Su embajada contribuyó al ambiente adverso en su contra, dicen familiares
Familiares y defensores del activista Mariano Abarca,
asesinado en 2009, pidieron al gobierno de Canadá responsabilizarse por
la omisión de la embajada de ese país en México en el caso. Señalaron
que contribuyó a generar un ambiente en contra de la víctima, quien por
los impactos ambientales y sociales estaba en contra de la operación de
la minera Blackfire, en Chicomuselo, Chiapas.
Explicaron que el pasado 25 de marzo se llevó a cabo una audiencia en
la corte federal de Canadá, en la que se desestimaron las pruebas
presentadas sobre la posición de esa sede diplomática en México, por lo
que anunciaron que continuarán con las diligencias, porque las mineras
en el país actúan con corrupción y criminalizan y amenazan a las
personas.
José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, recordó que su padre fue
asesinado por denunciar los impactos negativos de Blackfire en
Chicomuselo, Chiapas, y la embajada canadiense tuvo un papel
determinante en la operación de la empresa. Explicó que la audiencia se
realizó luego de que presentó un recurso de apelación ante la corte
federal de ese país y se argumentó la importancia de abrir una
investigación sería e imparcial para hacer justicia a Abarca.
En conferencia de prensa, detalló que el abogado del departamento de
justicia de Canadá defendió la decisión de no abrir una investigación,
porque las políticas de gobierno divulgadas por la sede diplomática no
son obligatorias y no hay responsabilidad, además de que calificó las
denuncias de
especulaciones, dijo.
Insistió en que la embajada tiene responsabilidad por haber
presionado a los gobernantes mexicanos por las protestas contra la
minera, la cual ya no opera, a pesar de tener información de que Mariano
Abarca estaba en peligro.
Hay muchas evidencias y se espera que la corte de ese país realice una investigación seria en el caso, señaló.
Libertad Díaz, de la organización Otros Mundos, sostuvo que en junio
de 2017 también se interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el cual se denuncia al gobierno mexicano por poner
en riesgo la vida de Mariano Abarca.
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
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