Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.
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Compañero director: La falta de medicamentos en clínicas y hospitales, amenaza la salud y la vida de asegurados y derechohabientes. El desabasto recurrente de los últimos y primeros meses de cada año se ha agravado al grado de que no existen los medicamentos indispensables para la atención médica. Es el resultado del programa: Medicamento Exprés que eleva costos, impone obstáculos para que se surtan recetas y reduce la capacidad del ISSSTE en el abasto de medicamentos. Existe información de los hospitales de la zona metropolitana, con registro de cero medicamentos. Reformas y mala administración del ISSSTE colapsan la seguridad social, afectan la calidad de la atención médica y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, generando conflictos entre derechohabientes y empleados.
El deterioro de los servicios de salud es producto de las reformas del 2007 que desfinancian drásticamente la seguridad social de los empleados públicos, reducen las aportaciones, además, el gobierno incumple con las aportaciones para los servicios médicos de los jubilados y pensionados, recursos que superan los 5 mil millones de pesos al año. A cuatro años de la nueva ley el Congreso debe hacer una evaluación de las reformas y determinar los cambios pertinentes a la ley que entró en vigor el 1º de abril de 2007. La revisión de la nueva ley intenta ser utilizada para profundizar los intentos para desmantelar la seguridad social, el año pasado el gobierno lanzó una campaña contra el IMSS, anunciando su crisis financiera terminal. Hoy tenemos que preparar las acciones para restaurar el régimen público, solidario e integral de la seguridad social.
La privatización del abasto mediante el millonario contrato a la empresa Fármacos Especializados que supera los 3 mil millones de pesos, es un convenio que eleva costos y obstaculiza el acceso a medicamentos, en las farmacias del ISSSTE los enfermos tienen que canjear las recetas por vales y posteriormente buscar en las farmacias privadas donde tengan existencias del medicamento. La compra fragmentada por unidades de salud encarecerá el producto y genera mayor corrupción la cual se estima en 10% de las compras. En 3 mil millones de pesos, deja corruptelas por 300 millones de pesos.
El acceso a los tratamientos y los estudios diagnósticos también se encuentran en un franco deterioro, existen pacientes que tienen más de tres meses esperando quimio y radioterapia y no se ha fijado fecha de inicio de tratamiento, la cita telefónica está paralizada y el rezago de atención está peor que antes de 2007, fecha en que se impuso la nueva ley del ISSSTE, con la promesa de que se mejorarían los servicios y el instituto aseguraría su viabilidad financiera.
Hoy nuevamente demandamos que el gobierno cumpla con el derecho a la salud, con el acceso oportuno, la atención integral y gratuita, para lo que es necesario que el Estado produzca vacunas y medicamentos para asegurar el abasto necesario, reduzca costos, genere empleo y propicie desarrollo tecnológico y soberanía sanitaria. Con el costo de la compra de 10 millones de vacunas a laboratorios trasnacionales se pueden construir tres laboratorios nacionales públicos.
El 3 y 9 de marzo asistiremos a las oficinas centrales del ISSSTE, Plaza de la Revolución y Juárez, para demandar la cancelación de la privatización de los servicios médicos y el abasto de material y medicamentos, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Ante el fracaso del mejoramiento de la seguridad social y la nueva ley del ISSSTE, realizaremos una jornada por el derecho universal a la seguridad social y la restitución del régimen público, solidario e integral de la seguridad social, establecido en la Constitución.
Ante los raquíticos incrementos salariales y la grave carestía, llamamos a organizar una campaña por aumento general de salarios y jubilaciones, contra la carestía y el incremento mensual de gasolinas y gas, por empleo constitucional y financiamiento para salud, educación y vivienda, la eliminación de impuestos a jubilaciones y prestaciones sociales. Cancelación de subsidios fiscales a las grandes empresas y al capital especulativo.
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