James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas, presentó ayer su informe sobre la falta de consulta a los pueblos indígenas con relación a la explotación minera y otras actividades en sus territorios ancestrales.
Anaya concedió una entrevista a Prensa Libre en la que profundizó sobre su informe y expresa preocupación por el uso de estados de excepción, como el impuesto en Alta Verapaz, y cómo estos no ayudan a superar el clima de conflictividad. Además, habló del proyecto de reglamento de consultas comunitarias.
¿Cómo ve la situación de los estados de excepción en Guatemala?
A mi juicio y la información que me ha llegado, no han ayudado a promover soluciones a los problemas de fondo, y más bien han sido percibidos como otra forma de intimidación.
Nos preocupa que el uso de estados de excepción no ayudan, más bien obstaculizan. Mientras no se resuelvan los asuntos de fondo sobre tierras, consultas y proyectos, fomentarán más problemas.
¿Qué otros casos analiza, además del de la mina Marlin?
Analizo pronunciarme en sobre la situación en San Juan Sacatepéquez —por la fábrica de cemento—. Este caso formará parte del otro informe que presentaré al respecto.
¿Ya conoce el reglamento de consultas comunitarias?
Sí, lo conozco. He comunicado al Gobierno y organizaciones que considero que deben mejorar ese documento.
Lo más importante es que debe consultarse a las comunidades indígenas; tiene que haber diálogo y consenso que regule la consulta a los pueblos originarios.
¿Qué cambios le haría al reglamento?
He hecho mis sugerencias; el Gobierno tomó en cuanta algunas y otras no. Ahora es necesario saber qué cambios harían los pueblos indígenas. Yo insisto en que debe ser considerada la posición de ellos.
¿Es suficiente un reglamento o es necesaria la ley?
Es una cuestión de derecho interno. Mi interés es que cualquier proceso que haya sea seguro, justo y se acate la decisión de las comunidades indígenas.
Fuente, Prensa Libre
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