Nicaragua
| Alianza Cívica abandona mesa y luego vuelve a sentarse. Irreductibles del caos en pugna interna reviven el cadáver de la Unión Azul y Blanco y piden más sanciones internacionales |
El domingo 10 de marzo,
la Alianza cívica por la justicia y la democracia, Acjd, que se ha
autoproclamado representante de diferentes sectores de la sociedad
nicaragüense, anunció
que abandonaría la mesa de negociación hasta tanto el gobierno no
brinde "muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la
crisis" iniciada en abril de 2018.
Para la oposición esto
significa libertad de “presos políticos”, cese de la represión y los
secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales
para el tratamiento de los “presos políticos” y cese del hostigamiento a
los familiares de los detenidos".
La decisión llegó menos de 24
horas después de que la Conferencia episcopal de Nicaragua rechazara la
invitación hecha por el gobierno y la misma oposición al Cardenal
Leopoldo Brenes, para que acompañara la negociación, junto al Nuncio
apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a un representante de la
iglesia evangélica.
El papel de la jerarquía católica
La
jerarquía católica nicaragüense aclaró en un comunicado que “deben ser
los laicos los que asumen directamente la responsabilidad de gestionar
en este momento las cosas temporales de la nación”.
Una decisión
que, lejos de significar la voluntad de los obispos de distanciarse de
la negociación para “acompañar como pastores estos momentos cruciales de
la patria”, dedicándose “a la oración y al ministerio de la palabra”,
parece más que nada ocultar una fuerte irritación por no haber sido
ratificados en el rol protagónico de mediadores, desempeñado el año
pasado en el marco del primer desastroso proceso de diálogo.
En
aquella ocasión, los obispos se polarizaron a favor de una de las partes
- la Alianza Cívica - y trataron de imponer al gobierno una agenda
(road map) que rozaba peligrosamente con la constitución, desvirtuando
en su esencia los principios de imparcialidad y neutralidad que son
propios del papel de un mediador.
Además, avalaron abiertamente
el levantamiento de tranques (barricadas) en todo el país como medida de
presión contra el gobierno. Una ‘herramienta’ que muy pronto fue
convirtiéndose en instrumento y lugar de violencia, chantaje y muerte.
De
esta manera, la conferencia episcopal contribuyó de manera determinante
al fracaso de aquel intento de buscar una salida negociada y pacífica a
la crisis que ha dejado un saldo dramático de víctimas y ha dividido
aún más la sociedad.
El abandono de la mesa por parte de la
Alianza Cívica estaba en contradicción también con el anuncio hecho por
la Organización de Estados Americanos, Oea, de querer enviar a Luis
Ángel Rosadilla como delegado del secretario general Almagro y garante
internacional de la negociación. De igual manera chocaba con la apertura
mostrada pocas horas antes por el gobierno.
En un comunicado del
9 de marzo, el gobierno aceptaba incluir en la agenda de la negociación
los principales puntos propuestos por la oposición, entre otros, el
fortalecimiento de las instituciones electorales para tener en Nicaragua
elecciones libres, justas y transparentes”; justicia y reparación para
las víctimas; liberación de personas detenidas en el contexto de hechos
delictivos acontecidos el año pasado que aún no han sido juzgados, y
revisión de expedientes de los que ya tienen sentencia condenatoria.
También
pidió realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a
la implementación de los acuerdos finales de la negociación, al tiempo
que hizo un llamado a la comunidad internacional a suspender toda
sanción en contra del pueblo nicaragüense.
La decisión tomada por
la Alianza Cívica el pasado domingo parece responder principalmente a
presiones internas de los sectores más radicales de la coalición.
Aquellos
que el año pasado echaron más leña al fuego promoviendo el
levantamiento de barricadas en todo el país, boicoteando de manera
sistemática cualquier avance en la búsqueda de una salida pacífica a la
crisis, buscando como imponer una ruptura del orden constitucional a
través de la renuncia inmediata y sin condiciones del gobierno y todas
las instituciones, la instalación de un supuesto “gobierno de
transición”, y el llamado a elecciones generales irrespetando los plazos
previstos por la ley electoral y la Carta Magna.
Esos mismos
que inundaron las redes sociales -con el apoyo de medios
‘independientes’ y medios ‘mainstream’- con mentiras y verdades a
medias, polarizando aún más la sociedad y alimentando un ambiente de
intolerancia, enfrentamiento y violencia. La pérdida progresiva e
incontenible de consenso en la sociedad nicaragüense, sumado a la casi
inexistente capacidad de convocatoria y movilización, obliga estos
sectores a aferrarse a la presión internacional y a una crisis económica
inducida para obligar el gobierno sandinista a capitular.
Pero ¿qué hay de real en el mantra cotidiano de los irreductibles del caos?
Contrastando información
El tercer informe
de la Comisión (parlamentaria) de la verdad, justicia y paz (CVJP) dice
que "tras un proceso riguroso de investigación, análisis y
verificación" se determinó que el número de personas fallecidas en el
marco de la crisis socio-política del año pasado asciende a 253, en su
mayoría hombres (243) y menores de 35 años (175). Del total de muertes,
220 se encuentran directamente relacionadas al conflicto, 27 en fuego
cruzado y 6 de forma indirecta.
Al menos 9 nombres retomados de
listas publicadas por organismos de derechos humanos, incluso el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, no
existen. También hay una diferencia de 14 fallecidos entre las dos
listas (CVJP y GIEI/OEA).
Otro dato importante, que desmonta en
parte de la teoría de la "masacre de opositores pacíficos y desarmados"
planteada por grupos de oposición, organizaciones internacionales de
derechos humanos y retomada por la OEA y la OACNUDH, es que del total de
fallecidos, 31 pertenecen a "grupos autoconvocados", 48 tienen supuesta
afiliación sandinista, 22 son policías y para los restantes 152 no hay
información cierta
140 personas fallecieron a consecuencia de los
tranques levantados por los grupos de oposición, 31 en protestas por la
reforma de la Seguridad Social, 27 en fuego cruzado, 13 fueron
asesinados (causas ajenas a la protesta) y 11 resguardando bienes
públicos y privados.
El 56% de las muertes (141) ocurrió entre
mayo y junio de 2018, al anunciarse la instalación de la Mesa de Diálogo
y al multiplicarse los tranques “como forma de coacción contra el
gobierno”.
La inmensa mayoría de fallecidos eran obreros (60),
trabajadores por cuenta propia (57) y desempleados (40). También
fallecieron 7 estudiantes de secundaria y 8 estudiantes universitarios.
Ese
último dato -8 estudiantes fallecidos- contradice la postura de los
medios 'mainstream' y los 'medios independientes' de la oposición, que
durante meses han posicionado nacional e internacionalmente la 'noticia'
de que en Nicaragua hubo un gigantesco levantamiento estudiantil
“pacífico, autoconvocado y desarmado”, que luego fue reprimido con
violencia por las fuerzas policiales y paramilitares, provocando una
“masacre de estudiantes”.
La CVJP detectó también la presencia en
las principales cárceles del país de 438 privados de libertad en el
contexto de los hechos violentos del 2018. Nuevas visitas realizadas en
enero del nuevo año confirmaron que 76 personas ya fueron declaradas no
culpables, quedando un total de 362 privados de libertad. "Ninguno
presentaba evidencia de lesiones corporales, y ninguno expresó haber
sido objeto de torturas, tratos crueles o inhumanos", se lee en el
informe de la comisión parlamentaria.
Suma casi 28 millones de
dólares el valor de los daños ocasionados por las “protestas pacíficas” a
instituciones, propiedades y edificios públicos en el 55% de los
municipios (84 de un total de 153).
A pesar de las repetidas
solicitudes, ninguna de las organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales que han visitado y han organizado misiones
en Nicaragua quiso reunirse con la CVJP para cotejar datos, cifras,
nombres y apellidos de fallecidos y heridos.
Ninguna de las
denuncias de militantes o simpatizantes sandinistas que sufrieron
secuestros, torturas, vejaciones, tratos inhumanos durante la crisis
fueron tomadas en cuenta, ni citadas en los voluminosos informes sobre
los derechos humanos en Nicaragua publicados por dichas organizaciones.
Esos
mismos informes que luego sirvieron de base para imponer sanciones
internacionales contra el gobierno nicaragüense y algunos de sus
funcionarios.
“Todo o nada”
Para crear un ambiente
de diálogo, a finales de febrero fueron otorgadas medidas alternativas a
la detención a más de cien privados de libertad acusados de diferentes
delitos en el marco de los enfrentamientos del año pasado.
Una
oposición cada vez más conflictiva y dividida, que carece de arraigo
popular, representatividad y legitimidad, tuvo que dar marcha atrás y
sentarse nuevamente a la mesa de negociación.
La decisión fue
tomada la noche del 13 de marzo, tras dos largas jornadas de reuniones
con delegados del gobierno, el nuncio apostólico y el enviado especial
de la Oea. Entre los acuerdos alcanzados destaca el compromiso del
gobierno de liberar a “un núcleo apreciable de personas que permanecen
detenidas a raíz de los hechos acaecidos a partir de abril de 2018”. El
acuerdo fue cumplido este 15 de marzo, otorgando medidas alternativas a
la detención a 50 privados de libertad.
La decisión de la
Alianza Cívica de volver a la mesa de negociación desencadenó la
reacción de los sectores más radicales de la oposición.
Algunas
siglas que integran un no muy bien definido ‘movimiento estudiantil’
(las filas en estos días fuera de las universidades donde miles de
estudiantes se matriculan para el próximo año académico, arrojan serias
dudas sobre la representatividad de supuestos dirigentes estudiantiles
que, dentro y fuera de Nicaragua, hablan en nombre de miles de
coetáneos) y de una aún menos definida articulación de movimientos
sociales y sociedad civil, decidieron apartarse de la negociación y
revivir el cadáver de la Unidad Azul y Blanco, llamando a una
movilización para este sábado 16 de marzo. Ya lo vimos el año pasado.
Es cuento viejo. Cada vez que se le daba una oportunidad a la paz, los
sectores opositores más radicales, sin representatividad y sin un
proyecto alternativo de país, boicoteaban el proceso capitalizando
políticamente la crisis. ¿Otra vez nos tocará asistir a autoataques,
heridos y muertos?
Y mientras, entre obstáculos que a menudo
parecen insormontables y un interminable tira y afloja, las partes
sentadas en la mesa de negociación buscan como devolverle a Nicaragua la
paz y la tranquilidad -que no quiere decir olvido e impunidad sino
justicia verdadera y reparación para todas las víctimas- los
irreductibles del “todo o nada” eligen el camino más fácil del
enfrentamiento prolongado, del odio, de la ruptura del orden
constitucional y de la injerencia internacional, venga de donde venga.
Lamentablemente son muchos los que todavía les creen.
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