Julia Evelyn Martínez (*)
“Controla el petróleo y controlaras a los Estados,
controla los alimentos y controlarás a los pueblos”.
Henry Kissinger, Secretario de Estado de
Estados Unidos 1973-1976
La
pro-consul de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, acaba
de notificar que las autoridades imperiales necesitan recibir más
muestras de la lealtad del gobierno electo, no solo para poder recibir
la donación de $277 millones del FOMILENIO, sino para que pueda ser
considerado un aliado y un amigo de los Estados Unidos.
El
imperio ahora exige que se deroguen los acuerdos sobre “Disposiciones
Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos
Básicos” que desde 2013 permiten al Ministerio de Agricultura (MAG)
comprar de forma directa y sin licitación, semillas nacionales a los
productores y productoras nacionales. De acuerdo a Aponte, de esta
manera se quiere asegurar que las políticas económicas nacionales se
apeguen a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado
por El Salvador en 2004, y que las empresas norteamericanas puedan
participar sin ninguna restricción en los procesos de licitación y
compras gubernamentales de semillas.
La
derogación de este decreto supondrá un retroceso en los pocos avances
logrados en materia de autosuficiencia alimentaria observados durante
la gestión gubernamental 2009-2014, El año 2013, este decreto logró
que las asociaciones y cooperativas agropecuarias abastecieran el 92%
de las compras gubernamentales de semillas del sector público. Se
espera que en 2014 este abastecimiento local de semillas pueda cubrir
el 100% de la demanda del MAG. Como era de esperar, esta nueva
imposición del gobierno de Estados Unidos cuenta con el apoyo de las
empresas que integran la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y por
supuesto, tiene el beneplácito de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo (FUSADES).
Se
sabe que el control progresivo de los eslabones que componen la cadena
agro alimentaria de un país (insumos, financiamiento, tecnología,
semillas, producción, comercialización, almacenamiento, etc.) es una de
las principales objetivos de la estrategia de acumulación de capital de
las empresas transnacionales en la fase del capitalismo global. Estas
empresas han convertido a estas cadenas productivas no solo en negocios
rentables, sino además en un instrumento de control económico, social,
cultural y político de las personas que producen y/o consumen los
alimentos provenientes de estas cadenas.
Un
aspecto importante de esta estrategia es eliminar la capacidad de los
productores y productoras locales de alimentos para conservar,
reproducir y abastecerse de sus propias semillas. De esta manera, se
logra que los sistemas productivos locales y el consumo de las
comunidades pasen a depender del abastecimiento de semillas producidas
y patentadas por las transnacionales. Para ello, se imponen
disposiciones en los tratados de libre comercio, que obligan a los
Estados nacionales a no poner restricciones al libre comercio e
importación de semillas, bajo la amenaza de ser sancionados económicas
y/o políticamente.
En
la actualidad, 10 empresas transnacionales controlan el 67% del mercado
mundial de semillas, y dentro de éstas, dos empresas norteamericanas
(Monsanto y DuPont) y una empresa suiza ( Syngenta) , concentran el 47%
del mercado. Por cierto, la empresa Monsanto adquirió en 2008 la
empresa de semillas Cristiani Burkard, que representaba uno de los
principales proveedores de semillas del gobierno antes de los decretos
transitorios de promoción de granos básicos, y que sería por tanto, una
de las empresas norteamericanas más favorecidas con la derogación de
estas disposiciones.
La
penetración de las transnacionales en las cadenas agroalimentarias de
Centro América se ha logrado mediante la acción coordinada entre
organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y entre
organizaciones oficiales de cooperación bilateral (USAID) y agencias
de cooperación multilateral (Programa Mundial de Alimentos) y Fondo de
Naciones Unidas para la Agricultura). Mientras los organismos
financieros internacionales presionan por una parte a los gobiernos
para que adopten medidas de liberalización del comercio de insumos y
productos agropecuarios, como parte de las reformas económicas que
deben realizar para tener acceso a préstamos; las agencias de
cooperación, por otra parte, diseñan sus programas y proyectos de
seguridad alimentaria y de competitividad rural a partir del modelo de
cooperación público-privado, que incluye medidas para fortalecer la
posición de las empresas transnacionales en los eslabones de la cadena
agroalimentaria, como abastecedoras y/o como compradoras de insumos,
productos, tecnología, etc.
Estas
estrategias cuentan con la complicidad (directa o indirecta) de los
gobiernos y parlamentos nacionales, que se ven forzados a acatar estas
imposiciones, para mantener los flujos de endeudamiento de las
entidades financieras internacionales y/o los fondos de cooperación no
reembolsable de Estados Unidos y de la Unión Europea, aún cuando esto
implica una mayor dependencia alimentaria y la ruina de productores y
productoras nacionales de alimentos. Sin embargo, algunas veces, la
correlación interna de poder permite a algunos gobiernos y a algunos
parlamentos, aprobar medidas que van en contra de la hegemonía de las
transnacionales y/o que apuntan al objetivo de la soberanía
alimentaria. Este parece haber sido la coyuntura de El Salvador durante
los dos últimos años, que hizo posible el uso de disposiciones
transitorias de fomento a la producción nacional de granos básicos, y
la compra y uso de semillas nacionales para abastecer los paquetes
agrícolas y otros requerimientos del sector público.
Sin embargo, esta coyuntura parece que está a punto de cambiar.
A
su retorno de su vista oficial a los Estados Unidos, el presidente
electo Salvador Sánchez Cerén ha asegurado que su gobierno cumplirá
con todas las condiciones que se han impuesto para otorgar los fondos
del FOMILENIO , y ha reiterado su intención de mantener el asocio para
el crecimiento con Estados Unidos. En consecuencia, no sería de
extrañar que el gobierno electo ya se encuentre en proceso de
preparación de un plan alternativo para derogar estas disposiciones de
protección a las semillas nacionales, y poder así cumplir con la nueva
imposición del imperio.
Sí
algo nos ha enseñado el neoliberalismo es que las políticas públicas
económicas son ante todo y sobre todo, el resultado de relaciones de
poder, que se expresan en la lucha de clases. Esta es la razón por la
cual el neoliberalismo puso tanto empeño en debilitar y desmovilizar
políticamente a los sindicatos y demás organizaciones sociales que
podían salir a las calles y obligar a sus gobiernos a que no aplicaran
reformas económicas neoliberales y/o a que se retractaran de ellas. Por
consiguiente, a lo mejor ha llegado el momento para que las
organizaciones que forman parte de mesas y de redes que luchan por la
soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario nacional, se
pregunten sí ha llegado el tiempo de salir a las calles, a obligar al
gobierno y a los partidos políticos para qué actúen a favor de la
soberanía alimentaria y de los intereses populares.
(*) Columnista de ContraPunto
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