“Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón puso en marcha la estrategia nacional contra la delincuencia organizada, se han sucedido las reclamaciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) por el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, torturas, y falta de transparencia ejercidos por las fuerzas de seguridad del Estado”, manifestó la portavoz de la organización mexicana Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Karín Zazueta en la segunda jornada de audiencias públicas del 141 periodo de sesiones de la CIDH.
Indicó que se calcula que unas 35 mil personas han muerto en México desde que la Administración Calderón desplegó las fuerzas militares en 2006 en los estados más afectados por el narcotráfico.
Para las ONGs, esta operación ha sido "un rotundo fracaso" con consecuencias "nefastas", como el aumento "sideral" de la violencia, el secuestro y la extorsión.
Además señalan que la implicación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico ha producido un incremento del 75 por ciento en las tasas de homicidios, de manera que ha roto una tendencia a la baja que se había prolongado durante casi 20 años, apuntó Zazueta.
Precisan que México alberga la urbe más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez (norte), que tiene una "tasa de 485 homicidios por cada 100 mil habitantes".
La delegación del Gobierno mexicano en la audiencia rehusó discutir datos y casos concretos y se limitó a argumentar la necesidad de adoptar una medida de "tanta envergadura" como lo es la guerra contra el narcotráfico.
"Hubiera sido más fácil administrar el problema que enfrentarlo, pero si no lo hubiéramos hecho la delincuencia organizada habría penetrado en todos los rincones del país", afirmó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mexicana, Felipe de Jesús Zamora.
Los representantes del Gobierno admitieron, no obstante, que esta estrategia representa "una lucha larga y cruenta" y que los resultados no se podrán ver a corto plazo.
Zamora se esforzó en subrayar que la estrategia se lleva a cabo en el "más estricto cumplimiento de los derechos humanos", y recomendó a los representantes de la ONGs que fueran "más precisos en sus denuncias para no confundir las cosas".
En concreto, en las filas de los representantes del Estado incomodó que las asociaciones aseguraran que México está emprendiendo "medidas de excepción", algo que negaron con contundencia.
La delegación del Gobierno argumentó que cuando se inicia una intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada, sube el índice de violencia en un primer momento, pero más tarde desciende, y vaticinaron que en México también disminuirá.
La audiencia sobre la seguridad ciudadana y derechos humanos en México fue el plato fuerte de una jornada en la que la CIDH dedicó una amplia atención a este país, al que consagró un total de cinco reuniones.
La CIDH se ha comprometido a visitar México para comprobar la situación de los derechos humanos en todos los casos discutidos este lunes, entre los que destacó la negativa de la Administración de Calderón a eliminar la figura jurídica del "arraigo", que permite mantener detenidas a personas sospechosas de delitos graves hasta 80 días sin comparecer ante un juez.
teleSUR-Efe-La Jornada/ nh
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