Entrevistado por la Radio Patria Nueva, Uribe añadió que esperan en los próximos días una sentencia condenatoria contra los siete imputados presentes (cinco generales y dos exministros), la cual deber ser de 20 años con posibilidades de ampliarse hasta 25.
Añadió que han demostrado la participación de todos los acusados y agregó que el Estado boliviano sigue trabajando para lograr la extradición de las cuatro responsables que se encuentran en Estados Unidos, entre ellos, el expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Desde hace alrededor de dos meses los familiares de las víctimas mantienen una vigilia en las puertas de la actual Corte Suprema en la ciudad de Sucre para evitar nuevos obstáculos al proceso que ya dura casi ocho años.
En octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.
El exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 67 muertes y más de 400 heridos.
La revuelta lo obligó a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de algunos de sus ministros.
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