Las actuaciones para negar el
exterminio sistemático de pueblos originarios durante los años de la
guerra demuestran que quienes se beneficiaron de ella siguen
manipulando los hilos del Estado para sus intereses.
Santiago Bastos/ Prensa Comunitaria
Guatemala.
Quienes se beneficiaron del genocidio realizan todos los esfuerzos por
cortar la posibilidad de seguir con la vía jurídica, que puede llegar
hasta ellos. El reciente pronunciamiento del Congreso para negar el
exterminio sistemático de pueblos indígenas sirven para corroborar
cómo, treinta años después, siguen dispuestos a mantener sus
privilegios por encima de la verdad y la justicia.
A mediados de mayo se conoció que el
día 24 de abril, el Congreso de la República de Guatemala aprobó un
punto resolutivo en el que,en un texto un tanto confuso, decidió que en
Guatemala no existiógenocidio. Una parte del documento señala: “Bajo el
infame prisma de la sangre que ha regado nuestra tierra y el dolor que
ha inundado el alma de la patria a partir de un conflicto inútil y la
falta de consensos para superar con absoluta certeza jurídica nuestras
diferencias sociales”;[1], más adelante, precisa que “como
consecuencia del encausamiento penal, conocido como El Juicio del
Siglo, no obstante que la legislación imperante da cuenta que los
elementos que conforman los tipos penales señalados, resulta
jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en
cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante
el enfrentamiento armado interno”. [2]
La reacción fue inmediata por parte de
quienes participaron en las actividades organizadas para recordar el 10
de mayo de 2013, cuando la jueza Yasmín Barrios, del Tribunal A de
Mayor Riesgo,emitió públicamente la sentencia que condenó al general
Efraín Ríos Montt por genocidio y contra los deberes de la
humanidad.Fue la primera vez que se reconoció judicialmente las atroces
dimensiones de la actuación del ejército de Guatemala a principios de
los años ochenta.
Ante la sentencia condenatoria de 2013,
la cúpula patronal aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se declaró
“en asamblea permanente” y,apenas 10 días después, el juicio fue
anulado por la Corte de Constitucionalidad, aduciendo problemas de
forma.[4]
La actual declaración de los diputados
es otro burdo intento porponer punto final a uno de los asuntos
políticamente más espinosos, heredado del proceso de paz que se dio en
los años noventa del siglo pasado, y se sitúa en la línea de las
accionesde la Corte de Constitucionalidad y el CACIF. Todas ellas
muestran cómo el racismo,que está en la base del genocidio perpetrado
en aquellos aciagos años, sigue presente en la vida de Guatemala.
El reconocimiento del genocidio
En el seno del conflicto armado que
sacudió Guatemala durante casi toda la segunda mitad delsiglo XX, se
gestó el genocidio -que supuso la muerte sistemática de cientos de
miles de personas bajo elargumento de que eran “guerrilleros
comunistas”. Entre finales de los años setentae inicios de los ochenta,
las más de 400 masacres realizadas por el ejército supusieron la mayor
matanza de población indígena perpetrada en América Latina en el siglo
XX, resultado de una política sistemática de exterminio por parte del
Estado.
El tamaño y la dimensión racista de
esta tragedia no fueron tratados durante el proceso de paz en toda su
profundidad. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas(AIDPI) no hubo ninguna mención al hecho de que las masacres y
la tierra arrasada se centraron en territorios mayas. De la misma
manera, en los acuerdos referidos a la violencia sufrida y ejercida –el
de Derechos Humanos, Reasentamiento, Desmilitarización, en la misma
amnistía- tampoco hay mención alguna del hecho de que la mayoría de las
víctimas de la represión fueron comunidades indígenas arrasadas por una
política sistemática de muerte.
Hubo que esperar a la publicación del
informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en 1999, para que
la relación entre racismo y violencia de Estado, tan evidente en la
historia, en los recuerdos y en las imágenes, encontrara un sustento
documental. Los datos del recuento fueron contundentes: a raíz del
conflicto armado, en Guatemala murieron o desaparecieron más de 200 mil
personas, de las que el 83 por ciento fueron indígenas, y el 93 por
ciento de los decesos fueron ocasionados por el ejército u otros
cuerpos de seguridad. [5]
No se trató de las bajas producidas en
el conflicto entre dos partes. En el Tomo III de los 12 de que consta
el informe, se dedican 90 páginas a este tema. Cuando la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH) trabajó la forma en que se dio la
violencia en las áreas indígenas, llegó a la conclusión de que la
política llevada a cabo por el ejército contra la población indígena
constituye un delito de genocidio,
entendido de acuerdo a la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio de 1948, ratificada por el Estado de Guatemala en
1950. [6]
“La CEH puede confirmar que, en una
determinada etapa del enfrentamiento armado interno, específicamente
durante los años 1981 y 1982, el Ejército identificó a grupos del
pueblo maya como enemigo interno, porque consideraba que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla,
en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para
esconder sus filas. De este modo, el Ejército, inspirado en la Doctrina
de la Seguridad Nacional (DSN), definió un concepto de enemigo interno
que fue más allá de los combatientes, militantes o
simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto la
pertenencia de las personas a determinados grupos étnicos”[7], señalaron en su informe.
El mérito del informe de la CEH es que
permitió llamar por su nombre a algo que no fue oficialmente
reconocido.La contundencia de las cifras no dejó lugar a dudas respecto
a la dimensión étnica de las masacres y la muerte planificada. Desde
ese momento empezaron a surgir voces que clamaron que este episodio
trágico no se puede entender sin el racismo. [9]
Si tenemos en cuenta la definición
clásica de Memmi de racismo como “la valorización generalizada y
definitiva de una diferencias, reales o imaginarias, con el fin de
justificar sus privilegios o su agresión”,[10] no se puede usar otra
palabra para hablar de una ideología, de unos comportamientos y
estrategias que permiten matar a cientos de miles de personas porque se
les considera un “enemigo interno”.
El juicio de RíosMontt: el cómo y el quiénes del genocidio
Tras esta constatación, el juicio
celebrado en 2013 referido a la actuación de Ríos Montt, como jefe de
Estado de Guatemala,contra el pueblo ixil, y la sentencia condenatoria
por el delito de genocidio, fue lo suficientemente rotundo como para
cerrar el debate en torno a los hechos de inicios de los ochenta.
La sentencia[12] es un ejercicio
jurídicamente impresionante, que en sus más de 700 páginas refleja todo
lo que se oyó en los más de 50 días que duró el juicio. A través de las
voces de hombres y mujeres que actuaron como testigos y peritos, el
genocidio quedó desmenuzado en cada una de sus acciones, al mostrar una
por una las formas en que se ejerció la muerte sobre personas civiles
desarmadas.
Los testimonios y peritajesdel juicio
permitieron ver cómo fueron planificadas las masacres; cómo se utilizó
el terror y el miedo; cómo el abuso sexual contra las mujeres fue
sistemático; cómo se quemaron cosechas y ganado. Ante tal avalancha de
información pormenorizada, ¿cómo negar la calidad de exterminio
sistemático de la población ixil supuestamente levantada?
La planificación de la estrategia
militar no deja lugar a dudas sobre la voluntad de exterminio de esas
comunidades de “indios comunistas” que amenazaban el orden. Con esta
justificación masacraron a miles de hombres y mujeres, ancianos y
ancianas, niñas y niños, todas ellas población civil desarmada, no sólo
ixiles, sino achi’s, q’anjobales, akatekos, kaqhikeles y muchos más en
todo el país.Por eso, el
juicio no sólo demostró que hubo genocidio: mostró cómo se ejecuta uno.
Además del cómo, el juicio mostró el quiénes.
Uno de sus aspectos más impresionantes es que puso nombres y apellidos,
rostros, historias y recuerdos, lágrimas y sonrisas a las testigos que
sobrevivieron a los horrores de la muerte. Las mujeres y hombres ixiles
que desfilaron con toda su dignidad frente al tribunal, y cuyas
fotografías recorrieron el mundo entero,fueron verdaderos protagonistas
de todo el proceso.
El juicio también sirvió para avanzar
en algo a lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico renunció en
su momento: dar nombres y poner caras a los responsables de todas estas
atrocidades. A finales de los años noventa no había condiciones para
eso, yahora pareció que tal vez sí. Pero los hechos mostraron que, otra
vez, fuellegar demasiado lejos.
El juicio buscóprocesar a los
responsables políticos de las prácticas genocidas: el jefe de Estado y
el responsable de Inteligencia Militar. Pero además, adelantó en dar a
conocer a algunos de los responsables directos de los hechos. Uno de
ellos es el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que bajo
el seudónimo de “Mayor Tito Arias” dirigió las operaciones militares de
Nebaj, principal población ixil. Se dice que el juicio se torció cuando
él fue nombrado de forma explícita como responsable de la represión en
Nebaj, pues se pasó a un nivel de responsabilidades que no era
admisible.
Fue fundamental el peritaje
desarrollado por Marta Casaus el 4 de abril de 2013.[13] En su
intervención, mostró cómo las acciones genocidas desarrolladas contra
los ixiles –y de ahí contra cualquier otro pueblo- no fueron resultado
de una mente enferma ni de una conducta desviada, ni siquiera de una
estrategia militar desesperada, sino el fruto de una ideología que rige
todo el comportamiento social de nuestro país: el racismo.
Si mucha gente no se quejó o
directamente no se enteró de lo que pasaba en el altiplano en los años
de exterminio, es porque eso entraba en la normalidad, lo “natural”. El
genocidio no fue una anomalía, sino la máxima expresión de una forma de
entender y organizar la sociedad, siempre necesitada de la violencia
para mantener su orden: el racismo.
Marta Casaus mostró que el racismo -y
la violencia que conlleva- es un medio para mantener los privilegios de
unos pocos sobre las mayorías. Además de los responsable materiales
directos, hubio quienes se beneficiaron directamente de tanto terror y
maldad. Como nos mostró Plaza Pública en esos días, algunos de ellos apoyaron de forma directa las acciones genocidas.[14]
Como sector dominante en la historia de
este país, la oligarquía de origen criollo provocó el genocidio cuando
sintieron que su situación de privilegio se veía amenazada. No les
importó que murieran 200 mil personas, que 400 aldeas desaparecieran,
que miles de mujeres fueran violadas, que un millón de personas
tuvieran que salir de sus casas, con tal de mantener un sistema en que
solamente ellos han salido beneficiados.
La actualidad del racismo y la violencia de Estado
Quienes salieron beneficiados del
genocidio realizan todos los esfuerzos por cortar la posibilidad de
seguir con la vía jurídica, que puede llegar hasta ellos. Las
reacciones del CACIF, de la Corte de Constitucionalidad y ahora del
Congreso de la República sirven para corroborar cómo, treinta años
después de aquella barbarie, siguen dispuestos a mantener sus
privilegios por encima de la verdad y la justicia. Pese a declaraciones
y firmas de paz, testimonios e informes, funcionarios internacionales y
dependencias gubernamentales, el racismo sigue presente en la vida
política de Guatemala y siempre asociado a la violencia de Estado
La resolución del Congreso es un buen
ejemplo. Por un lado, niega la legalidad vigente y pasa por alto la
decisión de un Tribunal, convertida en sentencia, al decir que “resulta
jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en
cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio”. Ante
ello, cabe la pregunta de Alfonso Porres: “¿cuáles fueron las
prácticas que el benéfico Estado de Guatemala permitió a su ejemplar
ejército, garante de la constitución y la soberanía nacional? ¿Qué fue
entonces de los 200 mil muertos y el millón de desplazados que reporta
la Comisión de Esclarecimiento Histórico?[15]
Por otro lado, la resolución del
Congreso actualiza la negación a la ciudadanía guatemalteca de
capacidad de juicio y discernimiento: “discusión que
trasciende a los tribunales de justicia, y se da en los medios de
comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles,
comunidades y en los hogares guatemaltecos, abriendo así nuevamente la
polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la
paz y que impiden una definitiva reconciliación”.[16]
El desprecio por la verdad histórica y
por la mayoría de la población, que está detrás de la declaración del
Congreso, de las actuaciones del CACIF y de la Corte de
Constitucionalidad en las semanas siguientes a la sentencia con la que
finalizó el juicio, son una demostración de poder e impunidad, un acto
de violencia simbólica que actualizó de golpe toda la violencia de
treinta años atrás. De nuevo, racismo y violencia del Estado aparecen
juntas como una forma de mantener la situación privilegiada de unos
pocos.
Este mismo desprecio por la vida de las
personas, las comunidades y los pueblos es el que está detrás de la
forma en que los últimos gobiernos tratan las demandas que surgen de
las comunidades, muchas de ellas, las mismas que fueron arrasadas hace
30 años. Se niegan a reconocer la capacidad de las comunidades para
decidir su futuro, acusándolas -como siempre lo hacen- de estar
manipuladas en las consultas comunitarias y vecinales y en todas las
acciones emprendidas para defender el espacio de vida que les queda.
Tratan a líderes y personas movilizadas como delincuentes y
terroristas, y acaban disponiendo de su vida y su libertad en juicios
que son burlas a la justicia.
La persecución, hostigamiento y
asesinato de líderes comunitarios se hace de una forma sistemática y
planificada, como ocurre en Monte Olivo, en San Rafael Las Flores, en
Huehuetenango y en muchos más lugares. Todo ello nos vuelve a hablar
del desprecio absoluto contra esa población, que es mayoritaria en el
país, de la negación de su calidad de personas y de ciudadanos.
De nuevo se trata del racismo, y de
nuevo lleva aparejada la fuerza del Estado contra aquellos que
cuestionan las políticas que sólo benefician a unos pocos, los mismos
que desde hace siglos manejan la maquinaria estatal para mantener sus
intereses.
[1] http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Genocidio-negado-legisladores_0_1138086211.html
[2]Citado en “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”, Alfonso Porres, Prensa Comunitaria 17 mayo 2014 http://comunitariapress.wordpress.com/2014/05/17/el-fascinante-mundo-de-la-resolucion-3-2014.
[4]http://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/21/documento-fallo-de-la-corte-de-constitucionalidad-caso-genocidio/
[5]CEH, 1999: Guatemala, Memoria del Silencio. Informe, Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala.
[6] CEH, 1999-volumen III: 314
[7] ibid: 418
[9] Genocidio, la máxima expresión del racismo. CALDH, Guatemalka 2004; Marta Casaús Genocidio: ¿la máxima expresión del racismo? Guatemala: F&G Editores, 2008.
[10] Albert Memmi (1972) El hombre dominado. Un estudio sobre la opresión. Cuadernos para el Diálogo. Madrid.
[12] Sentencia por Genocidio y delitos contra los deberes de Humanidad contra el Pueblo Maya Ixil. Guatemala 2013. 10 de mayo de 2013 Guatemala: Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos / Asociación por la Justicia y Reconciliación.
[13]http://comunitariapress.wordpress.com/2013/04/05/otto-perez-molina-mayor-tito-daba-ordenes-de-ejecucion-quema-y-saqueo-juicio-por-genocidio/
[14] “Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra”, Martín Rodríguez Pellecer, Plaza Pública, 21 agosto 2013. http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra.
[15] “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”.
[16]Citado en “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”.
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