Uno de los graves problemas en la sociedad es la institucionalización de la mentira
Carolina Vásquez Araya
El
imperio de la justicia y el acceso a la información son de los temas
más sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en
cualquier país. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la
ciudadanía para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una
posición analítica e informada y participar activamente en los asuntos
de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente
despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten las
sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y
los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.
Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o
negados al acceso público. Esto sucede en países carentes de
regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros históricos,
porque quienes los controlan suelen escatimar esa información para
evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro de las
instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el
hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por
quienes administran la política, la economía y la justicia de una
nación.
El domingo 24 de marzo se celebró el Día Internacional
del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de
violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como
resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La
relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy
puntual el derecho de las víctimas de abusos a conocer los detalles de
las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicación de la
justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción
especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se
pretende liberar a los responsables de algunos de los peores crímenes de
lesa humanidad cometidos en América Latina.
Las desapariciones
forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las
persecuciones contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las
políticas de tierra arrasada -con el propósito de apoderarse de
territorios ricos en recursos- son crímenes imprescriptibles en el
escenario mundial. Sin embargo, los círculos de poder bajo cuya
protección de encuentran los perpetradores –dentro de las estructuras
del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades
acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus
políticas represivas.
América Latina ha sufrido estos embates
una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes
recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y
orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de
libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de
la población y dejan a las mayorías privada de derechos esenciales como
la educación, salud y alimentación. En esas naciones, el acceso de la
ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los
actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.
El derecho a
la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a
las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa
humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y
al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de
sus instituciones. El acceso a la información pública y, especialmente,
a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso
ineludible hacia la restauración del estado de Derecho.
Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
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