Durante la verificación, realizada entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, el grupo constató múltiples violaciones de los derechos humanos.
Los dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas son víctimas de amenazas y hostigamientos, tanto por parte de las fuerzas de seguridad pública, como de las empresas privadas de los grandes terratenientes.
La misión conoció, además, casos de secuestro, torturas, lesiones múltiples, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
Por otra parte continúan los desalojos forzosos de las familias asentadas en esa zona y el gobierno incumplió su compromiso de entregar 11 mil hectáreas a los integrantes del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán.
"En vez de políticas y medidas contundentes para resolver la problemática agraria, se observa un proceso de estigmatización y criminalización de la lucha campesina", señaló la misión en un informe.
El grupo estuvo integrado por seis organizaciones y redes internacionales, entre ellas Vía Campesina, la Red Latinoamericana de la Unión de los Trabajadores de la Alimentación, FIAN Internacional y grupos religiosos y humanitarios.
La misión prevé entregar el informe a la Comisión de la Verdad creada en Honduras después del golpe de Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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