Este artículo forma parte de una cobertura especial de IPS sobre la esclavitud y la trata de personas en el mundo, apoyada por el Grupo Riana
Mujeres
adolescentes recolectan tomate en una finca del estado de Sinaloa, en
el norte de México. Es en esa parte del país donde los jornaleros
agrícolas, la mayoría migrantes temporales de los estados del sur,
trabajan en condiciones de explotación y con graves violaciones a sus
derechos. Crédito: Cortesía del Instituto Sinaloense para la Educación
de los Adultos
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“Llevan a los trabajadores con engaños, les dicen que les pagarán bien y
les pagan mucho menos. Los enganchadores (reclutadores) y los
empleadores los engañan”, denunció Marilyn Gómez, una jornalera agrícola
de México.
La también integrante de la cooperativa no gubernamental Mixteco
Yosonuvico de Sonora Cerró Nublado, madre de dos niñas, relató a IPS que
además los recolectores están obligados a comprar en las tiendas de sus
empleadores, “porque no pueden salir” de la finca y “en ellas todo lo
venden carísimo”.
“No hay seguridad social, no hay contratos, trabajamos jornadas
larguísimas. Se aprovechan de la necesidad de la gente”, dijo Gómez, que
ahora tiene 27 años y a los 13 ya acompañaba a su familia a los campos
del norteño estado de Sonora a recolectar uva y hortalizas.
La jornalera, quien ha trabajado enferma y muchas veces más de 12
horas consecutivas por unos pocos dólares, empezó a laborar en los
cultivos un año después y sus manos han exprimido esas siembras en el
poblado de Miguel Alemán, parte del municipio de Hermosillo, a unos
1.600 kilómetros al norte de Ciudad de México.
“Hay
una cadena de reclutamiento en la que los enganchadores les ofrecen
trabajo, un adelanto de dinero para que la gente entre en una relación
más estrecha, pero no hay contrato. En algunos lugares, no les pagan
hasta el fin del periodo de trabajo”: Mayela Blanco.
Este testimonio ilustra las condiciones en las que laboran los
jornaleros, quienes proveen de cuantiosos réditos a sus empleadores y
quienes ponen hortalizas en la mesa de los consumidores mexicanos y
estadounidenses.
Suelen ser campesinos que migran temporalmente o permanentemente
desde los estados del sur para trabajar en cultivos de exportación en
entidades del centro y el norte del país.
Su viacrucis diario incluye violaciones a derechos laborales, a la
vivienda, a educación, a salud y a alimentación sana, y carecen de
contratos, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social y pago de
horas extraordinarias.
Así constata el informe “Violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, lanzado el 21 de marzo en Ciudad de México por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, en la que participa Gómez como activista.
En México, los jornaleros son las víctimas mayoritarias del trabajo esclavo o forzado, coinciden
este y otros estudios locales e internacionales. La Red Nacional,
integrada por organizaciones de trabajadores, indígenas y académicos, ha
identificado casos de explotación laboral, trata de personas y trabajo
y/o servicios forzados.
La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de 2017, ubicó en
2,9 millones los jornaleros, mientras que el estatal Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas ubicó esa cifra en 1,54 millones, más
4,41 millones de familiares que los siguen en su desplazamiento. El
gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia
desde el 1 de diciembre, suprimió el plan y no ha definido aún como se
sustituirá.
Contexto regional
En el continente americano existen 1,95 millones de esclavos, cinco por ciento del total mundial, según el Índice Global de Esclavitud 2018, elaborado por la no gubernamental Fundación Walk Free, con su sede en Australia.
El trabajo forzado representa 66 por ciento y las personas,
especialmente mujeres, en matrimonio impuesto, 34 por ciento. La región
tiene, en promedio, una prevalencia de 1,9 personas bajo esclavitud
moderna por cada 1.000 habitantes. La vulnerabilidad ante ese yugo se
ubicó en 41 por ciento.
Participantes
en la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, durante la presentación
de un informe en que se ilustra la situación de esclavitud a que
someten sus empleadores a estos trabajadores en gran parte temporeros en
México. En el centro, Marilyn Gómez, durante el acto en Ciudad de
México el 21 de marzo. Crédito: Emilio Godoy/IPS
Las deudas encadenaban a un tercio de trabajadores forzados, mientras
que la región de América Latina y el Caribe representó cuatro por
ciento de todas las personas bajo explotación laboral en el mundo.
Mientras Haití, Venezuela y República Dominicana presentaron la mayor prevalencia, Brasil, México y Colombia registraron los mayores niveles absolutos de personas en situación de esclavitud.
En la mayor potencia latinoamericana, Brasil, con una población de
208 millones, de 369.00 personas padecían esa condición, lo que
representa 1,8 por 1.000 habitantes.
En México, la segunda economía regional y con 129 millones de
habitantes, quienes sobrevivían en condición esclava eran 341.000, o
2,71 por 1.000 personas, mientras que en Colombia, la cuarta economía
regional y con 45 millones de habitantes, la cifra alcanzaba los
131.000, o 2,7 por cada 1.000.
La esclavitud moderna abarca modalidades como la trata de personas,
trabajo forzado, servidumbre por deudas, matrimonio impuesto o servil, y
explotación sexual comercial, según la Fundación Walk Free.
Para Mayela Blanco, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, predominan entre los jornaleros mexicanos condiciones de vulnerabilidad para caer en trata con fines de explotación laboral.
“Hay una cadena de reclutamiento en la que los enganchadores les
ofrecen trabajo, un adelanto de dinero para que la gente entre en una
relación más estrecha, pero no hay contrato. En algunos lugares, no les
pagan hasta el fin del periodo de trabajo”, señaló a IPS la integrante
de la organización mexicana.
Los estudios sobre este flagelo en el campo mexicano crecen, sin que haya mejoras para los jornaleros.
La “Lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzado 2018”,
elaborada por el estadounidense Departamento del Trabajo, consigna
reportes sobre personal “forzado a trabajar en la producción de ají en
México”.
“Muchas de las víctimas denuncian el reclutamiento por intermediarios
que mienten a los trabajadores sobre el tipo y condiciones del trabajo,
salarios, horarios y condiciones de vida”, subraya el documento.
Estos casos ocurren en pequeñas y medianas explotaciones de ají y
tomate en estados del norte como Baja California, Coahuila, Chihuahua,
Sinaloa, el occidental Jalisco y el nororiental San Luís Potosí.
El informe denuncia que “algunos trabajadores laboran hasta 15 horas
diarias bajo amenaza de despido y reciben sueldos por debajo del mínimo o
ningún pago.
Mientras, añade, otros enfrentan un endeudamiento creciente con
tiendas de las empresas que a menudo inflan los precios de sus
productos, “obligando a los empleados a comprar a crédito y así limitan
su capacidad para abandonar las granjas”.
Se trata de la repetición de las llamadas “tiendas de raya” que
funcionaron en México a finales del siglo XIX e inicios del XX, ubicadas
junto a fábricas y haciendas y donde los trabajadores estaban obligados
a comprar sus productos básicos.
En la lista estadounidense aparecen también productores de ganado y
maní de Bolivia, de textiles y madera de Brasil, y de nueces y madera de
Perú.
Washington veta el ingreso de esos bienes si implican trabajo
forzado, bajo la Ley de Facilitación del Comercio y de Aplicación del
Comercio, vigente desde 2016 y basada en una vieja la Ley de Tarifas, de
1930.
Desde 2015, la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos
ha emitido al menos seis recomendaciones por violaciones a derechos de
los jornaleros, en lo que son propuestas sin obligatorio acatamiento.
En una de ellas,
emitida en 2018 por violación de varios derechos humanos por trata de
personas, como trabajo infantil en la modalidad de trabajo forzado, la
Comisión mexicana puso en evidencia los abusos en contra de al menos 62
jornaleros pertenecientes al pueblo mixteco, entre ellos 13
adolescentes.
El grupo indígena, originario del central estado de Guerrero, recogía
pepino en el municipio de Colima, en el occidental estado homónimo.
El 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que promueve el trabajo decente, establece entre sus metas la ejecución de medidas “inmediatas y eficaces”
para erradicar el trabajo forzoso, desterrar las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
A pesar de algunos avances y los compromisos internacionales
asumidos, América Latina y el Caribe es tibia en la lucha contra el
flagelo.
El Índice Global de Esclavitud calificó a la región con “regular” e
indicó que Argentina, Chile y Perú mejoraron su estatus en comparación
con 2016, mientras Brasil, México y los países centroamericanos se
mantuvieron igual.
Para la investigadora Blanco, se ha normalizado la situación de los
jornaleros y no se asumen como víctimas. “Corren el riesgo de quedarse
sin trabajo. No hemos visto una respuesta de las autoridades”, señaló.
Gómez, quien todavía sigue trabajando como recolectora pero ahora en
condiciones dignas, pidió la intervención del gobierno. “Las
instituciones no hacen lo que les compete, pedimos que actúen y velen
por nuestros derechos”, demandó.
La Red Nacional planteó recomendaciones como un padrón de
empleadores, la vigilancia de las condiciones laborales, un programa
integral de atención y un censo de jornaleros.
Edición: Estrella Gutiérrez
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