El Salvador
IPS
Cuando el 1 de junio el izquierdista Salvador Sánchez Cerén asuma la
Presidencia de El Salvador, encontrará graves grietas en la tregua entre
las pandillas delictivas, que gestionó el gobierno saliente y que por
dos años mantuvo contenida la criminalidad.
El pacto vive su momento más crítico desde su gestación en marzo de
2012, con el resquebrajamiento de la tregua, aunque no su ruptura, al
menos por ahora.
“En la medida en que se debilita el diálogo, aumenta la violencia, y
las nuevas autoridades tendrán que tomar la decisión de que el proceso
de paz entre pandillas continúe”, dijo a IPS uno de los dos mediadores
de la tregua, Raúl Mijango. El otro fue el obispo católico castrense
Fabio Colindres.
Sánchez Cerén, dirigente del exguerrillero y gobernante Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no ha querido
profundizar en la nueva espiral de violencia ciudadana, ni tampoco otros
miembros de su equipo. El mandatario electo fue vicepresidente del
gobierno saliente de Mauricio Funes.
Pero durante la campaña electoral que concluyó con su victoria el 9
de marzo, el entonces candidato dijo que enfrentará ese fenómeno con lo
que llamó la “mano inteligente”, una mezcla de represión y prevención.
Hasta la llegada de Funes, en 2009, la estrategia contra la
delincuencia fue de mano dura, bajo los sucesivos gobiernos de la
derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país
desde 1989.
Al nuevo gobierno le urge reducir los homicidios, no solo porque es
una exigencia de la población, sino porque este año arranca la campaña
electoral para los comicios de alcaldes y diputados de 2015, y el alza
de los crímenes va contra los candidatos del FMLN.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas del
país, pactaron hace dos años cesar las agresiones mutuas y a civiles,
policías y militares.
El gobierno, a su vez, accedió a trasladar a prisiones menos restrictivas a los líderes de esos dos grupos.
Desde entonces, los asesinatos cayeron en promedio de 14 a cinco por
día. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
informó en mayo que durante 2012, la tasa de homicidios salvadoreña cayó
a 41,2 por cada 100.000 habitantes contra los 69,2 por cada 100.000 del
año precedente.
Pero desde febrero de este año, paulatinamente la criminalidad se
recrudeció y el promedio diario de asesinatos ronda actualmente los 10.
Más de 50 por ciento de los homicidios que se cometen en El Salvador
los cometen miembros de las pandillas y 35 por ciento de las víctimas
pertenecen también a esas bandas, indican directivos policiales en
cifras no contrastadas por organizaciones independientes.
Se calcula que hay unos 60.000 pandilleros en este país de 6,2 millones de habitantes.
Para Mijango, la crisis que enfrenta la tregua la comenzó el
Ministerio de Justicia, cuando durante la campaña electoral desvinculó
al gobierno del papel de “facilitador” que ejercía y mediante el cual
los pandilleros presos tenían comunicación con sus secuaces en libertad
para transmitirles lineamientos.
Además, endureció los operativos policiales contra las pandillas, lo que generó enfrentamientos en las comunidades.
Analistas políticos consideran que esa actuación buscó mostrar dureza
ante el crimen por razones electorales, después de que Funes habilitara
el acercamiento entre las pandillas.
El gobierno saliente argumenta que el alza de crímenes obedece a una
pugna entre las dos facciones que componen Barrio 18, los Sureños y los
Revolucionarios, en una lucha por control territorial que se estaría
resolviendo a balazos en las comunidades del país donde tienen
presencia.
De hecho, el propio Funes dijo en un programa radial que la tregua
prácticamente estaba rota, y su ministro de Justicia y Seguridad,
Ricardo Perdomo, reveló que las pandillas ahora poseen fusiles y armas
de más poder para enfrentarse a la policía.
Los agentes policiales han salido mal parados de enfrentamientos con estas bandas.
El 6 de abril, por ejemplo, en el municipio de Quezaltepeque, en el
central departamento de La Libertad, un policía murió y otros tres
resultaron heridos durante un ataque.
Pero las grandes pandillas salvadoreñas niegan que el pacto haya
muerto o existan pugnas como la que indica Funes y sus colaboradores.
“Pese a los ataques que ha recibido, la tregua aún se mantiene”, dice
un comunicado hecho público el 29 de abril y suscrito por los líderes
de la Mara Salvatrucha (MS), por las dos facciones del Barrio 18, y por
las pandillas Mao Mao, La Máquina y Miradas Locos 13.
El comunicado fue leído en una conferencia clandestina en San
Salvador a la que solo se invitó a cuatro medios de comunicación, entre
ellos IPS. Participaron un portavoz nacional de la MS, uno de los
Sureños y otro de los Revolucionarios, del Barrio 18. Los tres pidieron
el anonimato por razones de seguridad.
“¿Vos crees que si estuviéramos en guerra las dos facciones,
estaríamos ahorita juntos?”, cuestionó el representante de los Sureños.
Sin embargo, estos portavoces reconocieron que la tregua no es
perfecta, que hay “clicas” (células) que no se ciñen a los lineamientos
dictados por los dirigentes encarcelados o en la calle.
Por esa razón, no negaron ni confirmaron que pandilleros hayan participado en el ataque a los policías en Quezaltepeque.
De hecho, también aceptaron que hay un conflicto con una clica
escindida de los Revolucionarios en el municipio de Zacatecoluca, en el
central departamento de La Paz, lo que estaría generando una violencia
inusual en esa zona.
Pero esa disputa, de carácter local, no explicaría el incremento de muertos a nivel nacional, aseguraron.
“Nosotros mantenemos el compromiso con la sociedad”, señaló el vocero de la MS.
Sin embargo, el sacerdote católico Antonio Rodríguez, quien ha
trabajado en la reinserción de pandilleros en el municipio de Mejicanos,
un populoso barrio en el norte de San Salvador, señaló a
IPS que el
comunicado leído por los tres portavoces no representa a la dirección
nacional de las pandillas.
“Los Sureños están molestos con ese pronunciamiento porque no es
representativo”, señaló el sacerdote, evidenciado las grietas del
proceso.
Rodríguez fue inicialmente un duro crítico de la tregua, luego la
apoyó, junto a Mijango y Colindres, para posteriormente desligarse de
ellos.
Ahora, este sacerdote de la Congregación Pasionista se sumó al
esfuerzo impulsado por el ministro Perdomo para relanzar el proceso de
pacificación entre pandillas, en el que además participan el obispo
auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, y representantes de
iglesias evangélicas y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, entre otros.
“Es un pacto de la sociedad civil, no entre pandillas”, dijo Rodríguez a IPS.
En la conferencia clandestina, los dirigentes de las pandillas fueron
tajantes: “Se habla de la existencia de dos procesos de pacificación,
nosotros solo reconocemos uno, el iniciado en marzo de 2012”.
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