México, 24 ago (PL) Para el sacerdote Alejandro Solalinde, una de las principales voces de los indocumentados en México, a un año de la masacre de San Fernando, en Taumalipas, el país se visibiliza como un gran cementerio de migrantes.
En entrevista con Prensa Latina, el coordinador de la zona suroeste de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, consideró que en este tiempo existieron cambios positivos y negativos en relación con este tema.
El padre Solalinde, como es conocido, recordó que en San Fernando fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, asesinados por el grupo criminal Los Zetas.
Tras este hecho, en lo positivo, creció el movimiento de conciencia a favor de estos grupos en la sociedad civil y en algunos sectores de la iglesia católica, precisó.
A su entender, en la actualidad hay mayor solidaridad hacia los migrantes, y sobre todo, enfatizó, ya se ha visibilizado el problema de que México es un cementerio de hermanas y hermanos migrantes.
También existe, abundó, más esperanza y fe en los movimientos civiles y ciudadanos, además de mayor seguridad en los derechos que tienen estos grupos durante su paso por el país.
En lo negativo, precisó, aún la impunidad prevalece, y hasta la fecha no hay ningún responsable condenado por la justicia, ni tampoco hay detenidos de importancia de los agentes federales, estatales y municipales implicados en estos hechos.
Otro aspecto contrario ha sido el aumento de los secuestros, de nueve mil 758 en el 2009, la cifra se disparó, en el mismo año de esa masacre, a 11 mil 333, explicó el también responsable del Albergue Hermanos en El Camino, de Oaxaca.
Pero lo más terrible, insistió Solalinde, es la obstinación del gobierno federal, específicamente del presidente Felipe Calderón, de seguir contaminando el tema del flujo migratorio con el de seguridad nacional.
El Instituto Nacional de Migración es una institución cuya naturaleza es administrativa, añadió, sin embargo, el gobierno la ha convertido en una agencia de seguridad nacional, al servicio también de Estados Unidos.
La nueva Ley de Migración todo lo bueno que tiene es "a pesar del gobierno federal", recordó el activista, miembro además de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
La propuesta inicial del Ejecutivo al Senado era una réplica de la Ley SB1070 de Arizona, explicó Solalinde a PL.
Gracias al actuar de la sociedad civil, varias organizaciones no gubernamentales y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras agrupaciones ciudadanas, se lograron eliminar todos los aspectos que criminalizaban al migrante, detalló.
A un año de los sucesos de San Fernando, no vamos a bajar la guardia hasta lograr que se respete la integridad total de cada una de las personas que pasen por el país, concluyó el sacerdote.
Según cifras oficiales, cada año, rumbo a Estados Unidos, transitan por México unos 400 mil indocumentados procedentes en su mayoría de Centroamérica.
En su trayecto se deben enfrentar muchos obstáculos y no precisamente geográficos.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre abril y septiembre del 2010 se reportaron 214 secuestros masivos de migrantes, con un saldo de 11 mil 333 víctimas.
En el país hay 71 municipios, de 16 estados, identificados como las zonas más peligrosas para este sector, donde sufren secuestros, abusos de autoridad, extorsiones, robos y ataques sexuales.
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