En un comunicado anterior[1], advertíamos de lo nocivo que era el ofrecimiento de 50 millones[2] de pesos hecho por el gobierno nacional por información que condujera a dar con los responsables de los daños producidos en la UIS, en ocasión de los hechos vandálicos del día 15 de junio. Toda vez que se pretende involucrar en la investigación a miembros del movimiento social de Derechos Humanos con la compra de “testigos”.
Es así como hemos conocido fidedignamente que a cargo de 2 investigadores del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) seccional Santander, se adelanta la investigación preliminar que busca vincular a varios miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos que hemos acompañado el proceso de exigibilidad de verdad y justicia en el caso del presunto delito de concierto para delinquir contra el actual rector de la UIS Jaime Camacho Pico, por vínculos con paramilitares.
Organizaciones como el Colectivo Informativo Susurro, Corporación PAIS, Corporación COMPROMISO, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), CPDH Santander, Corporación Luis Carlos Pérez, Corporación Permanente de Derechos Humanos Christian Roa, hemos exigido en los espacios locales, regionales y nacionales el avance en la investigación contra el rector CAMACHO PICO, y hemos denunciado que la investigación continúa congelada en etapa preliminar en la Fiscalía 6a Especializada con el radicado No. 2009-05551.
Sabemos que estos investigadores vienen ofreciendo dinero del Ministerio de Defensa, para quien de información, y presionando a posibles “testigos” que se involucre a Gustavo Mendoza López defensor de Derechos Humanos de la Corporación PAIS y miembro del Comité Ejecutivo Departamental del Polo Democrático Alternativo (PDA), y a Juan Carlos Sanmiguel, activista estudiantil UIS, miembro del Colectivo Informativo Susurro, quienes integran la Mesa Territorial de Garantías para defensores(as) de D.H.
Así mismo se pretende vincular a varios estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad Industrial de Santander, con la pretensión de vincularlos como organizadores y/o financiadores de los desordenes en la Universidad, los cuales han sido señalados como actos “terroristas”.
Este conflicto que data desde mayo del año 2009 no ha encontrado respuesta en derecho de las instituciones encargadas de conducir las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas. Es una real vergüenza para la justicia en el Departamento de Santander, que mientras se mantiene en la IMPUNIDAD los hechos del actual rector Jaime Alberto Camacho Pico, se desate una cacería de brujas contra la comunidad de la UIS y miembros de organizaciones sociales defensoras de DDHH de la región, con la finalidad inconfesa de deslegitimar la protesta pacífica y exigencia de resultados frente a los hechos que involucran al rector con el paramilitarismo, y producir un show mediático orientado a señalar a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la región ahora acusadas como auspiciadoras de los desmanes ocurridos al interior de la Universidad, acciones que hemos condenado, no solo por el daño en los bienes públicos de la Universidad, verdadero patrimonio de los Santandereanos, sino porque crea el clima propicio de militarización, represión, y persecución tan propicios al tratamiento que el rector le quiere dar a la crisis humanitaria que vive la Universidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
SOLICITAMOS:
Al GOBIERNO NACIONAL:
Se brinde las garantías de protección a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Santander, y particularmente a las organizaciones estudiantiles,. Sindicales, y ONG´S acompañantes en el conflicto de la UIS.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para defensores de Derechos Humanos.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
3. La actual indagación previa sea adelantada por una dependencia de la Fiscalía de la ciudad de Bogotá, que pueda desarrollar la labor investigativa de manera ecuánime y ponderada, y no sea susceptible de la manipulación desde los diversos intereses regionales.
4. Se permita la comparecencia de las personas indiciadas en la investigación, a fin de que puedan realizar su derecho a la defensa desde ya y no se sigan “practicando pruebas” a espaldas de los afectados.
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
5.- Se inicie investigación disciplinaria y penal en contra de los investigadores del DAS designados en esta investigación toda vez que a la fecha se esta violando el principio de acceso a la justicia.
Colectivo Informativo Susurro
Corporación COMPROMISO
Corporación PAIS
Fundación Comité de Solidaridad Presos Políticos - FCSPP
Colectivos de Base Popular/Polo Democrático Alternativo
Corporación Permanente de Derechos Humanos “Christian Roa”
Nodo nororiental coordinación Colombia Europa Estados Unidos
CPDH Santander
Asociación Nacional de Desplazados ANDAS.
Bucaramanga, Agosto 24 de 2011
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