“Hay gente que querían liquidarme y aún están vivos y tienen mucho poder y siguen queriendo atentar contra mi vida. Sé que estoy en peligro”, dijo el sábado último el ex presidente a la cadena local Radio Globo desde Guatemala, donde participa en sesiones del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
“Tengo amenazas injustas de la empresa privada, a pesar de que esta jamás estuvo tan bien como en los tres años que me dejaron gobernar y en los que tuvieron llenas sus chequeras”, añadió sin dar mayores detalles.
Afirmó que en una plática telefónica tras su derrocamiento en junio de 2009 le reclamó por su caída al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez. “Él me dijo: algún día usted lo va a entender, lo que ordenaron hacer fue asesinarlo. Sin embargo, todos los seis generales —de la cúpula castrense— se opusieron a su liquidación”, dijo Zelaya. Vásquez es ahora gerente de la telefónica estatal.
Zelaya se preguntó: “¿Quién se benefició con el golpe?”. Y al mismo tiempo se respondió“los empresarios, los del Comando Sur —del Ejército de Estados Unidos— y las transnacionales”.
Tanto los empresarios locales como Washington han rechazado las insinuaciones frecuentes de Zelaya.
El juez Óscar Chincillas revocó las órdenes de arresto contra Zelaya por dos cargos de corrupción.
Las órdenes de aprehensión datan de julio del 2009, un mes después del golpe de Estado que depuso a Zelaya.
Tras ser derrocado, la fiscalía presentó siete acusaciones contra Zelaya, de las cuales cinco eran por delitos de orden político y de las que quedó eximido cuando el Congreso aprobó en enero de 2010 una amnistía para delitos de esa índole.
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