La Corte Suprema de Justicia salvadoreña denegó el miércoles al juez español Eloy Velasco, que instruye el caso, el pedido de capturar a nueve militares retirados salvadoreños presuntamente implicados en el asesinato de los sacerdotes, cinco de ellos españoles.
Además, la Corte señaló que el país ibérico no había solicitado la extradición de los militares. Los nueve acusados se entregaron voluntariamente a principios de agosto, pero no fueron formalmente ni arrestados ni encarcelados.
En ese sentido, el juzgado de Velasco aseguró no tener constancia de tales detenciones, y a través del Ministerio de Justicia español envió un documento oficial a El Salvador para que explique los últimos acontecimientos.
En el documento, Velasco pide que se clarifique “la situación jurídica de los nueve militares procesados, si están en situación de detención preventiva y, de estar detenidos, en qué lugar y bajo la autoridad de qué juez” .
El magistrado también preguntó a la Corte Suprema salvadoreña si ha iniciado o no el proceso de extradición.
Sobre la extradición, un portavoz de la Audiencia Nacional explicó a The Associated Press que las órdenes internacionales de captura a través de Interpol se cursan a “fines de extradición” , en este caso a Madrid. Pero precisó que no se puede tramitar dicha extradición si el juzgado no está debidamente informado de la captura del sospechoso.
El portavoz habló bajo condición de guardar el anonimato, de acuerdo con las políticas del departamento.
Los nueve militares que se entregaron en El Salvador fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
Otro ex oficial implicado en el caso, Inocente Orlando Montano, se encuentra ahora mismo en libertad bajo fianza en Estados Unidos, acusado de un delito migratorio.
Seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de hogar fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados del ejército durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en plena guerra civil en El Salvador.
En un primer momento, el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados de varios tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) .
Algunos de los militares acusados de pepetrar la matanza fueron juzgados en 1991, pero la mayoría resultaron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.
Velasco pidió la detención de hasta 20 militares salvadoreños en mayo, imputándoles varios delitos de asesinato terrorista y uno de crimen de lesa humanidad. El magistrado invocó el mismo principio de justicia universal que hace unos años permitió al juez Baltasar Garzón investigar al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El auto de procesamiento culminaba dos años de una larga investigación que inició tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
Para Velasco, la responsabilidad penal de los acusados no está extinguida a pesar de la amnistía. En el auto de procesamiento de mayo, el juez señala que el asesinato de los jesuitas fue una decisión colegiada que tomaron “varias instituciones del ejército” .
Según Velasco, el motivo fundamental de los crímenes fue el papel de liderazgo asumido por los sacerdotes y en especial Ellacuría para favorecer la apertura de un diálogo entre el FMLN y el gobierno que en aquel momento presidía Alfredo Cristiani con el respaldo de Estados Unidos.
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