Lo que está
fundamentalmente en juego en estas elecciones es la disputa entre dos
proyectos de país y de gestión del Estado. Insertos, claro, en el
capitalismo, pero bien distintos entre ellos, ya que responden a los
intereses de diferentes clases y capas sociales.
¿Qué
hay esencialmente en disputa en las elecciones generales 2019? ¿Las
acusaciones cruzadas de corrupción, tipo “Panamá papers” versus Hotesur;
o aportes truchos a la campaña de Cambiemos 2017 versus asunto
“cuadernos”? ¿Si Cristina es una estadista pero habla con el dedito o
Macri es un mediocre pero simpático porque habla con una papa en la boca
y además baila en los actos? Independientemente de la importancia que
se les quiera dar a esos temas nada de eso es fundamental. Lo que está
fundamentalmente en juego es la disputa entre dos proyectos de país y de
gestión del Estado, insertos, claro, en el capitalismo, pero bien
distintos.
Uno es el proyecto denominado neoliberal, en curso de
aplicación por Cambiemos y aplicado anteriormente por Martínez de Hoz
durante la última dictadura militar y por Cavallo en el menemismo y en
la Alianza.
El otro es el proyecto denominado industrialista o
populista (con el significado positivo que le dio Ernesto Laclau a esa
categoría) o también neokeynesiano, con antecedentes en los gobiernos de
Yrigoyen, Perón y de Nestor y Cristina Kirchner.
Por supuesto hay intereses socioeconómicos y, por lo tanto, de clases y capas sociales detrás de cada uno de esos proyectos.
El proyecto neoliberal es impulsado por los sectores oligopólicos
transnacionales y sus expresiones y socios subordinados locales. Fue
lanzado mundialmente desde el llamado “Consenso de Washington” realizado
en 1989 que, ante la crisis estructural y de tendencia permanente del
capitalismo desde mediados de los 70, con su problema congénito de la
tendencia a la caída de la tasa de ganancia (1) en las actividades
industriales, comerciales y de servicios, se compensa esto impulsando la
aplicación, en todo el mundo capitalista, de medidas gubernamentales
que, básicamente, permitan la libertad absoluta para la circulación de
los capitales y la repatriación de sus beneficios, favorezcan la
especulación financiera como forma de redistribuir renta mundial en
favor de los monopolios y aumenten la explotación de la fuerza de
trabajo mediante la flexibilización laboral y la baja de salarios, para
sostener la tasa de ganancia.
El proyecto industrialista o populista interesa objetivamente
a la clase asalariada (activa y pasiva), a los sectores burgueses
vinculados al mercado interno (especialmente a la industria, a las
economías regionales y particularmente las PYMES) y a vastos sectores de
capas medias. Realza el rol central del Estado, como regulador y
mediante su intervención directa o indirecta en áreas estratégicas, como
la energía y los servicios públicos. Básicamente, impulsa la protección
del mercado interno y la industrialización con aliento a la demanda,
mediante la aplicación de regulaciones económicas sobre la tasa de
interés, el tipo de cambio, la compra-venta de divisas, el comercio
exterior, la fijación de precios, y otras medidas regulatorias. Todo lo
cual conlleva aumentar la ocupación, el salario (estimulando las
paritarias), las jubilaciones, las asignaciones familiares, la ayuda
social a los sectores más necesitados, invertir en salud pública,
educación pública y ciencia y tecnología e impulsar la obra pública.
Para ello se requiere, entre otras medidas, percibir impuestos de los
sectores de mayores ingresos, como ser impuestos más progresivos a las
ganancias, a las rentas financieras especulativas, a las importaciones
de bienes de lujo, a las grandes riquezas, a la herencia, la aplicación
de retenciones a las exportaciones agropecuarias (como forma de impuesto
a la renta de la tierra que perciben los terratenientes). Un asunto
importante, que por ejemplo se verificó con el gobierno anterior, es que
el aumento de los ingresos de los sectores populares aumenta la demanda
y, como consecuencia, la actividad económica y con ello aumenta la
recaudación fiscal, generándose así un círculo virtuoso.
La historia de nuestro país permite evaluar el resultado de la aplicación de esos dos proyectos.
El proyecto neoliberal siempre terminó produciendo caída de la
actividad económica, sobre todo la industrial, cierre de empresas,
particularmente PYMES, aumento del desempleo, caída en términos reales
de los ingresos fijos, incremento de la pobreza y la indigencia,
especulación financiera, alto endeudamiento externo y crisis.
Precisamente en eso estamos con el actual gobierno, donde de lejos los
principales ganadores son las empresas financieras, en su gran mayoría
internacionales (bancos, fondos de inversión, etc.) que aprovechan las
espectaculares rentas que producen las “bicicletas financieras” que arma
el gobierno con sus políticas.
El proyecto industrialista,
populista o keynesiano, generó todo lo contrario y el ejemplo más
reciente fueron los gobiernos kirchneristas, donde se duplicó la
actividad económica, destacándose la industrial, se crearon decenas de
miles de PYMES en todas las actividades, se generaron tres millones de
puestos de trabajo, los salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones
familiares y planes de asistencia social crecieron en términos reales,
se realizó una importante obra pública, destacándose en educación y
salud pública y, cosa muy notable, todo esto se hizo desendeudando
drásticamente al país.
Claro que si ahora viniera un gobierno
que defienda los intereses de los sectores populares, se encontraría con
una extraordinariamente pesada herencia. No solo por la recesión
económica, la desindustrialización, el desempleo y la mucha mayor
pobreza e indigencia, sino por el grave endeudamiento externo que dejará
como destacadísimo legado el actual gobierno, cuyo peor componente no
es tanto la importante deuda con el sector privado internacional sino
nada menos que con el FMI. Si con el sector privado se podría intentar
imponer una restructuración de la deuda externa a la Nestor Kirchner
(que logró el record mundial de una quita de capital del 75%), con el
FMI no se puede hacer más que renegociar la deuda de la mejor manera que
se pueda, porque negar el pago o intentar imponerle una determinada
reestructuración significaría someterse a sanciones económicas de
EE.UU., la Unión Europea y Japón, nada menos.
Otro asunto con el
que debería lidiar un futuro gobierno popular es que si, como habría
que hacer, se declara la emergencia social, se aumentan los ingresos de
la clase asalariada, activa y pasiva y la ayuda estatal a los más
necesitados, se ayuda a las PYMES con créditos a tasas subsidiadas, se
subsidian los servicios y otras medidas reactivantes de la economía, si
se quiere evitar que ante un brusco aumento de la demanda los
oligopolios formadores de precios desencadenen un aumento acelerado de
precios, simultáneamente habría que intentar implementar un acuerdo económico social,
con participación del Estado, las Cámaras Empresarias y los sindicatos,
para acordar salarios, tarifas, impuestos, tasas de ganancias y, sobre
todo, precios.
En efecto, una de las mentiras predilectas de los
grupos oligopólicos y sus economistas y periodistas portavoces, es que
en nuestro país la inflación se debe exclusivamente a la emisión
monetaria, cuando en una economía de desarrollo medio y oligopolizada,
como la nuestra, se debe fundamentalmente a que, aprovechando que los
oligopolios no tienen competencia, aumentan sistemáticamente los precios
por encima del aumento de sus costos y, como sus bienes y servicios
entran como costos en el resto de la economía, generan inflación. Eso
explica porque a pesar de sus políticas ortodoxas neoliberales el
gobierno actual generó una inflación anual del 47,6% en el 2018, ¡¡la
mayor de los últimos 27 años!!
Si se intenta solucionar el
problema abriendo la economía, liberando las importaciones, la industria
argentina no resiste esto y se produce cierre de empresas, desempleo
masivo y crisis.
Para un eventual próximo gobierno popular,
lograr un acuerdo económico social presentará seguramente muchas
dificultades, pero resultará indispensable intentarlo. Es fundamental
para su éxito que los asalariados se involucren activamente en el
control del cumplimiento por parte del sector empresario del eventual
acuerdo, haciéndolo en las propias empresas donde trabajan, tanto en
cuanto a que no se aumenten los precios por encima del aumento de los
costos, como en cuanto a la gestión de stocks para evitar
desabastecimiento.
Hay una experiencia parcial en cuanto a hacer
acuerdos económico-sociales con el gobierno anterior, ya que hizo
acuerdos con empresas por los denominados “precios cuidados”, que
ayudaron a mantener una inflación alrededor del 20% anual, a pesar de
que los salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y ayuda social,
estuvieron casi siempre por encima de la inflación y que se aumentaba
anualmente la inversión social, particularmente en educación y salud
públicas.
En cuanto a política exterior, hay gran diferencia
entre ambos proyectos, ya que mientras el neoliberal se alinea con los
intereses geopolíticos y económicos de los EE.UU. y sus aliados de la
OTAN, el proyecto popular propicia el multilateralismo, la independencia
en política exterior y la no intervención en los asuntos internos de
otros países.
Otra diferencia de gran importancia se refiere al
tema de la justicia, lo cual tiene intrínsecamente que ver con la
democracia, ya que el neoliberalismo está demostrando que utiliza su
clara hegemonía en los poderes judiciales de los países para hacer cosas
como encarcelar opositores políticos, en los países donde gobierna este
sistema, acusándolos de cualquier delito, manteniéndolos presos
mientras se buscan pruebas, es decir sin condena, como viene sucediendo
en nuestro país durante el gobierno de Cambiemos. Peor aún, cuando no se
logran pruebas los jueces pueden condenar a los acusados basándose en
lo que denominan “íntima convicción” de que se han cometido los delitos,
como increíblemente sucedió con Lula en Brasil. Contrariamente a estos
métodos aberrantes, un gobierno popular debería convocar a una reforma constitucional,
que democratice la justicia, incorpore los derechos sociales en la
Constitución y, entre otras cosas, obligue a los jueces a someterse
periódicamente a concursos de oposición y antecedentes, para evitar que
constituyan verdaderos feudos, como ocurre ahora en tantos casos.
Otro asunto de gran importancia es el tema de los medios de
comunicación. Mientras el neoliberalismo favorece su concentración en
manos de los grupos oligopólicos, como ha hecho el gobierno de
Cambiemos, el proyecto popular impulsa el pluralismo y la
democratización de los medios, mediante leyes que impongan su
desmonopolización. Un próximo gobierno popular debería, como mínimo,
derogar el decreto de Macri que eliminó artículos fundamentales de la
ley de medios votada de manera ampliamente mayoritaria por el Congreso
durante el gobierno anterior y cuya constitucionalidad, es bueno
recordar, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Para
los oligopolios, la combinación entre la corporación mediática que les
pertenece y el poder judicial donde tienen una clara hegemonía, es el
arma principal con que impulsan las ideas neoliberales, la
descalificación de proyectos alternativos, la difamación y persecución
judicial de sus opositores y, de esa manera, la formación de “sentido
común” en la población, sobre todo en el sector más permeable a ello que
son las capas medias (2).
Debido a las clases y capas sociales
que están detrás de cada uno de estos proyectos, el popular se basa en
la solidaridad y la cooperación social, mientras que el neoliberal se
basa en el individualismo, la meritocracia y el egoísmo social.
De todas maneras, suponiendo que se imponga un frente político que
aplique el proyecto popular, cosa que apoyo pues significaría una gran
mejora en las condiciones concretas de vida del pueblo, quien esto
escribe tiene la convicción de que mientras el capitalismo no sea
generalizadamente reemplazado por un sistema de carácter social
cualitativamente más elevado, nuestro país continuará sufriendo las
consecuencias de la profunda crisis económica, social, política,
institucional, ecológica, cultural y moral en la que está inmerso el
sistema capitalista. El período histórico de reemplazo del capitalismo
empezó con la revolución rusa de 1917 y su estado actual encuentra a
China, uno de los países que se reclama socialista, como la mayor
economía del mundo, según el Banco Mundial que compara en términos de
PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), creciendo mucho más que los países
capitalistas centrales, desarrollando exponencialmente la ciencia y la
tecnología y elevando permanentemente el nivel de vida de su pueblo. En
eso estamos.
Notas:
Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas políticos y económicos, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
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