Adital
Golpeada
y muerta por vecinos en la ciudad de Guarujá (Estado de San Pablo), la
ama de casa Fabiane María de Jesús, 33 años de edad, fue atacada por
una multitud que creía que ella estaba involucrada en el secuestro de
niños para la realización de rituales de magia negra. La reacción de la
población estuvo incentivada por la publicación en facebook de un
retrato hablado de una mujer, lo cual fue lo que llevó a creer que
sería ella la sospechosa del delito. Su caso no es el único, ella fue
la 20ª persona asesinada en una situación de "justicia por manos
propias” este año, en Brasil.
En febrero último, un
adolescente, acusado de robo, fue atado desnudo a un poste en la ciudad
de Río de Janeiro, con una traba de bicicleta, por un grupo que se
autoproclamó como los "justicieros”. El caso tuvo espacio en la prensa
nacional y en las redes sociales de internet. Mientras los críticos de
la violencia clasifican la situación como "vuelta a la Edad Media”,
parte de la población del país adoptó la ironía "adopte a un bandido”,
para criticar a los/las defensores/as de derechos humanos.
En la
época del caso del adolescente atado al poste, la presentadora Rachel
Sheherazade, del Sistema Brasilero de Televisión (SBT), expresó su
apoyo e incentivó esa práctica, causando polémica entre la población.
En facebook, grupos y páginas que reúnen a los autoproclamados
"justicieros” proliferan. Una de ellas tiene más de 2 mil seguidores y
utiliza una calavera como marca. "Lajusticiaes lavenganzadel
hombresocial, así como la venganza es lajusticia del hombre salvaje”.
Esta sentencia del filósofo griego Epicuro está estampada en el perfil.
Al definir lo que es ser "justiciero” se publica: "No hay mucha
diplomacia a la hora de hacer lo correcto, se acostumbra hacer eso a
quemarropa”.
En los últimos tres meses, por lo menos otras
37 personas fueron víctimas de linchamientos en el país. Un
relevamiento realizado por el Núcleo de Estudios de la Violencia, de la
Universidad de San Pablo (USP), señala que casos de robo y secuestro
son los que más generan esta reacción en la población. La segunda razón
sería el propio homicidio, provocando una respuesta de los propios
ciudadanos sobre la sensación de inseguridad que existe en las grandes
ciudades. Los Estados de San Pablo, Bahía y Río de Janeiro lideran los
casos entre los años 1980 y 2006 en Brasil, registrando 580, 204 y 180
casos, respectivamente.
En su intento por comprender el
fenómeno, los analistas señalan que el linchamiento ataca siempre al
mismo blanco: víctimas de sectores de bajo poder adquisitivo, ya
acometidas por el abuso policial y por la exclusión de las políticas
públicas. Sería una insurrección en reacción por las fallas o ausencia
del Estado, como el mal servicio prestado y el propio miedo a la
violencia, desaguando con vehemencia en más agresividad. Otro elemento
de este contexto serían los medios de comunicación como potenciadores
del ímpetu por soluciones inmediatas por parte de la población, que
dejaría de lado las reglas sociales y jurídicas.
En un
artículo publicado en la revista Carta Capital, el diputado Jean Wyllys
(Psol), miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de Minorías de la
Cámara Federal, indica que cuestiones de racismo llevarían al llamado
"ajusticiamiento”. Según él, también una cultura de tortura y un modelo
de desarrollo fundador de periferias urbanas, implantado por la
dictadura militar en Brasil, todavía estarían arraigados en la
población. Para Wyllys, el Estado estimula la insurrección por estar en
deuda también en educación, salud, vivienda de calidad, acceso a la
cultura y a la justicia con este contingente.
"Cualquiera de
nosotros puede ser víctima de linchamiento, pero, en la práctica, las
personas más pobres son las más vulnerables al mismo, porque
históricamente fueron separadas de los derechos (...) por discursos que
las descalifican como seres humanos. (...) Los noticieros televisivos,
y antes los medios de comunicación impresos, descalifican a las
poblaciones más pobres, asociándolas con la criminalidad y la violencia
urbana”, agrega el parlamentario.
En entrevista con Adital,
Isabel Lima, investigadora de la ONG Justicia Global, que trabaja en la
promoción de derechos humanos, advierte que el Estado tiene el deber de
proveer los servicios necesarios, tales como, proteger a la población
de los actos de violencia. Un camino para la superación de esto sería
el fortalecimiento de una cultura de derechos en Brasil.
Adital - ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en un caso de linchamiento?
Isabel Lima - Tanto basados en el ordenamiento jurídico interno como
también en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por Brasil, la responsabilidad del Estado en un caso de linchamiento es
el de "proteger" (evitar que el linchamiento ocurra, aprobar
legislación que penalice esa conducta) y, cuando no es posible
evitarlo, el de investigar, juzgar (en un juicio imparcial e
independiente) y castigar a los responsables del delito cometido.
AD - ¿"Justicia por manos propias” es parte de la cultura brasilera?
IL - Llama la atención en el caso en cuestión (como de manera general
en los casos de linchamiento) la argumentación utilizada por las
personas para demostrar su repudio a la acción: "¡Ella era inocente!”.
Como si, en el caso de que la situación contraria ocurriera (ella
realmente sea la responsable de los supuestos secuestros de niños para
la realización de rituales de magia negra), el hecho de que ella sea
culpable justificara el delito.
En este sentido, cabe
recordar que la pena de muerte está prohibida en Brasil, pero el país
está entre los países que más mata a sus ciudadanos, principalmente
mediante el accionar de la policía, y también por no lograr evitar este
tipo de acciones. En la práctica, tenemos una pena de muerte informal,
sin el debido juicio y defensa, siendo aplicada en forma paralela al
sistema legal.
Las personas acostumbran justificar los
ajusticiamientos basadas en la sensación de impunidad e ineficiencia
del sistema de justicia y de seguridad pública para asegurar sus
derechos. Seguridad pública eficiente no significa más violencia y más
castigo. Brasil tiene muchas leyes penales y es uno de los países con
mayor población carcelaria en el mundo. Esto no ha resuelto el problema
de seguridad pública.
De la misma manera, el ajusticiamiento
no es justicia (en ningún momento, Fabiane María de Jesús tuvo la
oportunidad de defenderse y de probar su inocencia), ni contribuye a su
fortalecimiento, todo lo contrario. El sistema de seguridad pública y
de justicia se fortalece con el fortalecimiento de sus instituciones y
no con una política de venganza/justicia por manos propias.
AD - ¿Cómo esto puede superarse?
IL - Por el fortalecimiento de una cultura de derechos. El derecho del
ciudadano común a no ser víctima del secuestro de niños es tan válido
como el derecho de otra ciudadana (en este caso, la persona linchada)
de vivir y, en el caso de ser acusada de un delito, de poder defenderse
con asistencia jurídica ante un tribunal independiente, que aplica de
manera imparcial leyes previamente establecidas. De no ser así,
alimentaría una espiral de violencia, que sólo da como resultado más
violaciones de derechos y toda la sociedad pierde con esto.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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