La declaración de Torres tienen lugar a raíz del asesinato el pasado martes de una juez penal en el departamento fronterizo de Arauca a manos de sicarios.
El hecho conmocionó a la sociedad colombiana y destapó la delicada situación que viven los funcionarios de la rama judicial en su intento por reprimir a los violentos.
A su vez, la cifra revelada por el magistrado rememoran la compleja situación que atravesaron esos funcionarios durante la llamada época del narcoterrorismo, en la que jueces y magistrados, eran asesinados por orden de los capos de la droga.
Torres sostuvo en Caracol Radio que el Consejo Superior de la Judicatura no interfiere en la vivienda que escogen los jueces, aun si estas están en zonas inseguras, y que su despacho solo puede proceder cuando los funcionarios judiciales expresan que fueron amenazados.
Con ello respondió a los cuestionamientos suscitados por el hecho de que la jueza asesinada vivía en una zona insegura del citado departamento, se transportaba en bus y carecía de un servicio de seguridad pese a los casos delicados que llevaba.
En tanto, este viernes unos 40 mil trabajadores de la rama judicial cumplen en todo el país una jornada de cese de actividades, en protesta por el referido homicidio de la jueza penal.
Al respecto Elvert Mendoza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) del departamento de Cesar, expresó que la manifestación busca denunciar el gran número de funcionarios del sector que se encuentran amenazados.
La organización también indicó que se encargará de conseguir los datos de los jueces y fiscales asesinados o amenazados durante los últimos dos años, para elevar las correspondientes demandas tanto nacionales como internacionales.
En ese sentido, Fabio Hernández, directivo de Asonal Judicial, señaló que se requiere un censo para reducir el nivel de desprotección en que se encuentra la rama.
"Queremos exigir la elaboración de un estudio que determine el nivel de riesgo de cada funcionario por los procesos que lleva y por las zonas donde se encuentra con el fin de diseñar un mecanismos para su protección", apuntó
Hernández también aseguró que los trabajadores judiciales son víctimas de todo tipo de agresiones que van desde asesinatos, atentados, ataques y amenazas permanentes.
El pasado martes desconocidos ultimaron a la juez penal Gloria Constanza, quien llevaba, entre otros, un caso por el homicidio de tres hermanos menores de edad en el citado departamento y en el que estarían involucrados varios militares.
De acuerdo con las autoridades, la abogada fue baleada en la localidad de Saravena (Arauca) cuando se dirigía al juzgado municipal.
Sus exequias tuvieron lugar la víspera en Tunja, capital departamental de Boyacá, en medio de una movilización de pesar encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, y altos dignatarios del poder judicial.
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