Si
ha existido un sector de clase que ha sufrido en carne propia, como
ninguna otra, la miseria y el abandono que genera el capitalismo
salvaje, ha sido el campesinado. Desde los tiempos inmemoriales les ha
tocado poner todas sus largas y agotadoras jornadas de trabajo al
servicio de una pirámide humana, donde los poderosos de siempre,
potentados, magnates, oligarcas hacen derroche de todas sus riquezas y
malgastan sin criterio, todo lo producido en la base que la conforman
los explotados y “los desheredados de la tierra”.
En nuestro caso son ellos los que desde el siglo XIX y XX han soportado el peso fundamental de las luchas sociales que no dieron el resultado esperado. En la guerra de “Los Mil Días” centenares de campesinos acompañaron las huestes insurreccionales de los ideólogos Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, con la esperanza de lograr un cambio en la estructura política de la nación, que permitiera liberar la tierra de las manos de los terratenientes y de la iglesia que eran los mayores latifundistas de la época. Este gigantesco esfuerzo libertario, ¡quien lo creyera!, se llevó a cabo siete años antes de la famosa Revolución Mexicana, acaudillada por los dirigentes agraristas Emiliano Zapata y Pancho Villa, que dio como resultado el nacimiento del PRI, partido de la revolución mexicana que todavía persiste en el poder y diez y siete años antes, de la emblemática y esperanzadora Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre, que con Lenin a la cabeza, construyeron un nuevo Estado, el Estado Socialista, que tantos sueños de transformación social y paz, desató en el mundo entero.
La famosa “Revolución en Marcha” del Presidente Alfonso López Pumarejo en los años 30, del siglo pasado, despertó las esperanzas de los campesinos con sus francas y justicieras leyes sobre la tenencia de la tierra e implementó la Ley 200 de tierras, primer hervor en el inicio de una verdadera reforma agraria, que con tanta insistencia han venido luchando y buscando las organizaciones sociales convocadas en nuevos modelos de acción y resistencia política.
Desafortunadamente, las fuerzas políticas de los terratenientes “que siempre han sido mayoritarias en el Congreso de la República”, al decir de Salomón Kalmanovitz, echaron para atrás estos avances legislativos y luego, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hundieron al país en la ola más sangrienta de su historia que se llamó “La Violencia”, donde la totalidad de los asesinados, sumaron más de trescientos mil y fueron indefensos campesinos, desalojados de sus tierras en forma violenta por los terratenientes con el fin de dar paso al proceso de la concentración de la tierra, que aun continúa.
Después de la traición y muerte de los guerrilleros liberales que pactaron la paz, solo un gobierno liberal manifestó su preocupación por la persistencia del latifundio. Carlos Lleras Restrepo, consciente de la deuda social que el Estado Colombiano tiene con los campesinos, desde los tiempos de la conquista, decidió impulsar la Reforma Agraria. Contra viento y marea, enfrentándose a las fuerzas más retrógradas de la sociedad colombiana, logró algunos avances significativos que después se vinieron abajo en la famosa reunión conocida como, “El pacto de Chicoral”, vergonzoso encuentro, donde las vertientes más conservadoras, en el gobierno de Pastrana Borrero, echaron para atrás lo conquistado.
En la actualidad el país vive un segundo paro agrario. El acumulado de tantas acciones irresponsables de los gobiernos anteriores ha terminado haciendo crisis. El abandono y el atropello histórico del campo no ha dado para más y con razones justas y valederas, los campesinos hacen uso de las herramientas de participación social que posee la Constitución Política Colombiana.
Hoy los campesinos enarbolan la bandera de mayor trascendencia para toda la sociedad y el mundo en su conjunto, luchando por la abolición de la ley de semillas, que busca como efecto de la intervención biológica de los productos, imponer los transgénicos, que es la propuesta de Monsanto. Esta ley les prohíbe a los campesinos hacer uso de las semillas que generosamente da la tierra en los mismos productos que ellos cultivan, impidiendo y penalizando su utilización. De este modo, quedan obligados a utilizar solo las semillas que venden la referida monstruosa transnacional.
Es ofensivo para la conciencia nacional que se esté impulsando esta ley de semillas que impide al productor autoabastecerse o intercambiar semillas para sus cultivos. Es muy grave porque atenta en contra de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir quedar prisioneros de los intereses de Monsanto, que tanto mal le hace a la humanidad. Ésta también es nuestra lucha y en este sentido se convierte en una bandera de toda la sociedad y del mundo entero. El gobierno debe dar marcha atrás a este despropósito de ley.
A lo anterior, hay que sumarle el drama que viven nuestros campesinos de los altiplanos colombianos, cultivadores de papa, alverja, frijol, trigo, junto con el de los cultivadores de arroz y maíz de las planicies, que es verdaderamente ofensivo. Ellos tienen que enfrentarse a los precios de los productos importados provenientes de países donde el Estado subsidia generosamente la producción agropecuaria y ha invertido amplios presupuestos para el desarrollo rural desde hace años. A esto hay que unirle la presencia ahora de unas serie de cláusulas contenidas en los TLC que irresponsablemente pone a nuestros campesinos a competir en los precios internacionales, totalmente indefensos. El gobierno nacional tiene que entender que en las peticiones de los campesinos hay más que razones suficientes de peso, que obligan al Estado actuar con verdadero sentido de nación, acogiendo muchas de esas propuestas, con responsabilidad, justicia y compromiso de patria.
Esperamos que el Presidente Santos comprenda las angustias de los campesinos y los colombianos y destine en los diálogos con los dirigentes agrarios, a lo mejor y más solidario de su equipo de gobierno. Llegó la hora de cerrar filas por la Paz, teniendo a su lado a los campesinos.
Alonso Ojeda Awad, Ex embajador de Colombia. Director Programa Paz. Universidad Pedagogica Nacional.
En nuestro caso son ellos los que desde el siglo XIX y XX han soportado el peso fundamental de las luchas sociales que no dieron el resultado esperado. En la guerra de “Los Mil Días” centenares de campesinos acompañaron las huestes insurreccionales de los ideólogos Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, con la esperanza de lograr un cambio en la estructura política de la nación, que permitiera liberar la tierra de las manos de los terratenientes y de la iglesia que eran los mayores latifundistas de la época. Este gigantesco esfuerzo libertario, ¡quien lo creyera!, se llevó a cabo siete años antes de la famosa Revolución Mexicana, acaudillada por los dirigentes agraristas Emiliano Zapata y Pancho Villa, que dio como resultado el nacimiento del PRI, partido de la revolución mexicana que todavía persiste en el poder y diez y siete años antes, de la emblemática y esperanzadora Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre, que con Lenin a la cabeza, construyeron un nuevo Estado, el Estado Socialista, que tantos sueños de transformación social y paz, desató en el mundo entero.
La famosa “Revolución en Marcha” del Presidente Alfonso López Pumarejo en los años 30, del siglo pasado, despertó las esperanzas de los campesinos con sus francas y justicieras leyes sobre la tenencia de la tierra e implementó la Ley 200 de tierras, primer hervor en el inicio de una verdadera reforma agraria, que con tanta insistencia han venido luchando y buscando las organizaciones sociales convocadas en nuevos modelos de acción y resistencia política.
Desafortunadamente, las fuerzas políticas de los terratenientes “que siempre han sido mayoritarias en el Congreso de la República”, al decir de Salomón Kalmanovitz, echaron para atrás estos avances legislativos y luego, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hundieron al país en la ola más sangrienta de su historia que se llamó “La Violencia”, donde la totalidad de los asesinados, sumaron más de trescientos mil y fueron indefensos campesinos, desalojados de sus tierras en forma violenta por los terratenientes con el fin de dar paso al proceso de la concentración de la tierra, que aun continúa.
Después de la traición y muerte de los guerrilleros liberales que pactaron la paz, solo un gobierno liberal manifestó su preocupación por la persistencia del latifundio. Carlos Lleras Restrepo, consciente de la deuda social que el Estado Colombiano tiene con los campesinos, desde los tiempos de la conquista, decidió impulsar la Reforma Agraria. Contra viento y marea, enfrentándose a las fuerzas más retrógradas de la sociedad colombiana, logró algunos avances significativos que después se vinieron abajo en la famosa reunión conocida como, “El pacto de Chicoral”, vergonzoso encuentro, donde las vertientes más conservadoras, en el gobierno de Pastrana Borrero, echaron para atrás lo conquistado.
En la actualidad el país vive un segundo paro agrario. El acumulado de tantas acciones irresponsables de los gobiernos anteriores ha terminado haciendo crisis. El abandono y el atropello histórico del campo no ha dado para más y con razones justas y valederas, los campesinos hacen uso de las herramientas de participación social que posee la Constitución Política Colombiana.
Hoy los campesinos enarbolan la bandera de mayor trascendencia para toda la sociedad y el mundo en su conjunto, luchando por la abolición de la ley de semillas, que busca como efecto de la intervención biológica de los productos, imponer los transgénicos, que es la propuesta de Monsanto. Esta ley les prohíbe a los campesinos hacer uso de las semillas que generosamente da la tierra en los mismos productos que ellos cultivan, impidiendo y penalizando su utilización. De este modo, quedan obligados a utilizar solo las semillas que venden la referida monstruosa transnacional.
Es ofensivo para la conciencia nacional que se esté impulsando esta ley de semillas que impide al productor autoabastecerse o intercambiar semillas para sus cultivos. Es muy grave porque atenta en contra de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir quedar prisioneros de los intereses de Monsanto, que tanto mal le hace a la humanidad. Ésta también es nuestra lucha y en este sentido se convierte en una bandera de toda la sociedad y del mundo entero. El gobierno debe dar marcha atrás a este despropósito de ley.
A lo anterior, hay que sumarle el drama que viven nuestros campesinos de los altiplanos colombianos, cultivadores de papa, alverja, frijol, trigo, junto con el de los cultivadores de arroz y maíz de las planicies, que es verdaderamente ofensivo. Ellos tienen que enfrentarse a los precios de los productos importados provenientes de países donde el Estado subsidia generosamente la producción agropecuaria y ha invertido amplios presupuestos para el desarrollo rural desde hace años. A esto hay que unirle la presencia ahora de unas serie de cláusulas contenidas en los TLC que irresponsablemente pone a nuestros campesinos a competir en los precios internacionales, totalmente indefensos. El gobierno nacional tiene que entender que en las peticiones de los campesinos hay más que razones suficientes de peso, que obligan al Estado actuar con verdadero sentido de nación, acogiendo muchas de esas propuestas, con responsabilidad, justicia y compromiso de patria.
Esperamos que el Presidente Santos comprenda las angustias de los campesinos y los colombianos y destine en los diálogos con los dirigentes agrarios, a lo mejor y más solidario de su equipo de gobierno. Llegó la hora de cerrar filas por la Paz, teniendo a su lado a los campesinos.
Alonso Ojeda Awad, Ex embajador de Colombia. Director Programa Paz. Universidad Pedagogica Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario