Managua, 25 mar (PL) La solución del diferendo fronterizo que enfrenta a Nicaragua y Costa Rica no parece estar hoy a la vuelta de la esquina, pero algunas señales indican que ambos países están dispuestos a avanzar en esa dirección.
Las dos naciones centroamericanas vecinas protagonizan desde octubre del pasado año un conflicto limítrofe, desatado por el gobierno de San José con objetivos aún no muy claros, con el argumento de que Nicaragua había violado y causado daños ecológicos a su territorio en la zona fronteriza como consecuencia del dragado del río San Juan.
Esa vía fluvial en un largo tramo de su recorido sirve de frontera entre los dos países, pero forma parte del territorio nicaragüense, por lo que Nicaragua estima con toda justicia que tiene el derecho soberano para realizar labores de limpieza y dragado en su cauce a fin de devolverle su caudal original y hacerlo navegable todo el año.
Costa Rica acudió en enero de este año a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda, con la pretensión, entre otras, de que ese tribunal de la ONU obligara a Nicaragua a detener el dragado del río.
Pero esa demanda no fue satisfecha, porque en un dictamen dado a conocer el 8 de marzo último la CIJ ratificó el derecho de Nicaragua a realizar el dragado del río y afirmó que no se puede concluir que esas labores estén provocando daños ambientales al territorio de Costa Rica.
En su dictamen, la CIJ indicó a los dos países a abstenerse de enviar personal militar o civil al territorio en disputa hasta tanto no resuelva de forma definitiva el diferendo, algo que puede demorar varios años.
Asimismo, otorgó a Costa Rica la posibilidad de enviar personal civil a la zona donde se realiza el dragado si lo considera necesario para evitar daños ambientales a su territorio, pero siempre informando previamente a las autoridades nicaragüenses de sus intenciones y en consulta con la Convención Ramsar.
Finalmente, la CIJ señaló que cada parte debe abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación, y los dos países deben informar al alto tribunal del cumplimiento de las medidas indicadas.
La decisión del tribunal de La Haya abrió en la práctica la posibilidad de que los dos países buscaran finalmente la solución de manera bilateral, por medio del diálogo y la negociación, una opción propuesta en numerosas ocasiones por Nicaragua pero rechazada por Costa Rica.
Todo parece indicar que mientras la posición asumida por Managua desde que comenzó el diferendo ha servido para cohesionar al país en defensa de sus derechos soberanos, en San José se han movido intereses diversos que condicionan en ocasiones la actuación de las autoridades.
El mismo día en que la CIJ dio a conocer su decisión sobre la demanda presentada por Costa Rica, aviones del servicio de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad Pública de ese país sobrevolaron la zona del conflicto, en violación flagrante del espacio aéreo de Nicaragua.
Y esas acciones se repitieron los días 9, 11, 14, 15, 16 y 19 del presente mes de marzo, según la protesta oficial emitida la víspera por el gobierno nicaragüense por intermedio de su ministerio de Relaciones Exteriores.
Tales acciones constituyen una violación y un desacato a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en su resolución del 8 de marzo último y tienden a agravar la situación en la zona en disputa, señala la nota enviada por la cancillería nicaragüense a su similar de Costa Rica.
En contraste, en un mensaje enviado ayer a su homólogo costarricense, el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, confirmó la participación de Nicaragua en una reunión bilateral para discutir "aspectos relativos al párrafo 78 de la resolución de la CIJ del 8 de marzo".
Ese párrafo precisa las aciones a emprender por Nicaragua y Costa Rica, desde sus respectivos territorios, con vistas a evitar que se desarrollen actividades criminales sobre la zona en litigio.
Esa reunión, en la que tomarían parte cinco funcionarios por cada país, estaba prevista a realizarse hoy, pero Nicaragua propuso celebrarla en la segunda semana de abril próximo, ratificando su sede en Peñas Blancas, una localidad costarricense ubicada junto a la frontera con Nicaragua, con la participación de México y Guatemala.
Nicaragua reitera su voluntad de cumplir plenamente el mandato de la CIJ de poner sus mayores esfuerzos para cooperar en el mejor espíritu de buena vecindad para combatir cualquier actividad criminal que pueda desarrollarse en el territorio disputado, expresa el canciller Santos en su mensaje.
Es de esperar que por ese camino los dos países logren en un plazo relativamente corto despejar los obstáculos que enturbian desde hace medio año sus vínculos, y prácticamente mantienen paralizado el proceso de integración centroamericano.
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