Paraguay
Base Is
Deforestación y fumigaciones ilegales, principales delitos ambientales a nivel país
El
agronegocio ocupa actualmente más de cinco millones de hectáreas a
nivel país, en los últimos quince años su presencia ha crecido en un
118%, llegando a ocupar casi la totalidad de algunos Departamentos. El
crecimiento del agronegocio se ha dado en medio de constantes
violaciones a la normativa ambiental por parte de los impulsores del
modelo.
Victoria Peralta, Ingeniera Ecóloga y Coordinadora de la
Alianza por el Cumplimiento local de las Leyes Ambientales, señala que
según se puede constatar en las visitas a diferentes comunidades
campesinas los casos de violación a las normativas ambientales, por
parte de productores de soja transgénica y de otros rubros del
agronegocio, son constantes. En ese sentido mencionó que según un
estudio sobre Problemáticas Ambientales, elaborado en 15 distritos de la
Región Oriental, las pérdidas de masas boscosas son alarmantes, ya que
en los últimos 15 años se han perdido cerca del 40% de los bosques de
dichos distritos, sumando más de 100 mil hectáreas de bosques perdidos.
“Se
evidencia la expansión sistemática de las áreas productivas primarias,
unidades agropecuarias, en detrimento de las masas boscosas, con la
consecuente disminución de la cobertura vegetal” señala parte del
estudio elaborado por el Ingeniero Carlos Mora. El mismo estudio señala
que la expansión de la agricultura extensiva se dio sin un enfoque
conservacionista y sin consideración de las normativas vigentes, lo que
constituye uno de los factores principales para una profunda
transformación territorial; cuya mutación, en muchos casos, se han dato
en contravención a lo dispuesto por las leyes ambientales.
Barreras vivas y franjas de protección
Otro
de los delitos ambientales vinculados al avance del agronegocio es la
fumigación con agrotóxicos en lugares donde no existen barreras vivas ni
franjas de protección tal como establece la legislación ambiental. Días
atrás Ruth Tiffer Sotomayor, especialista ambiental sénior del Banco
Mundial, señaló que esta situación es alarmante y que ella misma pudo
constatar el hecho en su recorrido por diversos puntos del país.
La
La Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”
establece franjas de protección de entre 100 y 200 metros entre el área
de aplicación de agrotóxicos y todo asentamiento humano, centros
educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares
de concurrencia pública; la misma medida de protección se establece
respecto a todos los cursos de agua. Sin embargo el estudio mencionado
constató que estas barreras protectoras prácticamente no existen “las
barreras de protección al costado de los caminos, en general, permanecen
ausentes en la práctica; similar al caso de las franjas de protección
obligatoria a orillas de los cursos de agua” agregando que el
incumplimiento de estas normas pone en riesgo la salud de las personas
que habitan en esos lugares y aumenta el riesgo de que los cursos de
agua puedan contaminarse con agrotóxicos.
Según la Ingeniera
Victoria Peralta estas violaciones a las normas ambientales tienen una
clara repercusión en el deterioro del medio ambiente y en la salud de
las comunidades campesinas. Además señala también que la violación de
las leyes se da debido a que los empresarios del agronegocio son
personas muy poderosas y muchas veces las autoridades no tienen fuerza
para aplicar la ley, por eso instó a la ciudadanía a organizarse para
reclamar sus derechos y pidió a las autoridades conocer mejor las leyes
ambientales para hacerlas respetar.
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