ya se documentaron 25 casos. El mayor número
de casos ocurrió en Guerreo (siete), seguido por Oaxaca (cinco víctimas).
En lo relativo a los
casos de desapariciones forzadas, los números llegaron a 55 durante los seis años de Calderón y ya
alcanzaron 29 en el gobierno actual. En un contexto general, las organizaciones
evalúan que el estado más peligroso para los defensores y luchadores –sin
incluir las detenciones en el Distrito Federal- es Oaxaca, seguido por Chiapas
y después Guerrero.
Los casos de amenazas
individuales disminuyeron; sin embargo, el número de casos de asedio y
agresiones individuales y colectivas aumentó. De junio de 2013 a mayo de 2014, se
registraron 204 casos, que constituyen 274 eventos violatorios a los derechos
humanos (agresiones y ataques), afectando a 133 personas, 47 organizaciones y
24 comunidades. Las organizaciones mexicanas interpretan que estas tendencias
generales están vinculadas con la mayor impunidad en la actuación de las
fuerzas represivas del Estado.
"Consideramos que la
impunidad es uno de los elementos transversales y constantes en las violaciones
a los derechos humanos, además se convierte muchas veces en la causa
fundamental de las luchas iniciadas por las personas defensoras de los derechos
humanos y, desafortunadamente, parece ser también la finalidad y uno de los
objetivos de la implementación de los mecanismos de represión política”, se destaca
en el informe.
Al final del documento,
las organizaciones hacen recomendaciones generales y específicas relacionadas con
las violaciones de derechos humanos contra defensores/as. Entre ellas piden que
el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para que la seguridad pública
sea de responsabilidad civil y no de las fuerzas militares; adopte protocolos
especiales de investigación para los delitos cometidos contra defensores/as y
promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada, para la prevención,
sanción y erradicación de esa práctica criminal y violatoria.
Descargue aquí el informe.
Traducción: Daniel
Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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