Carolina Escobar Sarti
O la ignorancia es audaz, o no hay costumbre de razonar lo que se dice o la perversidad es mayúscula. Decir que quienes se oponen a la explotación de los recursos naturales en zonas protegidas o en territorios habitados se oponen al desarrollo, es una falacia. Hay suficientes tsunamis, explosiones en plantas de gas, huracanes, inundaciones, derrames en pozos petroleros, amenazas en centrales nucleares, animales extintos o cacerías brutales, entre otros, como para no abrir los ojos a este modelo de explotación y extracción letal que algunos han querido vender como “desarrollo”.
Me refiero hoy a un proyecto que ha pasado inadvertido en medio de cosas tan “importantes” como el divorcio de la pareja presidencial. Hablo de la Terminal de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo que se quiere instalar en el Río Pío Quinto, Ejidos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. Ubicado dentro del área protegida “Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique”, su monto estimado de inversión es de USD27,776,813.30 y el número de empleos que va a generar en la fase de construcción, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que he podido ver, es de 140, cifra que luego disminuiría a 49.
La actividad turística en esa zona ¿no sería más rentable para más personas y menos peligrosa? La instalación del proyecto no solo amenaza los ecosistemas naturales de un Área Protegida, sino a la población establecida en sus áreas de influencia y a actividades económicas como el turismo. El riesgo de fuga o explosión que representan la conducción y almacenamiento del gas licuado no es poco. Recordemos la explosión de una planta de propano en el 2008, ubicada en el kilómetro 17.5 de la carretera al Atlántico, con un saldo de varios heridos y muertos.
El decreto legislativo 23-2005, que declara como Área Protegida el “Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique”, tiene como objetivo principal el desarrollo de un ecosistema marino-costero en donde se mantengan los procesos ecológicos esenciales y se alcance la sostenibilidad en la producción de bienes y servicios derivados. O sea que no solo es un asunto de conciencia, sino que hay una prohibición legal para que allí se establezca esta planta.
En esta zona no están permitidos proyectos industriales, porque los usos del Área Protegida están orientados a permitir el desarrollo de actividades de bajo impacto que beneficien a los pobladores locales. Ecoturismo, manejo forestal, caza deportiva y de subsistencia, tránsito, desarrollo comunitario, actividades pesqueras a escala artesanal y pequeña escala, acuicultura con especies nativas, colecta de vida silvestre, construcción de viviendas para los pobladores locales y otras que no son industriales; todo está permitido. ¿Podemos, entonces, equiparar este tipo de actividades a unos pocos empleos obtenidos a un costo humano y ambiental tan alto?
Esta terminal tendría una capacidad de almacenamiento de hasta 7.5 millones de galones, distribuidos en cinco esferas con capacidad de almacenar 1.5 millones de galones cada una. Se pretende instalarlas a una distancia aproximada de 800 metros de la comunidad de Creek Negro, 1.0 km de la comunidad Machaquita Chiclero, 1.7 km de la comunidad de Machacas del Mar, 1.8 km de la finca de Pichilingo, 3.5 km del Hotel Amatique Bay, 4.5 km del casco urbano de Puerto Barrios. Cuando explotó la planta de gas en el 2008, el entonces ministro de Energía y Minas señaló que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, en su artículo 49, establece la distancia mínima, con relación a perímetros urbanos y establecimientos educativos, para la instalación de este tipo de proyectos, cosa que aquí no se cumple.
¿Más razones? El área propuesta para establecer el proyecto está influenciada por la falla geológica del río Motagua, por lo que la ocurrencia de sismos de diferentes intensidades es latente, lo cual pone aún más en riesgo a la población local. El matrimonio capital-voracidad, maquillado de desarrollo, ha parido un país eternamente desigual cuya posición es la No. 11 a nivel mundial en Coeficiente Gini, la medida de desigualdad en los ingresos. ¿Desarrollo? No. Solo el mensaje de este modelo expoliador: “Quítense leyes, quítense humanos, quítese ambiente, quítese futuro, quítese sobrevivencia, que ahi les voy!”.
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