En una conferencia de prensa, junto al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo, lamentó que "sectores de oposición y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) coloquen obstáculos para impedir acuerdos que beneficien a la nación".
Agregó que para que el diálogo logre los resultados esperados por la nación, hay que adoptar una metodología que impida más demoras.
Dijo que una consecuencia de ello debe implicar acuerdos que "no paralicen la economía nacional y perjudiquen el desarrollo de la nación".
Canelas se refirió implícitamente a algunas de las exigencias de los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que incluyeron en sus demandas la paralización de las obras viales en todo el país y los proyectos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.
"Una paralización de las obras viales implicaría el despido de trabajadores, lo que incrementará el desempleo, además del atraso en el desarrollo", enfatizó.
Agregó que el Ejecutivo tampoco está de acuerdo con la exigencia de los marchistas para aceptar que el Fondo Verde o La Red ingresen en el país con el pago de compensaciones por parte de las naciones en desarrollo para "continuar con su irracional industrialización contaminadora del ambiente".
Uno de los puntos del pliego de peticiones de los marchistas es exigir al Gobierno que autorice recibir directamente las compensaciones ofrecidas por las naciones industrializadas, a costa de generar gases de efecto invernadero que amenazan la sobrevivencia del planeta.
Canelas afirmó que caer en ese exceso significaría "hipotecar y privatizar los bosques de Bolivia, avalar y apoyar la política de destrucción del planeta y de la Madre Tierra".
Agregó que el diálogo debe darse entre los Ministros y los representantes que designen los marchistas y fuera del lugar donde se realiza ese movimiento. "No se puede dialogar con la presencia de toda la asamblea de los marchistas porque no se llegarán a acuerdos fructíferos", indicó.
El Ministro lamentó que la oposición de derecha se valga de este movimiento indígena para atacar al Gobierno.
"No son causales las apariciones públicas del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de la Gobernación del Beni y del ex ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, en las que apoyan la marcha y todos los movimientos de desestabilización", anotó.
Remarcó que lamentablemente estos señores cuando estaban en el poder "no hicieron nada para solucionar los problemas y hoy aparecen en los medios de comunicación para desestabilizar el proceso de cambio y el desarrollo".
Enfatizó que 44 de las 64 comunidades que habitan el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) apoyan la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Igualmente anotó que la marcha que se inició la pasada semana es sui géneris porque se desarrolla con el auxilio de vehículos que trasladan a algunos de los integrantes y con la instalación de campamentos en cada una de las paradas.
Canelas enfatizó que es importante analizar el financiamiento que reciben los marchistas, una vez que solamente en alimentación gastan entre 15 y 20 bolivianos por día cada uno de sus integrantes. Si se toma en cuenta que son aproximadamente un millar, es un presupuesto considerable.
Agregó que la Defensoría del Pueblo y los organismos de defensa de los derechos humanos deben tomar recaudos porque en la marcha hay muchos niños y mujeres embarazadas, lo que se constituye en un hecho grave para su salud y "un hecho abusivo de manejo de personas inocentes".
Reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar. "El Gobierno ha estado rogándose por el diálogo, los ministros han ido a Santa Cruz, Trinidad, San Ignacio de Moxos y Puerto San Borja, pese a que los dirigentes de los marchistas han preferido huir e incumplir compromisos", dijo.
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