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Juan Orlando Hernandez
está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el
exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de
narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en
un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a
través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”.
También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a
los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con
el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.
Tras la detención, Juan
Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su
familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras
nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es
que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de
creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony
Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a
laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera
criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el
transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de
cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al
menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas
actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar
hondureña, y por ende del Presidente?
De lo que no cabe duda es
de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes
señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces
Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber
participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony.
Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero,
recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron
500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que
posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a
aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera
deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber
nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la
DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e
incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco
Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados
Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre
de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA
en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al
parecer con ayuda de altos mandos policiales.
Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones
de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su
momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue
capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón,
unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel
Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba
ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez
para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño
con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que
el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria
Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).
Si
aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede
alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta
del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su
total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial
del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony
se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso
pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de
la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora),
que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la
justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan
Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez
contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado
en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La
justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos
señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En
concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha
procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con
el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en
Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una
prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con
celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo
ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada
en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta
es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma
que la ley es igual para todos?
Pero los señalamientos que
afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony.
En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra
hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso
accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de
Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como
acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el
abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la
punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de
diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas
presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama
era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto
fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los
presidentes Hernández y Lobo.
Pero el involucramiento de los
actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá
de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio
Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por
narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel
Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su
organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que
incluso se celebró una
fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que
participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas,
junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también
acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los
últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras,
Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes
diputados nacionalistas.
En el nivel local el narcotráfico y el
Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el
caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe
de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente
está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que
todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La
hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual
alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso
(Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional
(fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa
Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es
gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional.
Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a
realizar una aparición pública en la última campaña electoral para
apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que
apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de
Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó
contratos de obra pública a los Cachiros.
Como se ve, los
vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en
todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse
sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo
de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la
sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira
alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las
declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten
contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la
independencia de Honduras.
La Honduras posterior al golpe de
Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la
llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder
en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie
de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la
violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco
desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron
campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se
dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la
Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de
las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se
había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió
profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró
presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia
constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado
en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y
caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el
fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30
personas asesinadas. La misión de observación electoral de la
Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los
comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida.
En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente
percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo
incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder,
con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.
Javier San Vicente Maeztu es activista en defensa de los derechos humanos
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