Los habitantes de Buenos Aires, Puntarenas, en el sur del país, presentaron una demanda judicial que podría bloquear el proyecto, en el cual ya se invirtieron 80 millones de dólares.
Estas organizaciones fundamentan su reclamo en la Ley Indígena de 1977, según la cual sus territorios son inalienables.
Por su parte, el ICE asegura que el proyecto apenas está en fase de estudio de impacto ambiental, pero la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba denunció que los trabajos ya se iniciaron.
El Gobierno se propone construir una represa con capacidad para generar 650 megawatts, proyecto que será levantado en un área de siete mil 363 hectáreas, de las cuales 915 forman parte del territorio indígena Térraba.
Sin embargo, la obra exige la reubicación de más de mil 500 lugareños y el nuevo trazo de una parte de la carretera Interamericana.
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, que interviene como mediadora en el conflicto, el organismo estatal trabaja hace seis años en tierras indígenas de forma ilegal, con base en un convenio de cooperación que nunca se firmó.
El ICE reconoció que estudia si hay una posible ilegalidad por usar las tierras, pero para continuar con el plan se ampara en un acuerdo que nunca fue suscrito.
La defensoría señala al respecto que no ha habido un esfuerzo estatal por canalizar la voluntad de los indígenas.
Un equipo de derechos humanos de la Universidad de Texas, al sur de Estados Unidos, advirtió en octubre que la construcción de la hidroeléctrica en las tierras de los Térraba amenazaría la existencia y la forma de vida de esta comunidad.
Asimismo, recomendó al ICE adoptar procedimientos razonables y culturalmente sensibles de consulta con los miembros de la etnia, así como estudiar los potenciales impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto.
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