Perú
Nueva Sociedad
Keiko Fujimori se
encuentra en prisión preventiva por una causa que la involucra en el
caso Odebrecht. Continuadora de los legados de su padre, el
ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko parece haber caído en desgracia.
Sin embargo, el poder de su espacio político está lejos de haberse
desactivado. Las redes de una vieja corporación política siguen activas
en Perú.
Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, está en prisión
preventiva desde fines de octubre en el marco de una investigación
fiscal por lavado de activos. La hija del ex-presidente Alberto Fujimori
habría recibido 1.200.000 dólares de la contabilidad paralela de
Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011. Además, otros
seis fujimoristas –sus principales asesores y falsos aportantes– cumplen
órdenes de arresto por tres años, pero los abogados las han apelado y
un par de ellos ha escapado. Sin embargo, el fujimorismo como agrupación
política y como seña de identidad no se ha terminado. Los fujimoristas
influyen en diversas esferas del poder en Perú, pero esto podría variar
en unos años.
Fuerza Popular es la formación política que,
contando con mayoría parlamentaria, en julio de 2016 le declaró la
guerra al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y le impidió
gobernar. Luego hizo lo mismo con su sucesor Martín Vizcarra, quien
asumió en marzo de este año tras la dimisión de Kuczynski .
En
el Congreso, el fujimorismo mantiene su poder, tanto en la Mesa
Directiva –que decide qué proyectos e informes entran en la agenda– como
en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del
Parlamento. En ese grupo de trabajo, la oposición ha archivado
denuncias por infracción constitucional contra varios congresistas
«keikistas», como Héctor Becerril. Pero además bloquea, ya por cinco
meses, los informes y debates de acusación constitucional del fiscal de
la Nación, Pedro Chávarry; de los miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura y de otros jueces y fiscales a quienes se les debería
retirar el fuero para que fueran investigados penalmente por su
pertenencia a la red de corrupción del sistema de justicia llamada
Cuellos Blancos del Puerto.
La prensa y un fiscal provincial han
revelado nexos entre la lideresa del fujimorismo y miembros de su
partido con esa red de corrupción que dirigió un juez supremo
recientemente destituido, César Hinostroza. En marzo de este año, la
hija mayor de Alberto Fujimori consultó con ese magistrado un pedido de
casación (revisión) que él tendría a su cargo en la Corte Suprema: la
ex-candidata presidencial quería evitar que la investigación fiscal por
los fondos ilícitos de su campaña en 2011 continuara bajo la Ley de
Crimen Organizado, que extiende los tiempos de pesquisa.
Sin
embargo, la acumulación de las revelaciones de corrupción en el sistema
de justicia –basadas en audios de conversaciones entre fiscales, jueces,
empresarios, consejeros de la Magistratura y políticos– generó una gran
indignación pública, expresada en las calles y en las encuestas, y así
el presidente Vizcarra decidió sumarse al mensaje anticorrupción.
Convocó al Congreso para que debata la suspensión de los corruptos
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que colocaban,
removían o ratificaban jueces de acuerdo con la conveniencia de la mafia
comandada por Hinostroza.
Luego, también por la presión
ciudadana, el Legislativo tuvo que votar por la destitución de ese
magistrado y el levantamiento del fuero. Pocos días después, pese a que
estaba vigente una orden de impedimento de salida del país, Hinostroza
escapó de Perú por la frontera norte gracias a una funcionaria de
Migraciones vinculada a un congresista fujimorista. Hoy está detenido en
Madrid, donde ha solicitado asilo. Perú ha tramitado su extradición.
Antes de que Keiko Fujimori fuera detenida prisión, el medio
IDL-Reporteros reveló sus conversaciones en Telegram con miembros del
comité político de su partido, que son además integrantes de la bancada
fujimorista en el Congreso. En uno de los mensajes, ordenaba respaldar y
blindar al fiscal general Chávarry –pese a los pedidos de las juntas de
fiscales, líderes de opinión y la calle de que dejara el cargo por su
aparición en los audios de la corrupción–. Una de las parlamentarias
fujimoristas añadía que la permanencia de Chávarry era «una cuestión de
supervivencia», y así sigue siendo.
Si el fujimorismo no tramita
las cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal general, este se
mantendrá en el puesto. Y el procurador anticorrupción y el presidente
del Poder Judicial reclaman que más de una docena de jueces y fiscales
vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto siguen en sus oficinas: ya
sea porque el fiscal general no los suspende o porque el Parlamento no
debate las denuncias por infracción constitucional.
Otras esferas de poder
El fujimorismo no solo sigue obstaculizando la lucha anticorrupción en
el Parlamento y en la cabeza del Ministerio Público. Dos directores del
Banco Central de Reserva del Perú pertenecen a ese sector político: uno
de ellos, José Chlimper, fue ministro del Gobierno de Alberto Fujimori y
luego jefe de campaña de Keiko Fujimori y, después, secretario general
de Fuerza Popular.
En octubre, el fiscal que investiga a Keiko
Fujimori por blanqueo de capitales reveló en una audiencia que Chlimper
entregó, en la campaña electoral de 2011, 210.000 dólares en efectivo a
la principal radio noticiosa de Perú –con la que existía una deuda por
publicidad– para que volviera a emitir los spots de Fuerza 2011. La
hipótesis del fiscal de lavado de activos es que esos fondos podrían ser
parte de la suma de 1.200.000 dólares de la contabilidad paralela de
Odebrecht o caja dos entregada en 2011.
Luego de la revelación,
Chlimper renunció al cargo de secretario general del partido. Cabe
recordar que asumió esa función en 2016, en reemplazo del financista
fujimorista Joaquín Ramírez, debido a que un reportaje reveló que este
era investigado por la DEA. El presidente del Banco Central, sin
embargo, no se ha incomodado con el hecho de que el director del ente
que fija la política monetaria del país haya hecho una transacción
irregular por ese monto en efectivo. Solo a mediados de noviembre
sugirió que Chlimper tendrá que esclarecer lo ocurrido.
Por otro
lado, el presidente del principal gremio empresarial, la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), cuestionó
las órdenes de detención preliminar en el marco de la investigación por
lavado de activos. «Por supuesto que me pronuncio en contra de la
prisión preventiva de Keiko y de todos los señores que están siendo
enjuiciados», comentó en una entrevista en televisión a inicios de
noviembre.
Roque Benavides dijo que hay otras medidas, como los
grilletes electrónicos, para evitar un riesgo de fuga, pero no tomó en
cuenta que el fiscal solicitó la prisión preventiva para evitar el
riesgo procesal, es decir, la desaparición de más pruebas, la
intimidación de más testigos o la coordinación de versiones entre los
imputados. Benavides fue también el presidente de ese gremio en la
década de 1990 y tuvo una excelente relación con el autócrata Fujimori.
Aunque esta columna no agota todos los espacios donde el fujimorismo
aún despliega su poder, otros actores importantes están en los medios de
comunicación y en sectores conservadores del catolicismo y de los
evangélicos.
El principal diario capitalino, El Comercio, es
dirigido por un economista que simpatiza abiertamente con Fuerza Popular
y con Keiko Fujimori. En la principal radio de noticias, la que recibió
los miles de dólares en efectivo en 2011, varios de los principales
conductores de programas periodísticos critican a los fiscales que
investigan a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos y suelen
desinformar acerca de los hechos relacionados con la pesquisa. Es común
que, cuando piden al público llamar por teléfono para que opine sobre
los hechos del día, corten más rápidamente la comunicación con un
antifujimorista. En televisión abierta y de cable, ATV opera como el
espacio más leal a los fujimoristas y a sus abogados, aunque en
Frecuencia Latina también hay periodistas que privilegian los intereses
del «keikismo» o del «albertismo», según la coyuntura.
Fuerza
Popular vive un momento de emergencia, con la lideresa en prisión,
mientras sus decenas de congresistas transitan entre el ejercicio
autoritario del poder que les queda y el pedido de diálogo con el
Ejecutivo. En diciembre, un referéndum propuesto por Vizcarra puede
acabar con la reelección de congresistas y es posible entonces que tales
rostros del fujimorismo no reaparezcan en la Plaza Bolívar de Lima,
pero quizá se reinventen en otras funciones o vientres de alquiler en
los próximos años.
El que no se podrá reinventar es el
ex-presidente aprista Alan García, de quien hay pruebas de pagos que
recibió de la contabilidad paralela de Odebrecht tan pronto dejó el
cargo en 2012. El político era investigado por tráfico de influencias,
pero a raíz de nueva documentación entregada por la constructora
brasileña, el fiscal Pérez amplió la pesquisa a cohecho y lavado de
activos y por ello pidió una orden de arraigo en Perú, ya que el líder
del Partido Aprista vive en Madrid. El juez la otorgó; García dijo que
no era un castigo quedarse en su país para aportar «contrapruebas», pero
cinco horas después pidió asilo en la Embajada de Uruguay en Lima.
Desde el domingo 18 de noviembre, ciudadanos van cada día a manifestarse
contra el otorgamiento del asilo. García pidió en 1992 asilo en
Colombia, cuando enfrentó cargos por corrupción durante su primer
gobierno. Volvió a Perú cuando estos prescribieron en 2001. Uno de los
libros más vendidos en el país se llama Historia de la corrupción, de
Alfonso Quiroz; no solo lo citan los jueces en sus resoluciones, sino
que los manifestantes lo muestran afuera de la residencia diplomática
uruguaya.
Keiko Fujimori y García se suman así a otros políticos
investigados por sus tratos ilegales con Odebrecht: Alejandro Toledo,
Susana Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Pedro Pablo Kuczynski.
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