A medida que nos acercamos a la recta final de la campaña electoral, aumentan las ofertas para combatir la violencia que, junto al desempleo, son los problemas que la población identifica como los más apremiantes. Los candidatos que las encuestas señalan como punteros ofrecen como solución mano dura y pena de muerte. Volver a los fusilamientos —pero esta vez en la Plaza Central, para que sirvan de escarmiento—, bajar la edad de imputabilidad y sacar al Ejército a las calles para comandar las tareas de seguridad ciudadana —es decir, superar el actual esquema de las fuerzas combinadas— son algunas de las “brillantes” propuestas que ofrecen los políticos chapines.
A pesar de saber perfectamente que este tipo de medidas no solamente no contribuye a solucionar el problema, sino que lo agrava, hecho comprobable tras los resultados de estas políticas en otros países latinoamericanos, los candidatos insisten en ellas. Allí está el ejemplo de El Salvador que pasó de la mano dura a la súper mano dura, durante el gobierno derechista de Arena, y los índices de violencia no solo no bajaron, sino que aumentaron.
Y no lo digo yo, lo dice gente que ha estudiado el problema, se ha involucrado en los temas de la seguridad pública y ha establecido medidas distintas para lograr resultados diferentes. En una entrevista publicada en la revista argentina Veintitrés, Miguel Ángel Robles, policía de profesión y actual subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada en su país, señaló: “La inseguridad es un problema social. Se han consolidado bolsones de pobreza con base en años y años de olvido social y abandono del Estado. El barrio obrero se hizo indigente en los 90. Hubo un proceso de desplazamiento feroz. Hay que evitar que estos barrios sean guetos, como está pasando, donde el Estado ni limpia las calles. Si los pibes no tienen laburo, no van a la escuela, el problema va a persistir (...) Las sociedades más seguras son las más educadas, no las más armadas. La cuestión es si sólo confiamos la seguridad a la represión o buscamos una solución integral”.
Pero nosotros, aquí en Guatemala, le seguimos apostando a la mano dura, a pesar de que llevamos añales, utilizándola sin parar, con resultados cada vez más desalentadores. Volviendo a las declaraciones de Robles, vale la pena destacar su respuesta sobre los modelos policiales: “La mano dura, bajar la edad de imputabilidad, poner más cárceles, puede dar cierta tranquilidad, pero es tirar mugre debajo de la alfombra. Se beneficia el que vende seguridad: custodios, asesores, el que vende los uniformes, las armas, las cámaras, es todo un gran negocio. La seguridad termina siendo uno de los productos más caros”.
Entonces, podríamos pensar —antes de votar— que seguiremos de mal en peor, si continuamos haciendo más de lo mismo. En materia de seguridad las propuestas deben ser integrales, es preciso resolver las causas que provocan la violencia, si queremos combatir sus efectos. Ya lo decía el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez: “Con lo que hay que tener mano dura es con las causas que originan el problema”.
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