"Esta ley es una vergüenza y no hace nada más que impedir la justicia", denunció Susan Lee, directora del programa América de la organización internacional de defensa de los derechos humanos establecida en Londres.
"Manteniendo una ley que permite que crímenes como la tortura y el asesinato queden impunes, Brasil se queda atrás con respecto a otros países de la región que han hecho esfuerzos serios para ocuparse de estos asuntos", agregó en un comunicado.
Además, esa impunidad ha "negado a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", precisó.
La ley, que fue promulgada por la propia dictadura, se ha mantenido vigente durante todos los gobiernos democráticos posteriores.
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) entabló el año pasado una acción para obtener una reinterpretación de la Ley que dejara fuera de la amnistía a quienes cometieron delitos como violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones.
Pero en abril de 2010, la Corte Suprema brasileña falló en contra de una nueva interpretación.
Antes de fin de año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que dicha ley era "incompatible" con la Convención Americana de Derechos Humanos, e instó a Brasil a obrar en consecuencia.
Para Susan Lee, "la Ley de Amnistía va en contra de todos los compromisos nacionales e internacionales que ha adquirido el gobierno para defender los derechos humanos". "Debe ser anulada y los responsables de los abusos llevados ante la justicia sin demora", estimó.
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