FOTO: Ricardo Ruíz
Sepelio de Marisela Escobedo, activista asesinada en Juárez.
Sepelio de Marisela Escobedo, activista asesinada en Juárez.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Organismos civiles denunciaron hoy que en la última década han sido asesinados unos 100 defensores de derechos humanos en América Latina a pesar de contar con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana (CIDH).
Por esa razón, durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, representantes de 23 organizaciones de 11 países guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
En la audiencia sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, presidida por el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, los defensores exigieron a la CIDH mayor vigilancia y monitoreo en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a defensores, así como convertir en relatoría especial la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de este organismo.
La breve intervención fue transmitida a través de la página web de la CIDH; participaron ocho activistas de Colombia, Honduras, México y Guatemala. Ahí se dieron a conocer las nuevas modalidades de riesgos para los defensores, con lo que se actualizó el informe sobre este tema emitido por la Comisión en 2006.
Señalaron que el clima de inseguridad en el que trabajan los defensores de derechos humanos en América “ha alcanzado niveles alarmantes”, pues se han registrado más de 2 mil agresiones en contra de unos mil defensores, que incluyen asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas.
La situación de riesgo, apuntaron “responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo y tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región”.
Entre los agravios más frecuentes, informaron, sobresalen las amenazas. Al respecto, señalaron que entre 2004 y 2009, sumaron 146 las denuncias, sobre todo en Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú.
Destacaron su preocupación por las violaciones a las garantías de los defensores que trabajan por los derechos de las personas desplazadas, grupos de mujeres, por la restitución de tierras y sindicalistas. Agregaron que entre 2009 y 2010, fueron asesinados 46 líderes de desplazados.
Ayer, en la audiencia sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México”, la directora del Programa para Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, recordó que en los últimos 15 meses en Ciudad Juárez han sido asesinadas tres defensoras: Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez, en tanto que otras tres defensoras se vieron obligadas a salir de Chihuahua para salvaguardar su vida.
Asimismo, denunciaron que cada vez es más frecuente que gobiernos de la región recurran a los grupos de “inteligencia policial o militar” para hacer un registro de los movimientos de los defensores. En eso informes, agregaron, se les acusa de “destructores del Estado y guerrilleros, y que su trabajo es un riesgo para instituciones”.
Entre las actividades de las agencias de inteligencia se han detectado “seguimientos interceptación de comunicaciones, infiltración, indagaciones sobre movimientos bancarios, robo de equipo, e indagaciones sobre los familiares de los defensores”, señalaron.
Alertaron sobre la necesidad de que la CIDH sea un vehículo eficaz para impulsar políticas públicas para difundir y promover el trabajo de los defensores.
Los comisionados señalaron que está vigente el debate sobre darle el rango de relatoría a la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, y coincidieron en que resulta alarmante el nivel de riesgo en que trabajan los activistas de la región.
La comisionada consideró preocupante que defensores con medidas cautelares otorgadas por la CIDH sean víctimas de agresiones, por lo que pidió a las organizaciones apoyar al organismo informando sobre la situación del cumplimiento de las mismas.
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