Los titiriteros
Las implicaciones
internacionales de la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio, que
destapó la comunión entre servicios de inteligencia y justicia que
atentan contra el sistema democrático utilizando extorsiones,
coacciones, carpetazos, causas y abogados falsos para exigirle dinero a
ciudadanos para armar y dirigir causas judiciales, con el apoyo de
organismos estatales extranjeros, empiezan a develarse.
La
investigación llevada a cabo por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos
Padilla, logró que la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos
y Actividades de Inteligencia se aboque al análisis de las 4.000 fojas
enviadas por su juzgado, material en el que se encuentran claras
evidencias de contactos con agencias de inteligencia extranjera y
pruebas de espionaje hacia empresarios, políticos locales e integrantes
del mundo del espectáculo.
La invitación cursada por la Comisión
Bicameral al magistrado y al Director de la Agencia Federal de
Inteligencia, Gustavo Arribas, prevista para el jueves 21 de marzo,
permitirá profundizar en los nexos existentes entre la red de espionaje
de la que Marcelo D’Alessio formaba parte y las orientaciones políticas
globales de quienes encargaban/auditaban/ sugerían las operaciones
clandestinas que ejecutaba la asociación ilícita.
El material
secuestrado en el allanamiento de la casa ubicada en el Country Saint
Thomas, ubicado en la localidad de Canning del conurbano bonaerense,
sumado a la recuperación parcial de la información detectada en dos
teléfonos celulares peritados, ofrecen un panorama clarificador sobre el
origen y el destino de las actividades llevadas a cabo por D’Alessio y
los dos ex integrantes de la bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal
Degastaldi, despedidos de esa institución policial por vínculos con
piratas del asfalto (en 1999) y enriquecimiento ilícito (2003),
respectivamente.
El ordenamiento de las carpetas caratuladas
como “objetivos” (así denominaba D’Alessio a las operaciones destinadas
al espionaje y la extorsión) pone en evidencia los 5 intereses
subyacentes a las operaciones investigadas:
- Garantizar que el kirchnerismo continúe siendo hostigado para impedir un posible triunfo electoral futuro.
- Castigar al Frente Amplio uruguayo –y por ende al gobierno de Tabaré Vázquez— por su resistencia a suscribir los postulados del denominado Grupo de Lima.
- Contribuir a destrozar la economía venezolana y limitar la influencia de China y Rusia en la región.
- Extender dentro del MERCOSUR el bloqueo a la República Islámica de Irán reclamado por Estados Unidos, en contradicción con los postulados de la región y la Comunidad Económica Europea.
- Publicitar las ventajas de la aparatología de espionaje y de ciberseguridad exportada por Israel.
El rombo estratégico
Para el logro del primer objetivo, el juez Ramos Padilla cuenta con las
evidencias incorporadas en dos carpetas que el propio D’Alessio
caratuló “Mafia de la Aduana” y “De Vido”, sumados al expediente de GNL
(Gas Natural Licuado ) que fue el que le permitió al tándem
Bonadío-Stornelli acceder al confuso entramado de las fotocopias de los
cuadernos del chofer Centeno.[1]
Los documentos muestran que el propio D’Alessio fue el encargado de
relanzar la causa GNL después del percance sufrido por el juzgado
federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadío, relacionado con el
falso testimonio llevado a cabo por el perito David Cohen.
Según
la testimonial efectuada ante Bonadío, D’Alessio suscribió que la
maniobra delictiva vinculada al GNL estaba relacionada con los seguros
marítimos contratados por ENARSA, empresa encargada de trasladar el gas,
en la cual afirma además haber estado infiltrado. Su testimonio fue
aportado al juzgado de Bonadío luego de que recibiera una denuncia
anónima en su (inexistente) estudio jurídico.
Gracias a esa
declaración, Bonadio y Stornelli consiguieron sortear el inesperado
inconveniente producido por el procesamiento del perito por el juez
Sebastián Ramos. La carátula de la acusación remite a un falso
testimonio conducente a lograr la imputación de quienes se han
constituido en algunos de los rehenes más castigados de la malversación
jurídica imperante.
Aún no se logró detectar quién/quiénes
fueron los encargados de solicitarle a Cohen que adultere su peritaje
para imponer el principio Irurzun. Esos datos se suman a los audios
vinculados al arrepentido Leonardo Fariña, que aparece financiado
por Patricia Bullrich para revitalizar cada dos meses la ruta del
dinero k. Es difícil olvidar que el arrepentido Fariña fue el encargado
de brindar información clasificada, recuperada por el fiscal Guillermo
Marijuan, sobre los tesoros ocultos en la Patagonia que no pudieron ser
hallados a pesar de potentes retroexcavadoras contratadas para el caso.
Dentro de este mismo capítulo también figura la operación sobre José
Manuel Ubeira, mediante la cual el titular de la Fiscalía N.º 4 en lo
Criminal y Correccional Federal, Carlos Stornelli, solicitó explícita e
insistentemente colaboración para coartar la tarea de defensa del
abogado de uno de los acusados en la causa de los cuadernos, Oscar
Thomas. En ese mismo registro, dado que aparecen indicios similares de
espionaje referidos a otros letrados, el juez de Dolores ha aceptado el
último viernes a Maximiliano Rusconi (defensor de Julio De Vido) como
querellante.
También existe material orientado a construir
acontecimientos ficticios, capaces de ser mediatizados como trampolín
previo a viabilizar la despiadada aplicación de la doctrina Irurzun.
Estos prolijos informes son parte de las plataformas que permitieron
impulsar la ansiada y doble meta de lograr el encarcelamiento del ex
ministro de Obras y Servicios Públicos (junto a varios de sus ex
subordinados) y, a través de esos rehenes identificar al kirchnerismo
con el rótulo demonizante de la corrupción, disponible fundamentalmente
para cercenar potenciales retornos políticos.
El segundo
objetivo, con epicentro en la República Oriental del Uruguay, que
D’Alessio ofrece vía WhatsApp y que Stornelli acepta como un obsequio a
Mauricio Macri, se vincula al castigo que Washington busca proporcionar
al gobierno de Tabaré Vázquez, vía el Frente Amplio, del que forma
parte.
El correctivo ofertado por D’Alessio, luego de realizar
actividades de espionaje en Uruguay, supone involucrar a ese país con
supuestas triangulaciones de dinero ilícito tramitadas por PDVSA y ligar
a ese gobierno con actividades comerciales de empresas iraníes
catalogadas como terroristas por el falso abogado.
Detrás de
esas operaciones solo puede apreciarse el indudable deseo de castigar a
quienes han resistido a las presiones de Estados Unidos para lograr una
invasión militar legitimada bajo el paraguas de la OEA (que no ha
encontrado el apoyo del Frente Amplio), y un escarmiento a quienes se
han atrevido a expulsar de sus filas al máximo alfil hemisférico de
Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Disciplinamiento y armamentismo
El tercer objetivo se articula con la fase actual del proyecto
estadounidense para caotizar la situación venezolana, dada la falta de
apoyo regional para emprender un bombardeo o una invasión militar. Busca
alcanzar una guerra civil y, simultáneamente, una cooptación de la
opinión pública global acerca a de la necesidad de una intervención
instituida como un mal menor frente a la crisis humanitaria “provocada
por el régimen chavista”.
Para lograr ese objetivo se requiere
asociar PDVSA y todo lo que remita al gobierno de Maduro con un sinónimo
de corrupción. Ese esquema brindará, según los analistas del Pentágono,
la doble opción de proceder a una intervención militar o brindar
justificación para un salvataje injerencista multinacional, atormentado
de piedad frente al desastre vivido por los venezolanos. El dossier
D’Alessio demuestra una congruencia total con las expectativas de sus
titiriteros de Maine.
El cuarto eje queda en evidencia cuando
Ramos Padilla se apersona en la casa del falso abogado para llevar a
cabo el allanamiento, D’Alessio grita que esa casa no puede ser
vulnerada debido a que en ella se depositan informes y materiales
vinculados a sus investigaciones sobre terrorismo y Hezbollá, la
organización libanesa chiita ligada a la República Islámica de Irán.
Además, para evitar el allanamiento, exige una comunicación de
salvataje último con la ministra de Seguridad. Ese prólogo es
coincidente con documentación encontrada en su casa en la que se
pretende vincular al gobierno de Uruguay con empresas iraníes, cuya
presencia es cuestionada por las delegaciones diplomáticas de Washington
en la región, que hostigan al gobierno persa luego del abandono del
acuerdo de desnuclearización conocido como 5+1.
En una de sus
comunicaciones con Stornelli, D’Alessio ofrece una “operación sobre
terrorismo” que puede ser del gusto del Presidente Macri. El fiscal,
lejos de horrorizarse, se muestra receptivo ante la oferta. Entre los
informes secuestrados en Saint Thomas también aparece un seguimiento de
la temática de la Triple Frontera.
La presencia de una
importante comunidad libanesa en la zona ha sido objeto de una
sistemática operación, ejecutada por la ministra Bullrich (probablemente
con apoyo logístico de la asociación ilícita de la que formaba parte
D´Alessio, que se presentaba como experto en dicho tema) por la que
fueron detenidos varios integrantes del colectivo islámico a quienes
acusaron de pertenecer a Hezbollá, tanto en Ciudad del Este como en
barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires.
La irresponsable
asociación sistemática entre lo islámico y el terrorismo es, sin dudas,
lo que explica la masacre del último viernes, en la que un supremacista
blanco masacró a 50 musulmanes en Nueva Zelanda, incluyendo niñxs.
La utilización de drones con los que D’Alessio o algunos de sus colegas
obtuvieron fotos y filmaciones de casas espiadas (luego que varios
modelos fueron adquiridos por la ministra en Israel en 2016). La
aparatología de intervención telefónica ofrecida por el falso abogado
como un plus a sus servicios de espionaje. Sus vínculos íntimos con el
presidente de la Cámara de Comercio Argentino israelí (Mario Montoto es
citado varias veces en sus conversaciones y en su WhatsApp).
Además, la relación declarada con Jaime Stiuso. La debilidad de Patricia
Bullrich por la adquisición de aparatología de ciberseguridad en Tel
Aviv. La alianza estratégica entre Macri, Trump y Netanyahu. El
sinceramiento público, realizado por el diputado Waldo Wolff, de que
dispone de “acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente” (siendo
presidente de la comisión bicameral de fiscalización de órganos y
actividades de seguridad interior) y la documentación del ministerio de
defensa de Israel encontrado en su casa.
Todo esto expone una
nueva oleada de las relaciones carnales, alguna vez instauradas por el
menemismo, con la particularidad actual de ser en trío: Estados Unidos,
Israel y Argentina.[2]
Notas
[1]
El juez Ramos Padilla solicitó el último viernes a su colega del
juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 11 el
expediente 10456/2014, conocida como “GNL”, para acotejar las
declaraciones testimoniales ofrecidas por D´Alessio en esa causa, con la
documentación obtenida en el allanamiento.
[2] https://bit.ly/2RbRL2v (Minuto 7, 20)
Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior
del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
Publicado en elcohetealaluna.com
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