Natasha Pitts
Adital
Miedo y represión han sido una constante en la vida del
pueblo maya Q´eqchi´, que reside en la microrregión de Balbatzul, municipio de
Cobán, Alta Verapaz (Guatemala). Esto porque, desde 2009, la empresa Hidro
Santa Rita, con apoyo del gobierno departamental, del alcalde municipal y de empresarios,
pretende instalar una hidroeléctrica sobre el río Dolores, único recurso
hídrico que abastece a más de 30 comunidades. Si por un lado las acciones de la
empresa avanzan, por el otro las comunidades afectadas también están actuando y
buscando en la justicia el derecho a defender su tierra. La respuesta ha sido una
escalada de criminalización.
El último 14 de agosto, la comunidad 9 de Febrero sufrió
un intento de desalojo. Antes de llegar a la comunidad, la Policía Nacional
Civil (PNC) se deparó, en la carretera, con una manifestación organizada por la
Comunidad Monte Olivo, que también se opone a la construcción de la
hidroeléctrica Santa Rita. Incluso siendo una acción pacífica, la PNC detuvo a cinco
manifestantes.
En la madrugada del día siguiente, 15 de agosto, la Policía
llegó a la comunidad 9 de Febrero, pero la población ya había dejado el lugar. Las
casas fueron demolidas y lo que quedó de ellas fue quemada. Desde junio de este
año, la cantidad de familias que viven en la comunidad ya venía disminuyendo en
virtud del constante asedio de empresarios vinculados a la hidroeléctrica y de
grupos armados ilegales. El mismo día, en el municipio de Raxruha, se produjo la
detención de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino y la ocupación
policial de la comunidad Monte Olivo.
El 16 de agosto, una comisión formada por integraciones
de organizaciones y movimientos indígenas y de campesinos fue a Monte Olivo y consiguió
la salida de la policía. Las familias retornaron de las montañas a sus casas en
la comunidad.
En mayo de este año, una acción de desalojo en Monte
Olivo fue también frustrada. El objetivo principal era conseguir entrar con
maquinarias en la propiedad Xalahá Canguinic, donde será construida la hidroeléctrica
Santa Rita, y capturar a los líderes locales, que desde 2008 manifiestan su
repudio al proyecto hidroeléctrico.
Pocos días después de la serie de desalojos, manifestaciones
y ocupaciones policiales, como un intento de enmascarar las acciones violentas en
favor de la construcción de la hidroeléctrica, el Ministro de Gobierno,
Mauricio López Bonilla, hizo declaraciones a la prensa afirmando que la actuación
de la Policía y del Ejército será mantenida en Alta Verapaz a fin de combatir al
narcotráfico.
Representantes de organizaciones indígenas y
campesinas de Alta Verapaz participaron en el ‘IV Congreso de Pueblos,
Comunidades y Organizaciones’ y encontraron en el evento una oportunidad para
denunciar la situación. Líderes del pueblo Q´eqchi´ revelaron que la represión
policial dejó como saldo tres ejecuciones extrajudiciales, 47 presos, 47 personas
heridas, además de cientos de familias campesinas e indígenas desplazadas y
refugiadas en las montañas. Según ellos, hoy están enfrentando las mismas políticas
represivas vividas durante la guerra civil, como las detenciones ilegales, invasión
de viviendas y uso excesivo de la fuerza.
Las poblaciones afectadas piden que la Procuraduría de
Derechos Humanos (PDH) cumpla su papel en lo que tiene que ver con los casos
que involucran violaciones a los derechos humanos. También solicitan a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala que investigue las acciones represivas y de militarización que están ocurriendo
en Alta Verapaz.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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