El suceso, que fue condenado por diversos entes internacionales, eleva a 50 los trabajadores ultimados en los últimos tres años que se vinculaban a la reconquista de terrenos despojados por paramilitares.
Las víctimas fueron asesinadas entre el martes y el miércoles pasados de esta semana, según la prensa local. Hasta ahora se ha confirmado que una de las muertes ocurrió en el municipio de Turbo (departamento de Antioquia, al noroeste) mientras que las otras dos sucedieron en Apartadó, en la misma entidad.
El primer asesinado fue el miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Bernardo Ríos Londoño; quien fue ultimado el pasado martes.
Seis horas después se produjo el homicidio de Ever Verbel Rocha, quien pertenecía al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo en Sucre (norte).
En tanto, el miércoles el líder del proceso de reclamación de tierras en Tulapas, municipio de Turbo (Antioquia), David Góez Rodríguez, fue asesinado en horas del mediodía en Medellín.
Hasta los momentos las autoridades sólo han dicho que los asesinatos ocurrieron en extrañas circunstancias y efectuados por sicarios. Uno de los presuntos responsables ya está en manos de la policía.
Según el ministerio de Agricultura, con estos homicidios suman nueve los asesinatos de líderes campesinos desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió el poder en agosto de 2010.
A su vez, la Organización No Gubernamental (ONG) Forjando Futuro de Medellín, encargada de defender a víctimas de despojo de tierras por grupos paramilitares, recalcó que desde 2002 los asesinatos de campesinos alcanzaron los 50.
Los actos fueron condenados este viernes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que además instó a los organismos estatales de Colombia a revisar de manera profunda los programas de protección de personas amenazadas por paramilitares.
La ONU expresó también su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó la víspera los crímenes contra los líderes campesinos.
El aumento de los asesinatos a campesinos ocurre tras el lanzamiento de un plan gubernamental que pretende la restitución de tierras. Esta estrategia ha sido muy criticada en el país suramericano porque el modo de recuperación es sólo despojar de los predios a grupos paramilitares pero no dar seguridad a los que recuperan sus terrenos.
En este sentido, el abogado cercano a Góez, Gerardo Vega, indicó que la víctima había identificado en declaraciones ante la Fiscalía al testaferro de algunas tierras arrebatadas por los asesinados hermanos Castaño, fundadores en 1997 de la milicia de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusada de miles de asesinatos y despojos de tierra.
“Ante amenazas cambió sus declaraciones, pero después mataron a David Góez, para cerrar la historia”, declaró el abogado.
A pesar de las muertes, el Presidente de Colombia aseguró este viernes que va a seguir adelante con el plan de restitución de tierras.
“No vamos a permitir que los violentos vayan a detener una política que para nosotros es fundamental”, advirtió Santos, quien también agregó que su propósito es devolver a los campesinos dos millones de hectáreas en los cuatro años de su Gobierno.
“Es un acto de justicia”, concluyó el gobernante.
Agencias
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