Amauri Chamorro*
Es casi inexplicable lo que acaba de ocurrir
en Ecuador. Faltando apenas cuatro días para las elecciones, el Consejo
Nacional Electoral del país sudamericano decidió que cada voto en
blanco debería ser contado como si fueran tres votos y así aumentar
exponencialmente las posibilidades de anular la inminente victoria de
los candidatos de izquierda para el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, organismo responsable de los concursos de mérito y
oposición para todas las autoridades de control como fiscales, jueces,
contralor, etcétera.
Lenín Moreno convocó un referendo en abril de 2018 con el objetivo de
destituir y nombrar a dedo a las más altas autoridades del país,
incluyendo jueces y fiscales. Ese procedimiento es una violación al
Estado de derecho, ya que está explícito en la Constitución vigente que
esos cargos deben ser ocupados mediante concurso público de méritos y
oposición. El objetivo era nombrar un personal próximo a Moreno que
iniciara una persecución política al presidente Rafael Correa y a
importantes miembros de su gabinete con el objetivo de matar
políticamente la Revolución Ciudadana. La misión de observadores de la
OEA indicó que ese referendo fue realizado sin el dictamen de la Corte
Constitucional, lo que reafirma su inconstitucionalidad. Para estos
gobiernos neoconservadores, que llegaron a las presidencias de los
países liderados por proyectos de cuño popular, la implementación de un
proyecto neoliberal sólo se puede lograr a partir del atropello a la
legalidad con el apoyo de las empresas privadas de comunicación. Y eso
se explicita en Ecuador de manera exageradamente vergonzosa.
Parte del plan de Moreno era convocar elecciones para que fuera la
sociedad quien eligiera a los nuevos miembros del Consejo de
Participación Ciudadana. Lo que Moreno no se esperaba era que con una
inmensa ventaja los candidatos de la izquierda estuvieran para ser
electos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una
función del Estado que permitirá frenar en cierta forma la persecución
judicial contra la izquierda ecuatoriana. Y lo que todo indica es que
usarán cualquier subterfugio ilegal, amoral e inconstitucional para no
permitir que la voluntad de la gente sea una amenaza para sus planes.
Fue así que Moreno entregó la sede de Unasur, que es un edificio
público y no es propiedad del Ecuador, a una universidad privada de sus
aliados políticos, pisoteando acuerdos y leyes internacionales, con la
certeza de que no enfrentarán a la justicia nacional ni internacional.
Moreno ha entrado a la historia de la región con acciones reprochables.
Así como desapareció Unasur, un organismo de integración regional
indispensable para enfrentar el poder político y económico del Norte.
Moreno también atropelló las negociaciones para un acuerdo de paz entre
el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el
proceso que avanzaba en firme, por obedecer órdenes de Estados Unidos
suspendió la mesa y expulsó a los equipos negociadores. Jamás se había
visto que un país garante y sede de las negociaciones para un acuerdo de
paz actuara de esa manera. A partir de la suspensión se generó una
grave crisis que ha postergado indefinidamente el fin del conflicto con
los elenos.
Y qué decir del caso Julian Assange, en el que Moreno ha dicho
públicamente que lo quiere entregar. Ha suspendido durante meses todos
los derechos de que Assange gozaba como refugiado del Ecuador. Prohibió
la visitas, acceso vía telefónica, al Internet, a libros, revistas
etcétera. Assange está en una condición que emula a los detenidos
ilegales por Estados Unidos en la base de Guantánamo. Su objetivo es
forzar a que Assange se quiebre y salga de la embajada para ser detenido
por el Reino Unido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
reafirmado que el Ecuador no puede entregarlo y debe resguardar su
integridad física.
En Ecuador no hay un Estado de Derecho y se ha transformado en una tierra sin ley.
* Comunicólogo .
No hay comentarios:
Publicar un comentario