Carolina Escobar Sarti
Cada hora, unas 14 personas guatemaltecas de distintas edades pasan a engrosar las cifras de la migración. Salen del país, principalmente, porque quieren reencontrarse con los suyos, mejorar su calidad de vida y el bienestar de sus familias. Parece que todo se reduce a querer vivir como seres humanos algún día. Esto significa que diariamente, aún en las condiciones de altísimo riesgo que enfrentan hoy en su migración al norte, nuestro país expulsa alrededor de 330 personas. (Unicef: 2010).
Es un drama para Guatemala que tantos ciudadanos y ciudadanas se vayan de aquí, dejando en mayor orfandad nuestra posibilidad de ser país. Con ellos se van miles de cerebros, manos, energías y esperanzas. Pero lo más obsceno es que, luego de haber vencido los innumerables obstáculos que implica migrar al norte, nuestros sucesivos gobiernitos han querido decirles cómo deberían usar su dinero para desarrollar a sus comunidades. El país los desampara desde su nacimiento, el modelo neoliberal practicado en textos de inequidad absoluta los despoja y les ofrece pocas posibilidades de desarrollarse. Los Estados policiales los castigan a lo largo del proceso migratorio, y encima de todo, cuando ganan dinero en situaciones evidentes de esclavitud, el gobierno del país que los ha desprotegido les pide su dinero para hacer lo que corresponde al Estado. Políticas abusivas de gobiernos hipócritas que sólo velan por los migrantes cuando están en campaña.
Hace un año fue la masacre de Tamaulipas, hecho que desnudó la tragedia de migrar y conmocionó a algunos países centroamericanos. Luego del macabro hallazgo de 72 cadáveres de inmigrantes en un rancho, varios de ellos guatemaltecos, la situación para los migrantes indocumentados no ha variado y se produjeron algunas rencillas diplomáticas entre los gobiernos de México y algunos países de Centroamérica. Los secuestros masivos, los ultrajes y homicidios se siguen dando en ciertas regiones del sureste mexicano. Y aunque fueran capturados los supuestos responsables de aquella masacre, vinculados con el cartel de los Zetas, ninguno ha sido sentenciado. ¿Evidencia esto la falta de políticas migratorias sólidas que se expresen en mejores coordinaciones interinstitucionales o en una regulación más “humana” de los flujos migratorios? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en un comunicado, señala que tras la masacre en San Fernando “ha existido un considerable deterioro en la seguridad de la comunidad guatemalteca migrante en los Estados Unidos Mexicanos”.
Según la OIM (2010), en Estados Unidos viven y trabajan más de un millón y medio de hombres y mujeres guatemaltecos. ¿No debería solo esta cifra motivar a cualquier gobierno a impulsar una reforma migratoria integral de Estado, y no sólo medidas migratorias coyunturales que cada cuatro años cambian? Claro que lo más justo sería reconocer a cada mujer y hombre guatemalteco su condición de ciudadanía desde su nacimiento, para la construcción de un país que impidiera esta diáspora injusta e inhumana, pero esto es tarea de años.
Hoy, frente a la agenda de seguridad impuesta desde el norte a partir de aquel 11 de septiembre, se ha fortalecido en el imaginario social la idea de que los migrantes son criminales y como tales hay que tratarlos. Pero también las organizaciones de migrantes allá y aquí se han empoderado, y esto hace una gran diferencia. Por ello nuestros países centroamericanos no harán nada solos. Se requieren políticas de Estado que se integren a una agenda regional fuerte que permita a nuestros gobiernos negociar a favor de nuestros migrantes, desde plataformas de derechos humanos y no desde las visiones policiales y restrictivas que se han corrido hasta nuestras fronteras. Los migrantes no causan las crisis porque la migración nació con la humanidad y no hay ni una raza pura sobre la faz de la tierra; es el orden inhumano actual el que los define como sus víctimas más vulnerables.
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