Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 17 ago 11 (CIMAC).- Debido a que las mujeres en El Salvador “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel” cuando acuden a los servicios públicos de salud por abortos incompletos o complicaciones en el embarazo por las que el producto muere. Así, se calcula que en ese país hay alrededor de 70 salvadoreñas procesadas penalmente por aborto, informó a Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico, con sede en el país centroamericano. Tal violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres deriva de la modificación que en 1997 se hizo a la Constitución salvadoreña para reconocer la vida desde el momento de la concepción; con esta reforma “se penaliza absolutamente el aborto” y el personal de salud pública tiene el mandato de denunciar estos casos, explicó la activista.
Antes de la modificación constitucional, el aborto era legal “cuando peligraba la vida de la madre, cuando el producto era inviable y cuando era producto de violación”, ahora las salvadoreñas organizadas pugnan porque haya un cambio en la ley. “Al menos lo que teníamos antes, porque es lo justo”, aseveró Moisa.
En tanto, la Agrupación Ciudadana acompaña jurídicamente a algunas de las mujeres que han sido procesadas penalmente por el delito de aborto, que “tramposamente” cambian al de homicidio agravado “basándose en la protección de la vida desde la concepción”, apuntó. En El Salvador la sanción por el delito de aborto va de uno a ocho años de prisión sin derecho a fianza, mientras que por homicidio agravado alcanza hasta 30 años. Actualmente, se calcula que hay 70 mujeres presas por aborto, pero hay un subregistro, ya que las organizaciones no han tenido acceso al registro completo de estos casos.
La inmensa mayoría de estas salvadoreñas son jóvenes pobres, “por eso las denuncias de aborto vienen de la red pública y no del sistema privado de salud”, aclaró. La historia de las acusadas es semejante: “se desmayan, pierden sangre, quedan inconcientes, la familia llama a la policía para que las lleve a un hospital, porque no hay ambulancias y ellas viven en condiciones de pobreza, retiradas de los centros de asistencia”.
Cuando llegan a los servicios de salud “empieza a construirse el caso, las califican de malas madres, malas mujeres”, acusó la activista. Con frecuencia, añadió, aunque todavía no determinen porque murió el producto “la primera acusación es decir que es aborto consentido y en esas condiciones las mujeres van presas”, pues “la prueba científica ni siquiera es necesaria, basta con el argumento religioso-moralista” de las autoridades. Un elemento “grave” es que las salvadoreñas “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel, no hay una averiguación previa.
Si se vislumbra que fue aborto son denunciadas y van directamente a la cárcel”, denunció Moisa. Tras un lustro de lucha, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico ha conseguido liberar a cuatro mujeres. En este escenario, las salvadoreñas organizadas señalan que el aborto no es un problema de mujeres “se trata de un asunto de salud pública y de Derechos Humanos”.
Por ello, dijo, se movilizan constantemente para informar acerca de la penalización y sus consecuencias, las cuales recaen principalmente en las mujeres jóvenes y pobres. Al mismo tiempo exigen una reforma constitucional que les devuelva el derecho al aborto por las tres causales perdidas.
México, DF, 17 ago 11 (CIMAC).- Debido a que las mujeres en El Salvador “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel” cuando acuden a los servicios públicos de salud por abortos incompletos o complicaciones en el embarazo por las que el producto muere. Así, se calcula que en ese país hay alrededor de 70 salvadoreñas procesadas penalmente por aborto, informó a Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico, con sede en el país centroamericano. Tal violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres deriva de la modificación que en 1997 se hizo a la Constitución salvadoreña para reconocer la vida desde el momento de la concepción; con esta reforma “se penaliza absolutamente el aborto” y el personal de salud pública tiene el mandato de denunciar estos casos, explicó la activista.
Antes de la modificación constitucional, el aborto era legal “cuando peligraba la vida de la madre, cuando el producto era inviable y cuando era producto de violación”, ahora las salvadoreñas organizadas pugnan porque haya un cambio en la ley. “Al menos lo que teníamos antes, porque es lo justo”, aseveró Moisa.
En tanto, la Agrupación Ciudadana acompaña jurídicamente a algunas de las mujeres que han sido procesadas penalmente por el delito de aborto, que “tramposamente” cambian al de homicidio agravado “basándose en la protección de la vida desde la concepción”, apuntó. En El Salvador la sanción por el delito de aborto va de uno a ocho años de prisión sin derecho a fianza, mientras que por homicidio agravado alcanza hasta 30 años. Actualmente, se calcula que hay 70 mujeres presas por aborto, pero hay un subregistro, ya que las organizaciones no han tenido acceso al registro completo de estos casos.
La inmensa mayoría de estas salvadoreñas son jóvenes pobres, “por eso las denuncias de aborto vienen de la red pública y no del sistema privado de salud”, aclaró. La historia de las acusadas es semejante: “se desmayan, pierden sangre, quedan inconcientes, la familia llama a la policía para que las lleve a un hospital, porque no hay ambulancias y ellas viven en condiciones de pobreza, retiradas de los centros de asistencia”.
Cuando llegan a los servicios de salud “empieza a construirse el caso, las califican de malas madres, malas mujeres”, acusó la activista. Con frecuencia, añadió, aunque todavía no determinen porque murió el producto “la primera acusación es decir que es aborto consentido y en esas condiciones las mujeres van presas”, pues “la prueba científica ni siquiera es necesaria, basta con el argumento religioso-moralista” de las autoridades. Un elemento “grave” es que las salvadoreñas “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel, no hay una averiguación previa.
Si se vislumbra que fue aborto son denunciadas y van directamente a la cárcel”, denunció Moisa. Tras un lustro de lucha, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico ha conseguido liberar a cuatro mujeres. En este escenario, las salvadoreñas organizadas señalan que el aborto no es un problema de mujeres “se trata de un asunto de salud pública y de Derechos Humanos”.
Por ello, dijo, se movilizan constantemente para informar acerca de la penalización y sus consecuencias, las cuales recaen principalmente en las mujeres jóvenes y pobres. Al mismo tiempo exigen una reforma constitucional que les devuelva el derecho al aborto por las tres causales perdidas.
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