Adital
La organización peruana de
defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia Capital Humano y
Social (CHS) requiere que se realice una investigación inmediata del
parlamentario fujimorista Víctor Grandez Saldaña, sospechado de involucramiento
en una red de explotación sexual infantil descubierta en la posada Toro Bravo,
en la ciudad peruana de Iquitos, capital de la Provincia de Maynas.
El caso tomó repercusión
nacional el último domingo 17 de agosto, después de una denuncia en un
reportaje televisivo en el programa Panorama, de la emisora Pan-Americana de
Televisión. Según la noticia, se practicaban actos de violencia sexual contra
niñas de entre 10 y 14 años. La dueña de la posada es la madre de Grandez,
llamada Rosa Estefita Saldaña Vargas, que tiene 80 años de edad.
En el reportaje se entrevistó
a una joven de 14 años de edad, que dice sufrir explotación para ejercer la prostitución
en la posada. Relata que el lugar alberga a niñas de 12 y hasta de 10 años de
edad para esa función. Además de ella, aparece en el video una supuesta
agenciadora de las adolescentes, que afirma que el parlamentario es dueño de la
posada y tiene conocimiento del negocio ilícito que se practica en el lugar.
Desde comienzos de 2013, noticias
periodísticas alertaron sobre la utilización del lugar como escenario para el
abuso de las jóvenes, pero sólo ahora el nombre de Víctor Grandez Saldaña fue
asociado al delito, generando repercusión nacional. Además de participar del
grave delito, habría construido el lugar con fondos públicos. El político, por
su parte, niega las acusaciones, afirmando que no mantiene ninguna relación con
el lugar, que no conoce a las testigos y que el caso fue "armado” con intención
de perjudicarlo.
Al día siguiente de que la
acusación se hiciera pública, el Partido Fuerza Popular convocó a un Proceso
Disciplinario Interno y expulsó al parlamentario de su banca en el Congreso
Nacional. Los miembros del partido se habrían reunido en sesión liderada por
Keiko Fujimori —líder del partido, ex congresista y ex primera dama de la
República, hija del ex presidente Alberto Fujimori— para llegar a la decisión.
Medidas para investigar la denuncia
La organización CHS considera
"repudiable” el caso y reclama medidas. "Como sociedad
civil debemos desplegar nuestros esfuerzos para que la denuncia no pierda
vigencia y se logre el retiro de la inmunidad parlamentaria, y la destitución e
inhabilitación del señor Grandez”, indica la entidad.
"No podemos olvidar que el Congresista Grandez no
podrá ser procesado o apresado sin que eso sea autorizado por el Congreso o por
una Comisión Permanente. En ese sentido exigimos una investigación sumaria al
congresista Grandez para que responda de inmediato ante la justicia”, destaca la CHS.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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