El Salvador
“Controla el petróleo y controlarás a los Estados, controla los alimentos y controlarás a los pueblos”. Henry Kissinger, Secretario de Estado de Estados Unidos 1973-1976.
La
Procónsul de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, acaba
de notificar que las autoridades imperiales necesitan recibir más
muestras de la lealtad del gobierno electo, no solo para poder recibir
la donación de $277 millones del FOMILENIO, sino para que pueda ser
considerado un aliado y un amigo de los Estados Unidos. El imperio ahora exige que se deroguen los acuerdos sobre “Disposiciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos Básicos” que desde 2013 permiten al Ministerio de Agricultura (MAG) comprar de forma directa y sin licitación, semillas nacionales a los productores y productoras nacionales. De acuerdo a Aponte, de esta manera se quiere asegurar que las políticas económicas nacionales se apeguen a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por El Salvador en 2004, y que las empresas norteamericanas puedan participar sin ninguna restricción en los procesos de licitación y compras gubernamentales de semillas.
La derogación de este decreto supondrá un retroceso en los pocos avances logrados en materia de autosuficiencia alimentaria observados durante la gestión gubernamental 2009-2014. El año 2013, este decreto logró que las asociaciones y cooperativas agropecuarias abastecieran el 92% de las compras gubernamentales de semillas del sector público. Se espera que en 2014 este abastecimiento local de semillas pueda cubrir el 100% de la demanda del MAG. Como era de esperar, esta nueva imposición del gobierno de Estados Unidos cuenta con el apoyo de las empresas que integran la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y por supuesto, tiene el beneplácito de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES).
Se sabe que el control progresivo de los eslabones que componen la cadena agro alimentaria de un país (insumos, financiamiento, tecnología, semillas, producción, comercialización, almacenamiento, etc.) es una de las principales objetivos de la estrategia de acumulación de capital de las empresas transnacionales en la fase del capitalismo global. Estas empresas han convertido a estas cadenas productivas no solo en negocios rentables, sino además en un instrumento de control económico, social, cultural y político de las personas que producen y/o consumen los alimentos provenientes de estas cadenas.
Un aspecto importante de esta estrategia es eliminar la capacidad de los productores y productoras locales de alimentos para conservar, reproducir y abastecerse de sus propias semillas. De esta manera, se logra que los sistemas productivos locales y el consumo de las comunidades pasen a depender del abastecimiento de semillas producidas y patentadas por las transnacionales. Para ello, se imponen disposiciones en los tratados de libre comercio, que obligan a los Estados nacionales a no poner restricciones al libre comercio e importación de semillas, bajo la amenaza de ser sancionados económica y/o políticamente.
En la actualidad, 10 empresas transnacionales controlan el 67% del mercado mundial de semillas, y dentro de éstas, dos empresas norteamericanas (Monsanto y DuPont) y una empresa suiza (Syngenta), concentran el 47% del mercado. Por cierto, la empresa Monsanto adquirió en 2008 la empresa de semillas Cristiani Burkard, que representaba uno de los principales proveedores de semillas del gobierno antes de los decretos transitorios de promoción de granos básicos, y que sería por tanto, una de las empresas norteamericanas más favorecidas con la derogación de estas disposiciones.
La penetración de las transnacionales en las cadenas agroalimentarias de Centro América se ha logrado mediante la acción coordinada entre organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y entre organizaciones oficiales de cooperación bilateral (USAID) y agencias de cooperación multilateral (Programa Mundial de Alimentos y Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura). Mientras los organismos financieros internacionales presionan por una parte a los gobiernos para que adopten medidas de liberalización del comercio de insumos y productos agropecuarios, como parte de las reformas económicas que deben realizar para tener acceso a préstamos; las agencias de cooperación, por otra parte, diseñan sus programas y proyectos de seguridad alimentaria y de competitividad rural a partir del modelo de cooperación público-privado, que incluye medidas para fortalecer la posición de las empresas transnacionales en los eslabones de la cadena agroalimentaria, como abastecedoras y/o como compradoras de insumos, productos, tecnología, etc.
Estas estrategias cuentan con la complicidad (directa o indirecta) de los gobiernos y parlamentos nacionales, que se ven forzados a acatar estas imposiciones, para mantener los flujos de endeudamiento de las entidades financieras internacionales y/o los fondos de cooperación no reembolsable de Estados Unidos y de la Unión Europea, aún cuando esto implica una mayor dependencia alimentaria y la ruina de productores y productoras nacionales de alimentos. Pero puede suceder que, algunas veces, la correlación interna de poder permite a algunos gobiernos y a algunos parlamentos, aprobar medidas que van en contra de la hegemonía de las transnacionales y/o que apuntan al objetivo de la soberanía alimentaria. Este parece haber sido la coyuntura de El Salvador durante los dos últimos años, que hizo posible el uso de disposiciones transitorias de fomento a la producción nacional de granos básicos, y la compra y uso de semillas nacionales para abastecer los paquetes agrícolas y otros requerimientos del sector público.
Sin embargo, esta coyuntura parece que está a punto de cambiar.
A su retorno de su vista oficial a los Estados Unidos, el presidente electo Salvador Sánchez Cerén ha asegurado que su gobierno cumplirá con todas las condiciones que se han impuesto para otorgar los fondos del FOMILENIO, y ha reiterado su intención de mantener el asocio para el crecimiento con Estados Unidos. En consecuencia, no sería de extrañar que el gobierno electo ya se encuentre en proceso de preparación de un plan alternativo para derogar estas disposiciones de protección a las semillas nacionales, y poder así cumplir con la nueva imposición del imperio.
Sí algo nos ha enseñado el neoliberalismo es que las políticas públicas económicas son ante todo y sobre todo, el resultado de relaciones de poder, que se expresan en la lucha de clases. Esta es la razón por la cual el neoliberalismo puso tanto empeño en debilitar y desmovilizar políticamente a los sindicatos y demás organizaciones sociales que podían salir a las calles y obligar a sus gobiernos a que no aplicaran reformas económicas neoliberales y/o a que se retractaran de ellas. Por consiguiente, a lo mejor ha llegado el momento para que las organizaciones que forman parte de mesas y de redes que luchan por la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario nacional, salgan a la calle a obligar al gobierno y a los partidos políticos para qué actúen a favor de la soberanía alimentaria y de los intereses populares.
La autora es profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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