El director interino de la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) y el fiscal federal de Arizona presentaron sus renuncias, informó el departamento, y un funcionario dijo que un fiscal que trabajó en la operación fue asignado a casos civiles.
Según las autoridades, la operación, conocida como Rápido y Furioso, fue concebida para seguirle el rastro a compradores de armas de poco monta en varias tiendas del área de Phoenix para ubicar y procesar a traficantes importantes de armamento. La campaña fue una respuesta a las persistentes críticas a la ATF por concentrarse en las infracciones menores con armas, sin combatir a los cabecillas del mayor contrabando de armamento.
El Congreso realizó una investigación sobre el programa y ha presentado pruebas de que la ATF le perdió el rastro a muchas de las más de 2.000 armas vinculadas con la operación. El inspector general del Departamento de Justicia también indaga la operación a solicitud del secretario de Justicia, Eric Holder.
Unas 20 personas han sido acusadas por su posible participación en la operación, y otras más podrían ser también implicadas.
Kenneth Melson será reemplazado como director interino de la ATF por B. Todd Jones, el fiscal federal en Minnesota.
Ante las presiones de legisladores republicanos y del departamento, Melson finalmente compareció en privado ante los investigadores del Congreso. Dijo que los superiores de su departamento “estaban haciendo más control de daños que otra cosa” y que trataban de distanciar a los altos funcionarios de la controversia.
También dimitió Dennis Burke, fiscal federal en Arizona, cuya oficina tuvo una profunda implicación en la operación. Burke será reemplazado de manera provisional por su asistente primera, Ann Scheel.
En un cambio relacionado, un funcionario judicial en la fiscalía federal de Phoenix que trabajó en la investigación de Rápido y Furioso, Emory Hurley, fue reasignado de casos penales a asuntos civiles, según un funcionario, que habló en forma anónima sobre un asunto personal.
La reestructuración es el nuevo y más significativo paso del Departamento de Justicia sobre la controversia.
La estrategia conllevaba el riesgo de que la dimensión del programa fuese insuficiente y que algunas armas terminaran en México o en Estados Unidos en manos de criminales. Al final, eso fue precisamente lo que ocurrió.
Lorren Leadmon, analista de inteligencia de ATF, atestiguó que de más de dos mil armas vinculadas a la operación, mil 400 no han sido recobradas.
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