Según la abogada Victoria Fariña, la obstrucción al trabajo de la defensa estuvo entre las muchas irregularidades del encausamiento judicial contra los cuatro dirigentes del pueblo mapuche, castigados con penas de entre 20 y 25 años de cárcel, tras el cuestionado cargo de haber participado en un atentado a un fiscal chileno.
"Nosotros no tuvimos acceso a saber quiénes eran los testigos protegidos y cuáles declaraciones les correspondían (â��) porque nunca nos entregaron los nombres hasta después de un reclamo presentado ante la Fiscalía regional", denunció la jurista, citada por Radio Universidad de Chile.
Fariña y el resto de los abogados que representan a los sentenciados Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical tienen hasta el próximo viernes 1 de abril para presentar la solicitud de anulación del juicio llevado a cabo en la localidad de Cañete, en la sureña región del Bío Bío.
Mientras, continúan los actos de protesta y las expresiones de denuncia de sectores de la izquierda chilena contra la condena impuesta a los cuatro comuneros, sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, organización que reivindica ante el Estado la devolución de las tierras de los mapuche.
Convocadas por familiares de los procesados, tuvieron lugar la víspera movilizaciones en las ciudades de Concepción, Valparaíso y en esta capital en reclamo de un juicio justo y en contra de la aplicación de la ley antiterrorista, instrumento jurídico que data de la etapa del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y del que se amparó la fiscalía.
El excandidato presidencial chileno Jorge Arrate calificó la sentencia contra los comuneros de aberración que expresa en la práctica un hecho de terrorismo jurídico con el fin de disciplinar al pueblo mapuche y acallar su lucha.
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