TEGUCIGALPA.- En el llamado "paro cívico nacional", en Tegucigalpa, miles de zelayistas interrumpieron el flujo de vehículos con neumáticos incendiados en el bulevar Fuerzas Armadas, una de las artéreas más transitadas al sur de la ciudad, provocando severos embotellamientos.
El subcoordinador del FNRP, Juan Barahona, indicó a la AFP que los bloqueos de carreteras se llevaban a cabo en una docena de lugares en los departamentos de San Pedro Sula (norte), Olancho y El Paraíso (este), Comayagua (centro), y Colón (costa Atlántica).
Barahona precisó que las manifestaciones obedecen al planteamiento de la asamblea del FNRP del 26 de febrero, en que delegados de los 18 departamentos del país, más el llamado departamento 19 de los migrantes a Estados Unidos, pidieron el regreso del ex presidente Manuel Zelaya.
"También estamos en apoyo a los maestros, (por) la no privatización de la educación", explicó.
Los educadores, unos 60.000 agrupados en seis sindicatos, han protestado en las calles durante cerca de cinco semanas contra un proyecto de ley que transfiere a las municipalidades el control de la educación pública, lo que ha provocado numerosos enfrentamientos con la policía.
Barahona aseguró que Zelaya ha sido sometido a un "juicio político y la Corte Suprema de Justicia no tiene voluntad de resolverlo".
"No nos queda más que seguir luchando para que sean derogados los juicios políticos y que Zelaya pueda regresar sin condiciones al país", sentenció.
Un juez hondureño ordenó el viernes mantener abiertos los juicios por corrupción contra Zelaya, tras el golpe de estado del 28 de junio 2009. Sin embargo, ordenó también que se suspendan las órdenes de captura en su contra.
La decisión del juez había creado una gran expectativa en Honduras y se daba por hecho que anularía los juicios para permitir que Zelaya regrese de su exilio en República Dominicana, como son las intenciones del presidente Porfirio Lobo.
La anulación de los procesos facilitarían el eventual retorno de Zelaya a Honduras, asilado en República Dominicana desde el 27 de enero de 2010.
Lobo está interesado en el regreso de Zelaya porque es una de las condiciones que la Organización de Estados Americanos (OEA) impuso a Honduras para su reingreso a dicha institución, de la que está suspendida desde el 5 de julio en represalia por el derrocamiento de Zelaya.
Los sectores que dieron el golpe a Zelaya lo acusaron de corrupción y traición a la patria por sus pretensiones de convocar a una Asamblea Constituyente que redactara una nueva constitución para, según sus detractores, abrirse paso a la reelección.
Los cargos por delitos políticos fueron sobreseídos por un decreto de amnistía del presidente Lobo, pero están pendientes las acusaciones por delitos comunes: fraude, violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad por el uso de tres millones de dólares en publicidad.
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