Editorial La Jorn
La represión del gobierno de Iván Duque contra
la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la
Justicia y la Paz causó la muerte de nueve personas en una explosión en
la zona montañosa del departamento de Valle del Cauca. Además, la
violenta respuesta de la administración derechista a la serie de
movilizaciones de indígenas, campesinos, afrodescendientes e integrantes
de sectores populares colombianos ha dejado más de 50 heridos desde el
martes 12, cuando las comunidades mencionadas lanzaron la minga para
exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado con las
comunidades mencionadas, así como el cese de las agresiones que de
manera habitual y creciente padecen a manos de las fuerzas oficiales y
paramilitares.
La minga es una forma de trabajo comunitario que, con distintas
variantes y significados, se encuentra presente de manera ancestral en
la zona andina. En el caso colombiano, desde 1991 cobró un carácter
netamente político y reivindicativo en tanto movilización social que se
realiza cada año para exigir que se lleven del papel a los hechos las
garantías constitucionales y legales que la Constitución de 1991
reconoció a los pueblos indígenas, en particular la autonomía sobre sus
territorios.
Este año la también conocida como minga social o minga del sur –por
tener su principal bastión en el suroccidental departamento del Cauca–
se lanzó con un especial sentido de urgencia por encontrarse frente a un
gobierno empeñado en destruir las conquistas populares arduamente
conseguidas, imponer un estado de guerra y entregar los territorios
indígenas y campesinos a los más voraces proyectos extractivistas. El
talante belicista del heredero político de Álvaro Uribe Vélez tiene sus
expresiones más preocupantes en la impugnación jurídica de los acuerdos
de paz que en 2016 pusieron fin al conflicto armado más prolongado del
continente, así como en la abominable indolencia con que contempla la
masacre de líderes sociales y defensores de derechos humanos, rubro en
el que Colombia ostenta el vergonzoso primer lugar mundial con más de 30
activistas asesinados sólo este año.
Ante la embestida generalizada del Estado contra los sectores
populares, la minga, que recuerda la lucha de los pueblos indígenas
colombianos, ha sumado apoyos entre diversos sectores y –a
contracorriente de la represión directa y de la furiosa campaña de
estigmatización emprendida por las derechas y sus medios– articula un
movimiento nacional en contra del despojo. Cabe esperar que la fuerza de
la razón, la decidida resistencia de los sectores populares organizados
y la urgente atención de la comunidad internacional hagan desistir al
gobierno colombiano de encarar los reclamos de la minga mediante la
fórmula de la violencia y que, en cambio, se cumplan los compromisos
suscritos por el Estado y se dé cauce a todos los diferendos mediante un
auténtico diálogo.
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