Honduras
Alba Sud
La
península de Zacate Grande concentra numerosos conflictos entre
comunidades y empresarios y familias acaudaladas, que les han despojado
de las tierras donde vivían desde hace décadas, para aprovechar el nuevo
impulso de la zona en los sectores energético, minero, turístico y de
infraestructuras.
Desde
hace años, la península de Zacate Grande, departamento de Valle, al sur
de Honduras, está en el ojo del huracán. La antigua isla, que en la
década de los 70 fue unida a tierra firme a través de la construcción de
una carretera, está rodeada por tres lados por el Golfo de Fonseca.
La
península cuenta con 11 comunidades [1] donde habitan un poco más de
1000 familias que viven principalmente de agricultura y pesca, y tienen
escaso acceso a servicio básicos y a trabajos remunerados. Aunque no
posean el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace décadas,
las familias tienen posesión efectiva de dichos inmuebles [2].
La
ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es
parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca”
(PNMAGF) [3], que en 1999 fue declarado como un área natural protegida e
integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Además, en estos lugares se instalará la primera Zona de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo
(charter city). Se trata de espacios territoriales con condiciones
especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar
actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes
del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política
fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán
establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.
No
es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país,
corporaciones y grupos económicos nacionales, terratenientes y empresas
transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aquí
donde el gobierno pretende implementar un plan estratégico de
‘desarrollo’, a través de inversiones multimillonarias en el sector
energético, minero, turístico y en infraestructuras.
Tragando playas
A
finales de los años 90, las familias de las comunidades y caseríos de
Zacate Grande comenzaron a ser notificadas que las tierras donde vivían
les pertenecían a empresarios, familias acaudaladas, terratenientes. En
contubernio con un cada vez más desacreditado sistema judicial, estos
sujetos fueron adueñándose de las mejores tierras y playas. Buena parte
de la costa ya resulta inaccesible a la población.
Algunos, como
es el caso del ya fallecido empresario palmero Miguel Facussé Barjum,
hasta levantaron largos y altos muros para que nadie tuviese acceso a
sus nuevas propiedades vacacionales, cuidadosamente protegidas por
guardias armados. Son los miembros del “Club del Coyolito”, como le
llaman los habitantes de la zona a ese grupo de ‘ricos y famosos’ que
hacen y deshacen a su antojo.
La persistente amenaza de perder lo
poco que tienen motivó a varias familias a organizarse para resistir
los embates de la invasión. Fue así que en el año 2000 crearon el
Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que
luego se estructuró en la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
(ADEPZA). En el 2010 se creó la radio comunitaria La Voz de Zacate
Grande, uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de la
península en defensa del territorio, la tierra, la playas y el mar.
La
respuesta al esfuerzo organizativo de las comunidades no se hizo
esperar. Comenzaron las amenazas, el hostigamiento, la persecución. El
territorio fue militarizado y la lucha criminalizada. Decenas de
activistas de la ADEPZA fueron demandados por usurpación de tierra y
daños a la propiedad. Ejército y policía llevaron a cabo desalojos
violentos y en diversas ocasiones los pobladores fueron agredidos,
golpeados, heridos y detenidos.
Una de las estrategias adoptadas
por los ‘nuevos dueños’ fue dividir a las comunidades y romper la unidad
interna. Eso debilitó a la organización. También hubo atentados contra
la vida. En el 2011, el entonces director de la radio, Franklin
Meléndez, fue herido de bala en una pierna.
Meses después, Pedro Canales, antiguo coordinador de ADEPZA, sufrió un
sabotaje a su vehículo y fue amenazado con armas de fuego. Varios
jóvenes comprometidos con la defensa de la tierra tuvieron que abandonar
sus comunidades, como es el caso de Miguel Ángel Vásquez, quien fue
amenazado, perseguido, encarcelado, sufrió atentados y finalmente tuvo que auto exiliarse.
En
la zona se generó un ambiente de terror. La gente vivía con miedo de
que, en cualquier momento, uniformados pudiesen llegar a sacarlos de sus
casas, encarcelarlos o hasta asesinarlos.
Criminalizar la lucha
Según el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra
[4], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD),
en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesados
judicialmente. La mayoría de esos casos remontan al período sucesivo al
golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. ADEPZA
registra al menos 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.
El
caso de Abel Pérez y Santos Hernández, del caserío Puerto Sierra, es un
claro ejemplo de la represión que están sufriendo los pobladores. En
agosto del año pasado, la Sala Dos del Tribunal de Sentencia de
Choluteca los condenó a 5 años y un mes de prisión por usurpación de
tierra, daños a la propiedad y amenaza constitutiva de falta en
perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva. Otro acusado de los
delitos fue Santos Tomás Cruz, quien finalmente quedó absuelto.
Ambos
son miembros de ADEPZA y Abel Pérez también es parte de la Red de
Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que acompaña al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la defensa de los dos activistas.
El
conflicto remonta a 2014, cuando unas 45 familias del dicho caserío,
colindante con la comunidad de Playa Blanca, decidieron limpiar un
predio abandonado que históricamente había servido como camino de paso
para los habitantes. El terreno servía también para vehículos
comerciales que llegaban a abastecer el lugar con productos alimentares o
material de construcción.
La situación económica de las familias
de la zona es muy precaria y las personas sobreviven de la agricultura y
la pesca. Para complementar los escasos ingresos, las familias
decidieron acondicionar el predio como estacionamiento para las personas
que, durante las vacaciones de Semana Santa, iban a visitar las playas.
En efecto, tras el ‘cierre’ de playa Guayaba Dorada y playa La Gaviota
–el acceso fue ilegalmente prohibido por empresarios y terratenientes
instalados en la zona– la playa de la comunidad de Playa Blanca iba a
ser un importante atractivo turístico para los veraneantes de estos.
“Los
turistas que llegan a la playa no tienen donde dejar el vehículo.
Pensamos entonces que para promover el turismo podíamos limpiar el
predio y crear un parqueo comunitario. Nos juntamos un representante por
cada una de las 45 familias y comenzamos a trabajar. Todo el caserío se
involucró y la ADEPZA nos apoyó con la alimentación. Trabajamos durante
un año y hasta tuvimos que mover grandes rocas y hacer un relleno con
piedras y tierra. Finalmente llegó Semana Santa [de 2014], inauguramos
el parqueo y nos organizamos para atraer a los turistas”, dijo Abel
Pérez a Alba Sud.
El primer año no llegó mucha gente, pero la
población de Puerto Sierra siguió cuidando el lugar. Al año siguiente
hubo mucha más presencia de veraneantes y las cosas iban bien para las
humildes familias del lugar. Desafortunadamente Cassis Leiva decidió
demandar a los ‘tres cabecillas’ por haber usurpado y ocasionado daños a
su terreno.
Cárcel y castigo
A
los imputados se les concedieron medidas sustitutivas a la prisión,
como firmar cada 15 días en el juzgado de Amapala en la isla del Tigre,
no salir del país, no acercarse al predio, ni al demandante. Pero Abel
Pérez y Santos Hernández no tenían las capacidades económicas para
asistir regularmente a firmar a Amapala. Además, fueron acusados por
personas de la comunidad de Playa Blanca afines al terrateniente de
haber llegado al predio. Todo eso hizo que el juez revocara las medidas y
ordenara su encarcelamiento.
“Cuando las personas vieron lo que
nos estaban haciendo se asustaron. La mayoría de las familias se retiró
del proyecto. Cassis nos usó para sentar un precedente e infundir miedo
en la comunidad. Pero hay familias que resistimos y no nos dejamos
atemorizar. En 2016 y 2017 la afluencia de turistas fue grande y nos
ayudó muchísimo. Todo lo que recaudamos con el parqueo se reparte en
partes iguales entre las familias”, explicó Santos Hernández.
Los
dos pescadores guardaron prisión durante más de 100 días. En agosto de
2017 fueron sentenciados a 5 años y un mes. De inmediato los abogados
presentaron un recurso de Casación y están esperando la audiencia
pública.
“Fue injusto lo que nos hicieron. No tenemos un empleo
fijo y con costo llegamos a ganar unos 100 lempiras diario (4 dólares).
Una familia de 5 o 6 personas no sobrevive con esa cantidad. Se nos
hacía imposible viajar dos veces al mes hasta el juzgado de Amapala,
pero no les importó. Fueron casi cuatro meses de infierno. Calor
insoportable, hacinamiento, hostigamiento continuo. Fue una experiencia
demasiado grande para ambos y nos cuesta quitárnosla de encima. Ni
quiero pensar que pasaría si nos vuelven a encerrar”, dijo preocupado
Pérez.
“Vivir aquí no es fácil. Estamos rodeados de
terratenientes. Sólo queríamos aprovechar las playas y el turismo para
mejorar un poco nuestra condición económica. El turismo debe ser
incluyente, para que las familias que vivimos aquí podamos aprovechar de
las bellezas naturales. Los ricos se están adueñando de todo.
Privatizan las playas, amenazan a quien se acerca, no permiten que la
gente transite por estos lugares. No es justo y es ilegal, pero a nadie
le importa. El sistema de justicia prefiere mirar para otro lado y
ensañarse contra los más débiles”, concluyó Hernández.
Más criminalización
Un sistema de justicia que hasta podría llevarlos nuevamente a la cárcel
después de que el Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala decidiera
aceptar la solicitud del Ministerio Público de ampliar el requerimiento
fiscal en contra de dos mujeres (Oneyda Cárdenas Flores y Jessica Cruz
Cárcamo) y un hombre (Jacinto Hernández Cruz), todos pobladores de
Puerto Sierra acusados por el mismo Cassis Leiva de daños a la propiedad
y agresión física, involucrando en el caso propio a Abel Pérez, Santos
Hernández y a otra pobladora (María Concepción Hernández) por los
supuestos delitos de daños continuados y agravados, y girando orden de
captura.
Notas:
[1] Jocote, Coyolito, El Zope, Playa
Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto
Grande, La Flor, Novillo.
[2] Artículo 717 del Código Civil de Honduras. La posesión efectiva es equivalente a decir que tienen dominio útil del inmueble.
[3]
Integrado por 13 islas: Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote,
Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo,
Los Pájaros, Zacate Grande.
[4] El estudio de CESPAD sirvió de rferencia para enfocar el contexto del reportaje
Este
artículo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una
eina d'Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de
Educación para la Justicia Global 2017.
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